El Gobierno canario busca de dónde sacar la financiación para complementar las prestaciones que reciben los trabajadores que están en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la crisis de la pandemia. Actualmente hay unos 87.000 personas en Canarias incluidas en este tipo de expedientes y los sindicatos han emplazado al Ejecutivo a que arbitre una paga complementaria para aquellos trabajadores que ni siquiera cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) debido a los bajos sueldos y porque la reducción media del salario al estar en ERTE es de un 30%.

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, asegura que la intención es la de resolver primero algunas cuestiones técnicas antes de dar el paso pero sí garantizó que esta ayuda se aprobará. Primero se tendrá que determinar de dónde sacar los fondos para derivarlos a este tipo de ayudas y, por otro lado, buscar un mecanismo jurídico y legal adecuado para dar eficacia a la tramitación y concesión. “El Gobierno tomará una decisión pero tendremos que resolver primero estas cuestiones técnicas para poder adoptar un acuerdo”, señaló Pérez.

Los sindicatos habían calculado recientemente que la partida podría ser de unos 30 millones de euros, pero la misma estaría condicionada por el número de trabajadores en ERTE y aquellos que estén en situación de mayor vulnerabilidad por encontrarse con una prestación inferior al SMI. Los sindicatos recuerdan que la paga complementaria a los ERTE está incluida en el Plan Reactiva.

En este sentido, Julio Pérez advirtió que el Gobierno estará atento al final del estado de alarma anunciado por el Estado a partir de 9 de mayo para “no perder los escudos económicos y sociales que se derivan del estado de alarma”. El portavoz del Ejecutivo hizo mención específica a los ERTE y a medidas sociales que ampara esta situación como son los alquileres y desahucios.

Mientras existe el compromiso del Ministerio de Trabajo de prolongar la vigencia de los ERTE, Pérez sí advirtió que “hay otras medidas que tienen que ver con los alquileres o los desahucios de los que debemos estar atentos para que no haya una reducción de la protección económica y social que se deriva de la desaparición del estado de alarma”.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a subvenciones y transferencias por más de 10 millones de euros destinadas a empleo y fomento de la actividad económica. El Servicio Canario de Empleo (SCE) recibirá 3,3 millones para potenciar las líneas del Plan Integral de Empleo, mientras que patronales, sindicatos, cámaras de comercio y universidades recibirán unos siete millones de euros en diferentes subvenciones.