La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informó este miércoles de que ha logrado en los tribunales que la empresa Alcor Seguridad sea condenada a pagar dos años de atrasos a los vigilantes del centro de internamiento educativo de menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares, en La Laguna.
El conflicto colectivo planteado por los delegados de la citada organización que integran el comité de empresa del mencionado recurso, representados por la abogada de los Servicios Jurídicos del sindicato, Nancy Dorta, fue resuelto el pasado 4 de marzo.
Frente a lo estipulado por el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad Privada, para la prestación del servicio de seguridad en el referido centro de menores, Alcor Seguridad procedió a negar la subrogación del contrato de 20 trabajadores que prestaban sus servicios con la anterior concesionaria y, en su lugar, incorporó a una veintena de nuevos empleados, a los que aplicó su propio convenio colectivo, según recuerda CSIF. De esa manera, a juicio de los representantes del sindicato, a los recién incorporados les redujo sus retribuciones salariales y aumentó el horario laboral.
Para los delegados de dicha organización, la empresa se garantizó una mayor rentabilidad a costa de la precariedad laboral de parte de su personal. La intervención de los tres delegados del CSIF se concretó en la interposición de una demanda ante el Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife.
En base a la sentencia conocida el pasado 4 de marzo, Alcor Seguridad "debe pagar a estos trabajadores los atrasos de dos años de sueldos, pagas extras y la diferencia en sus cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social", expone el sindicato.
Los delegados del CSIF recordaron que este conflicto, previo a la vía judicial, se puso en conocimiento de la anterior consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, la cual hizo caso omiso por haber procedido a su enjuiciamiento por la vía laboral.
