Los vecinos denuncian irregularidades en el campamento de Las Raíces

La denuncia, en representación de un “numeroso grupo de vecinos”, la formula José Carlos Cabrera, que ha sido uno de los vecinos que han intervenido como portavoces y que es conocido por haber sido jugador de baloncesto del Náutico y del Canarias, así como jefe de sección del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife. “Desde la fecha de apertura del recinto, a finales de enero del año en curso, hemos asistido a un cambio radical en la vida de este enclave vecinal diseminado, en el que residimos no más de 300 personas, con incidentes diarios y con una situación en el entorno del campamento, tanto en su interior como en el exterior, que, consideramos, vulnera gravemente algunos derechos, incluso humanos, de los migrantes acogidos en aquel, así como diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, alguna de las cuales resulta especialmente crucial en el contexto de pandemia en el que nos encontramos”, contextualiza, antes de entrar en la descripción de las presuntas irregularidades.

Siempre según la versión de los denunciantes, la organización del campamento mantiene “un número de ocupantes a todas luces sobredimensionado, distribuidos en casetas/carpas que acogen varias decenas de usuarios por noche, en las que se incumplen todas las medidas legales establecidas para atajar la pandemia”. Enumeran que “no existen grupos burbuja, a los migrantes no se le realizan pruebas PCR previas a su llegada al campamento, no se respetan medidas relativas al mantenimiento de distancias de seguridad en ningún momento, el uso de mascarillas es claramente insuficiente, siendo habitual su ausencia o su empleo incorrecto, aglomeraciones durante las colas de espera para acceder a la carpa comedor, así como en los espacios comunes del campamento”. Asimismo, el texto recoge que los inmigrantes se saltan “de forma reiterada el toque de queda” y deambulan por las fincas y caminos vecinales de la zona.

Se aborda a continuación “el hacinamiento y la mala alimentación” que han provocado protestas y manifestaciones multitudinarias de manera reiterada. Los vecinos consideran que “puede estar suponiendo un atentado contra los derechos humanos y fundamentales de las personas que residen en él, incluido el numero grupo de menores de edad que la propia ONG ha reconocido que residen en el mismo”.

El “campamento alternativo” situado en el exterior del “campamento oficial” es otro de los aspectos denunciados. Se recuerda que la actividad de acampada no solo es ilegal de manera habitual en lugares no habilitados para ello –“como esta zona a la que nos refereimos, que es un bien de dominio público, de titularidad del Ministerio de Defensa”, precisan–, sino que en este caso no se cumplen las medidas frente a la pandemia. También se denuncia la prohibición de que los migrantes “puedan viajar y circular libremente por todo el territorio nacional”.