La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, se sientan en el banquillo del Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria por el despido improcedente de su exempleada del hogar en julio de 2020, quien los denunció ante la Inspección de Trabajo por supuestos pagos en ‘b’ y mantenerla sin contrato laboral por varios meses.
El próximo lunes 15 de marzo se celebrará la vista oral del juicio contra ambos investigados, según han confirmado fuentes judiciales. Rosell y Sosa fueron denunciados por Simona Chambi el 24 de septiembre de 2020 en la Inspección de Trabajo. El abogado de la denunciante solicitó en ese momento ante la Seguridad Social que se examinara la relación contractual existente entre las partes, así como un procedimiento sancionador respecto a las cuotas que, supuestamente, no sufragaron en periodos concretos. También requirió que se investigase a Victoria Rosell y su pareja por la vulneración ocasionada, supuestamente, en la contratación de la demandante, un presunto fraude legal ante la Seguridad Social, así como la contratación ilegal, con las sanciones inherentes que conllevan estos hechos.
Según el expediente de vida laboral de la exempleada, la misma estuvo contratada en primer lugar por la delegada contra la Violencia de Género en un periodo comprendido del 24 de febrero de 2012 al 30 de noviembre de 2014 y por el periodista Carlos Sosa desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 16 de julio de 2020.
Los pagos en negro fueron realizados durante el 2015 según lo denunciado por Chambi, respecto los cuales sostuvo que recibió en efectivo y en transferencias durante los meses de enero, febrero, así como entre mayo y octubre, tiempo durante el que alegó haber trabajado sin contrato en esos periodos. Además, reseñó que Sosa la despidió vía WhatsApp el 26 de junio de 2020. En el mensaje le notificó el preaviso de la extinción del contrato que culminaba el 16 de julio de 2020.
