Las pruebas óseas que se están practicando a migrantes para la determinación de la edad demuestran que hay adultos en los recursos de menores. Al llegar a Canarias, los jóvenes con menos de 18 años pasan a ser tutelados por la Comunidad. Desde el Gobierno regional se calcula que unos 600 migrantes aproximadamente son mayores y dicen ser menores porque al arribar a las Islas optan por entrar en la red de protección del Ejecutivo canario, que se hace cargo de su custodia.

Pero esto es un problema para la Consejería de Derechos Sociales, que está desbordada por la masiva llegada de menores y, de hecho, ha tenido que alojarlos en hoteles del sur de Gran Canaria. Es más, el presupuesto de la Comunidad este año ya se ha consumido en febrero, solo en dos meses.

La Consejería indica que tienen a 2.036 presuntos menores sin determinación de la edad, aunque solo hay que radiar a unos 1.000 ya que creen que podría haber dudas razonables; el resto, son menores evidentes. Hay unos 300 perfiles de adultos que claramente son mayores y otros 300 aproximadamente que no se sabe bien si pueden estar en la franja de edad entre los 17 a los 20.

En las pruebas que se están haciendo a los presuntos menores se está demostrando la tesis de la Consejería de que hay mayores de edad que tienen que salir de estos recursos de menores. Si son adultos pasan a ser competencia del Estado. En este contexto, la Fiscalía de Extranjería ha determinado la mayoría de edad de 54 personas (26 en Tenerife y 28 en Gran Canaria) que estaban en los centros de menores y eran adultos, , indica la Consejería de Derechos Sociales.

El pasado 10 de febrero, a petición de la Consejería, tuvo lugar una reunión con la Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Extranjería, entidades colaboradoras que tienen la guarda delegada de los menores y la Consejería de Sanidad (representantes del Materno-Infantil), así como el Instituto de Medicina Legal para coordinar este proceso de pruebas óseas y agilizarlo, sobre todo, en Gran Canaria.

En esta isla se encontraba el mayor atasco por la cantidad de menores que han llegado a sus costas, porque no existe un protocolo para determinar la edad desde que llegan al muelle y si declaran que son menores se les manda a los centros, y porque el Covid ha retrasado estas pruebas. Desde la reunión se han agilizado las tomas óseas de “forma notable”, expone Derechos Sociales.

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, se quejó el pasado lunes en Bruselas de que Canarias necesita solidaridad y recursos para atender a lo menores. El Ejecutivo canario ha pedido además al Estado y a otras comunidades autónomas que sean corresponsables en la atención a estos menores. Han respondido nueve y solo para 177 plazas de los 2.658 menores que tutela Canarias. Las derivaciones comenzarán a partir del 10 de marzo. Cataluña es la más solidaria , con 43 plazas; Castilla León y Extremadura ofrecen 25 cada una; Cantabria y Galicia 20; Valencia 18; Asturias 16; Navarra 10 y Aragón unas 15. Falta cerrar reuniones con Castilla La Mancha y País Vasco. Ceuta, Melilla, Murcia, Andalucía, Madrid, La Rioja y Baleares no han mostrado predisposición.