Solo un 8,5% de las empresas –menos de nueve de cada cien– ha solicitado las ayudas directas del Gobierno de Canarias. En el ecuador del plazo para pedir esta subvención extraordinaria, que expira el 8 de abril, 12.932 negocios han presentado la solicitud. En las Islas hay 152.756 empresas, de las que 95.000 operan en los sectores que el Ejecutivo considera subvencionables, la mayor parte en hostelería y turismo. Así pues, las entidades que ya han pedido la ayuda no solo representan una pequeña parte del tejido productivo regional, sino que también son un porcentaje menor –un 13,6%– de las potenciales beneficiarias.
La consejera de Economía, Elena Máñez, adelantó los datos en el Parlamento, que ayer encadenó la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad con un pleno ordinario para ver el decreto ley que regula la concesión de las ayudas a empresas. La Cámara convalidó el decreto del Gobierno por unanimidad, pero también con críticas.
Los partidos de la oposición –Coalición Canaria, PP y Ciudadanos– votaron a favor de la convalidación a regañadientes. Una vez más, los grupos del pacto de las flores –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera– impusieron su mayoría parlamentaria para evitar que el decreto se tramitara como proyecto de ley. No es la primera vez desde el estallido de la pandemia que los diputados del cuatripartito impiden que la Cámara haga aportaciones a un decreto del Ejecutivo. Algo que “deja mucho que desear de la actitud del Gobierno y de los grupos que lo apoyan”, según el portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán.
No obstante, los tres partidos de la oposición coinciden en que no es momento de poner palos en las ruedas. Por eso, a pesar del enfado por el rodillo de los grupos del Ejecutivo y a pesar de que entienden que las subvenciones llegan tarde y mal, nacionalistas, populares y ciudadanos acabaron por dar el sí al decreto ley. Aunque Máñez se esforzó en hacer ver que el decreto del Consejo de Gobierno es el mejor posible, no logró convencer a nadie en las bancadas de la oposición.
Barragán se mostró muy crítico con el sistema de reparto de las ayudas, o más bien con la inexistencia de un sistema de reparto. “Les dicen a las empresas que la que tenga hechos los trámites es la que recibe la ayuda, es decir, que se trata de ver quién corre más”, expuso el representante de CC, que está convencido de que el decreto se redactó “a trancas y barrancas”.
Un plan con el superávit
El diputado Fernando Enseñat, portavoz parlamentario del PP para los asuntos relacionados con la economía y las empresas, fue incluso más crítico que Barragán y afirmó que las ayudas –para las que el Gobierno ha reservado cerca de 84 millones de euros– “no van a salvar a nadie”. Enseñat le pidió al Ejecutivo que use el dinero del superávit de 2020 –entre 200 y 300 millones– para poner en práctica un “verdadero” plan de rescate. Además, se preguntó cuántos de los negocios que ya han cerrado sus puertas para siempre –alrededor de 16.000– se habrían salvado si las subvenciones se hubieran pagado meses antes.
“Podrían haber sido más espléndidos”, resumió Ricardo Fernández de la Puente, diputado del grupo mixto por Cs. El ayer portavoz del partido naranja dijo que los 84 millones que va a distribuir la Comunidad Autónoma palidecen ante los 700 millones de euros que destina la Junta de Andalucía.
La consejera de Economía, con el espaldarazo de los grupos que apoyan al Gobierno, defendió el carácter novedoso del decreto ley –avalado por el Consejo Consultivo– y afirmó que “no se puede ir más rápido” en la tramitación de las ayudas por los requisitos legales. En cualquier caso, Máñez garantizó que las primeras empresas cobrarán la próxima semana, si bien no precisó cuántas.
La socialista también recordó que el montante de las subvenciones, esos 84 millones de euros, puede incrementarse si es necesario. Para ello tendría que haber más demanda de la prevista, es decir, una cifra de solicitudes superior a la esperada, y de momento no es así. De las 153.000 empresas de la región, unas 58.000 no operan en los sectores subvencionables. Y de las restantes 95.000, según los cálculos del propio Gobierno, tan solo recibirán ayudas entre 15.000 y 18.000. Si se tiene en cuenta que de momento hay menos de 13.000 solicitudes y que no todas cumplirán los requisitos, los cálculos del Ejecutivo parecen acertados. En el mejor de los casos, el flotador del Gabinete autonómico no llegará a unas 77.000 empresas y negocios de trabajadores autónomos. Eso en los sectores subvencionables, porque en total serán unas 135.000 entidades las que se quedarán fuera de estas subvenciones.
Mauricio Roque, diputado del PSOE, puntualizó que las ayudas son compatibles con las del Estado, que ha reservado para las Islas algo más de mil millones de un total de 7.000 en subvenciones a fondo perdido. Roque, como también el portavoz de NC, Luis Campos, reconoció que los 84 millones de euros son insuficientes ante la gravedad de la crisis, pero agregó que ahora hay 84 millones para lo que antes “no había nada”.
Manuel Marrero, de Podemos, y Melodie Mendoza, de ASG, coincidieron en que las ayudas son un “balón de oxígeno” a las empresas.
Dudas en la patronal
En la patronal valoran el programa de ayudas pero existen dudas sobre la efectividad de la medida. Sobre todo por los meses que ha escogido el Ejecutivo para el cálculo de las pérdidas. Para poder cobrar la subvención, la pyme o el trabajador autónomo debe acreditar que su volumen de ventas cayó más de un 30% en el segundo semestre de 2020 en relación con los mismos meses de 2019. ¿Cuál es el problema? Pues que los negocios de las Islas sufrieron la mayor caída de la facturación en el primer semestre del año pasado, sobre todo de marzo a junio, los meses del confinamiento de la nación. Ahí son mayoría las empresas que pueden acreditar pérdidas superiores y hasta muy superiores al 30%, pero en el segundo semestre, pese a las medidas para contener el avance del virus, hubo cierta actividad, con lo que en muchos casos las pérdidas no superaron el 30%. Así que el bar que facturó un 29% menos en el segundo semestre se queda sin ayuda por más que en el primero vendiera un 90% menos.
