Un informe firmado por la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Emilia Casas concluye que las administraciones públicas deben hacer fijos a las decenas de miles de trabajadores públicos temporales que hay en España. En todo el país llegan hasta los 800.000, y alrededor de 27.000 está en Canarias, contando al Servicio Canario de la Salud y el personal docente; solo en la Administración General de la Comunidad Autónoma suman 3.000.

En el documento, encargado por los afectados a la consultora Ejaso, Casas señala la necesidad de abordar un cambio en la legislación para dar cabida a los mandamientos que emanan de la Unión Europea (UE). El resultado sería la estabilidad para esos miles de trabajadores.

Eso sí, la recomendación no contempla un incremento perpetuo de las plantillas públicas. La magistrada puntualiza que se trataría de “fijos a extinguir”. Es decir, a diferencia de las plazas para las que se convocan oposiciones (entre otros procesos), estos trabajadores no serían sustituidos. Con sus jubilaciones o salidas voluntarias se amortizarían su puesto.

La expresidenta del TC subraya la existencia de una directiva europea de 1999 que ya conminaba a los estados miembros a incluir en sus respectivos ordenamientos jurídicos sanciones “efectivas y disuasorias” para desterrar la tentación de abusar de la temporalidad. Han pasado 22 años y España aún no ha dado traslación a sus leyes de ese mandato.

Además, descarta la conversión de los trabajadores que demandan estabilidad en “indefinidos no fijos, pues siguen siendo empleados temporales, sujetos a una prueba de acceso, sin estabilidad”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), además, ya ha puesto una cruz gruesa y roja sobre dicha figura.

En la dura negociación para la conformación de un plan de rescate que ayude a superar la presente crisis a los estados miembros, se incluyeron exigencias a cambio de la recepción de fondos. Entre ellas, España se comprometió a eliminar la temporalidad en el empleo.