El proceso de transferencias de las nuevas competencias estatutarias a Canarias está varado y sin avances a la vista. Pese a las expectativas creadas a primeros de este mes por el Gobierno de Canarias, a raíz de la primera conversación entre el presidente regional, Ángel Víctor Torres, y el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que sustituyó en el cargo a Carolina Darias el pasado 27 de enero, el calendario con el Archipiélago está bloqueado. O, por ser más precisos, no hay tal calendario.

En una respuesta por escrito al senador de CC, Fernando Clavijo, el Ministerio se reconoce “dispuesto a abordar los traspasos que sean procedentes para contribuir al desarrollo estatutario de Canarias”, pero también asume que aún está pendiente de “establecer de común acuerdo” con el Ejecutivo canario “un calendario de trabajo y un cronograma para avanzar en la materia”. Es decir, que el proceso está aún en una fase muy preliminar. A de pasar aún tiempo para iniciar la negociación real y para la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, donde el Estado y la Comunidad Autónoma deberán formalizar los acuerdos sobre las condiciones y pormenores de los traspasos.

Inicialmente, Canarias pretende cerrar con el Estado la transferencia de tres de las doce nuevas competencias que recoge la reforma del Estatuto de finales de 2018: la gestión de costas, la tutela financiera de los ayuntamientos, y la promoción y defensa de la competencia, que incluiría la creación de un organismo autonómico similar a la Comisión Nacioanl de los Mercados y la Competencia. De ellas, la más importante y la que mayor dificultad ofrece para negociar con el Estado es la gestión del litoral, porque requiere de una acuerdos sobre los medios humanos, materiales y económicos que a asumir por la Comunidad Autónoma. Pero, sobre todo, establecer hasta dónde llega Canarias y hasta dónde el Estado en la servidumbre costera para que no haya solapamientos.

El Ejecutivo regional contaba con poder asumir la nueva competencia en costas antes de mediados de año, considerando que las otras dos en liza se podrían lograr de manera previa. Sin embargo, por la respuesta que el Ministerio ha remitido al Senado, y por la ausencia de nuevas comunicaciones de este departamento con el Gobierno regional, cabe deducir que el proceso puede alargarse más de lo previsto.

El Ejecutivo de Torres se aferra sin embargo al hecho de que Iceta le comunicara el pasado día 2 que se “abrían oficialmente los trámites” para el traspaso de esas competencias, y cree que, al dar este paso, se podría acelerar en cualquier momento el proceso negociador para cerrar las condiciones del traspaso. Cabe señalar en todo caso que la única de las tres competencias señaladas que requiere una verdadera negociación es la de la gestión del litoral, ya que las otras dos se limitan a que la propia Comunidad Autónoma cree los mecanismos y órganos necesarios para la aplicación efectiva de las mismas desde la administración autonómica.

En relación con la gestión de costas y para tratar de presionar a Iceta en la negociación, Torres trasladó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la actual responsable de esa competencia todavía estatal, el interés canario por acelerar el proceso, buscando una posición común de ambas partes para avanzar ante Política Territorial.

Clavijo, por su lado, considera que la respuesta que ha recibido de Iceta “demuestra la absoluta desidia de este Gobierno” al respecto y su nula intención de desarrollar el Estatuto. Cree que esa falta de voluntad política ya se dio durante la etapa de Carolina Darias como ministra responsables de Política Territorial, asegurando que “ha sido una ministra canaria que ha pasado sin pena ni gloria para Canarias en ese Ministerio”, y que se mantiene la misma actitud por parte del Miquel Iceta, “para el que Canarias nunca será una prioridad”.

El nacionalista, presidente regional en la pasada legislatura, recuerda que antes de la convocatoria de la reunión bilateral Canarias-Estado se debe llevar a cabo la negociación y un intenso y complejo trabajo técnico previo con los funcionarios de los ministerios que ceden esas nuevas competencias para establecer las condiciones del traspaso.

Clavijo contrasta este bloqueo en relación con el desarrollo del Estatuto de Canarias con el “acelerón” que se está dando al traspaso de competencias al País Vasco, en referencia al acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre Iceta y la consejera vasca de Autogobierno, Olatz Garamendi, para convocar en abril su Comisión Mixta de Transferencias y aprobar un paquete de transferencias entre las que se encuentran la gestión de las cárceles ubicadas en esa comunidad autónoma, además del traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV). También se traspasarán las de seguros, servicios privados de seguridad, meteorología, seguros agrarios, transporte por carretera, fondo de protección a la cinematografía, mercado de productos de pesca y cultivos marinos, paradores de turismo, asignación del ISBN y del ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones), y ordenación y gestión del litoral.

“La diferencia es evidente, el País Vasco tiene un Gobierno nacionalista y el PNV tiene cinco diputados, y en Canarias gobiernan los tuyos que agachan la cabeza y obedecen”, afirma.

“Una cosa es lo que el Gobierno de Canarias dice, y otra lo que responden los ministerios, y si no se ha iniciado ni siquiera un calendario de reuniones, no habrá transferencia ni antes de medio año, ni en muchos meses más”, afirma el senador, quien recuerda que la Comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta aprobó el 16 de noviembre una moción, apoyada por el PSOE, que instaba al Gobierno central a impulsar el desarrollo estatutario y a convocar “a la mayor brevedad posible” la Comisión Mixta de Transferencias para llevarlo a cabo. Hace un año CC solicitó la comparecencia de Darias en el Senado con esa misma finalidad; la ministra nunca lo hizo.