El PSOE se va a quedar solo finamente en su intento de tumbar muchas de las conclusiones sobre las causas y responsabilidades en el accidente del vuelo JK5022, en agosto de 2008 con el resultado de 154 muertos y 18 heridos, incluidas en el borrador de dictamen de la Comisión de investigación abierta en el Congreso. En ellas se señala a la entonces cúpula socialista del Ministerio de Fomento, encabezada por su ministra, Magdalena Álvarez, como responsable política del “fallo sistémico” que condujo al siniestro y una deficitaria gestión del mismo, al tiempo que se aprecian posibles “conductas negligentes” que inducen a remitir a la Fiscalía General del Estado el contenido de la investigación llevada a cabo por la Comisión, que preside la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita.

El borrador de dictamen redactado por ella misma, que ha tenido muy presente las reclamaciones que ha venido haciendo la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que preside Pilar Vera, parece tener el visto bueno inicial de la mayoría de los grupos parlamentarios a juzgar por las escasas enmiendas presentadas al mismo. Ni el PP, ni Unidas Podemos, los dos grupos, junto a ERC, que determinarían en su caso las mayorías necesarias en la Comisión para aprobar o rechazar enmiendas o las propias conclusiones finales, registraron ayer textos alternativos al elaborado por Pita, aunque los populares señalaron que estudiarán todos los que se presenten para su posible apoyo a los mismos. El PP rechaza así sumarse al PSOE en su intentó de tirar abajo una parte sustancial del dictamen, sobre todo los que se refieren al señalamiento de las responsabilidades políticas y a la remisión de las conclusiones a la Fiscalía.

Otros grupos han declinado también presentar enmiendas, como es el caso de NC, o las que han registrado no cuestionan los aspectos del dictamen que pretenden eliminar o modificar los socialistas. Cs ha presentado seis y el PNV sólo una, mientras que ERC, asumiendo buena parte del texto propuesto, ha registrado uno alternativo con modificaciones que en la mayoría de los casos amplían la petición de responsabilidades. Vox también ha presentado una enmienda que afecta a distintos puntos del dictamen pero sin cuestionarlo.

Las 22 enmiendas del PSOE suponen de facto un rechazo casi total a la letra y al espíritu del dictamen elaborado por Pita tanto en la parte relacionada con las causas y circunstancias del accidente y de la gestión del mismo, como en la de recomendaciones para evitar en el futuro accidentes como ese, o en la estructura institucional de investigación de futuros accidentes en el ámbito del transporte o adopción de medidas par a mejorar la seguridad aérea en España.

Pese a todo, se mantiene el debate abierto entre los grupos parlamentarios sobre los límites de la Comisión para señalar de forma directa y personal responsabilidades, tal como sucede al incluir el dictamen una lista de 17 personas de los distintos organismos dependientes de Fomento, como AENA, el aeropuerto de Madrid-Barajas, los responsables de la Comisión de Oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (CIAIAC), de la Agencia de Seguridad Aérea, o de directivos de las empresas relacionadas con el avión siniestrado, Spanair y Boeing. En todo caso, los grupos, salvo el PSOE, evitan en sus enmiendas cuestionar la iniciativa que al respecto toma la presidenta de la Comisión en su borrador de texto y aplazan al momento de las votaciones su posición final.

Los socialistas alegan, aunque no lo especifican en los texto de sus enmiendas, que el borrador del dictamen podría ser en sí mismo irregular por incluir una lista nominativa respecto de la petición de responsabilidades y por no asumir la sentencia del Tribunal Constitucional que limita las funciones de las comisiones parlamentarias de investigación. Esa sentencia señala que “las conclusiones que las Cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados”. Dicha sentencia se produjo en diciembre de 2018 con motivo de un recurso de uno de los investigados por el accidente del metro de Valencia en julio de 2006, en el que murieron 43 personas, y en referencia al dictamen aprobado por las Cortes Valencianas responsabilizando a cerca de una decena de personas entre cargos políticos de la Generalitat valenciana y técnicos de la empresa gestora del metro. El PSOE considera que el señalamiento de personas concretas no es admisible en el marco de los trabajos parlamentarios que se han desarrollado en el Congreso, y rechaza la capacidad de los diputados para trasladar las conclusiones a la Fiscalía para una posible reapertura de la investigación.

Así las cosas, parece difícil que la Comisión pueda alcanzar un documento final de pleno consenso como se pretendía y ahora todo dependerá de las negociaciones antes de la votación de las enmiendas en su próxima reunión de la tercera semana de abril.

Una de las cuestiones sobre la que inciden la mayoría de los grupos que han presentado enmiendas es la relacionada con la negativa del fabricante del avión, la compañía Boeing, a facilitar determinados datos técnicos sobre el modelo siniestrado, el MD82, del que se han registrado fallos similares en otros aeropuertos del mundo, al que produjo el accidente de Spanair. El PNV, en su única enmienda presentada, propone “recomendar al Gobierno adoptar cualquier iniciativa conducente a la exigibilidad de información técnica, cuando sea requerida por el legislador en el ejercicio de funciones investigadoras de accidentes con víctimas múltiples, a cualquier operador de cualquier forma de transportes de viajeros”.