Todavía no está todo dicho para el pleno del Cabildo de Fuerteventura que votará el próximo día 11 al sucesor de Blas Acosta en la presidencia de la Corporación majorera. A los contactos a tres bandas entre CC, PSOE y PP existentes tras la dimisión de Acosta hay que sumar los resquicios legales que se están buscando entre juristas y algunos dirigentes nacionalistas y socialistas para dificultar el acceso de Sergio Lloret (AMF) a la presidencia de la institución insular tomando como base el precedente existente en el Cabildo de Lanzarote, que hace 16 años vivió una situación política similar.

Este ruido de estratagemas jurídicas por parte de los salientes del Cabildo está generando ya cierta desconfianza entre los nuevos socios que aspiran a gobernar la Corporación, sobre todo en Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) que ha pugnado desde el primer momento por la presidencia de la institución de la mano de Sergio Lloret, tras romper el pacto con el PSOE y Podemos. De hecho, la reciente solicitud de documentación por CC de Lanzarote al Cabildo conejero en relación con lo sucedido en 2005 ha generado cierto malestar en el partido que dirige la consejera y diputada regional Sandra Domínguez.

Los nacionalistas de Lanzarote, de la mano del expresidente Pedro San Ginés, han solicitado los informes del secretario del Cabildo y de la Junta Electoral Central (JEC) de ese momento ya que en ellos prevaleció una tesis diferente a la que se mantiene en la Corporación de Fuerteventura y es que ahora se permite la votación en el pleno entre los cabezas de lista para elegir al que obtenga más votos, mientras que hace 16 años el criterio era que el presidente tenía que ser el candidato de la lista más votada. En 2005 también dimitió el presidente –Francisco Cabrera del PP– que había sido designado tras una moción de censura. Además, CC también busca la sentencia emitida por un juzgado tras un recurso del PSOE y que falló que la elección de Inés Rojas (PIL) en aquel momento estuvo ajustada a derecho.

Desde la semana pasada circula por Fuerteventura la tesis de que la posible elección de Lloret podría ser impugnable a pesar de que la Junta Electoral dice ahora, tras una consulta elevada por el secretario, que asimila el Cabildo a la elección de los alcaldes en los ayuntamientos y abre la vía de la votación entre los candidatos de cada formación representada en el pleno y será presidente el que logre la mayoría absoluta. Este argumento cambia el criterio de hace 16 años en Lanzarote.

La JEC precisa que su cometido es interpretar lo estipulado en la ley del régimen electoral general y, en este sentido, hace extensible a los cabildos insulares el criterio fijado para los concejales de los ayuntamientos en el caso de que el alcalde dimita por su propia iniciativa y no por moción de censura o cuestión de confianza. Es en este aspecto donde la renuncia voluntaria de Blas Acosta antes de que se votara la censura ofrece otra dimensión a la elección de su sustituto ya que jurídicamente puede dar pie a una posible impugnación basándose en las sentencias judiciales existentes.

El informe de la Junta Electoral beneficia indirectamente a Coalición Canaria en dos aspectos: si en la votación ningún candidato logra la mayoría necesaria será elegido el de la lista más votada en las elecciones, es decir, CC. Asimismo, el organismo no pone impedimento para que la candidata nacionalista Lola García vuelva a optar a la presidencia porque fue desbancada por una moción de censura y no ha renunciado expresamente a seguir siendo cabeza de lista de su formación.

A este lío jurídico se añade que el PSOE majorero se ha ofrecido a no entorpecer una hipotética elección de Lola García para frustrar el acuerdo tripartito firmado para designar a Sergio Lloret o, en su caso, a Claudio Gutiérrez del PP. A seis días del pleno insular el ruido de sables se incrementa por momentos tanto en el plano político como en el jurídico porque no solo se juega el futuro inmediato del Cabildo de Fuerteventura, sino también el de varios ayuntamientos.