Desde el 10 de marzo y hasta el 8 de abril las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos (con o sin empleados al cargo) de los sectores afectados por la crisis que ha desatado la pandemia de coronavirus podrán solicitar ayudas a fondo perdido a la Administración autonómica. Tendrán que acreditar que sus ingresos cayeron más del 30% en el segundo semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. El Gobierno de las Islas calcula que se beneficiarán entre 15.000 y 18.000 negocios, que recibirán un máximo de 25.000 euros.
Así lo anunció ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien hizo especial hincapié en la minuciosidad con que se ha preparado el decreto ley, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno y que hoy publica el Boletín Oficial de Canarias (BOC). “Había que encontrar el mecanismo más rápido y con garantías legales para que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes las necesitan”, explicó.
La otra opción era acudir a la tramitación habitual, pero eso habría demorado durante meses la entrega del dinero. Algo que, según Torres, ya ha sucedido en “otras comunidades autónomas”, en las que “los administrados continúan esperando”. El jefe del Ejecutivo regional reconoció que algo similar ocurrió el pasado año en Canarias cuando se entregaron 95,3 millones de euros a los sectores más afectados por las restricciones que obligó poner en marcha el incremento del número de contagiados por Covid.
La suma total de este nuevo paquete de ayudas asciende a “85 millones de euros”, detalló el presidente, “ampliables” en función de las necesidades que se detecten. Además, con la ventaja de que añadir más dinero no supondrá el inicio de una nueva tramitación, sino que el decreto ya contempla la posibilidad del incremento. ¿Y de dónde sale esta suma? La intención del Ejecutivo canario es cargarla a los fondos aprobados por la Unión Europea para sacar del atolladero a los tejidos productivos de los países miembros, en concreto al Plan React-EU.
“Nosotros los adelantamos”, explicó Ángel Víctor Torres. Y eso no afecta al presupuesto de este año, ya que la vía adoptada por el Gobierno canario es la del endeudamiento, tal y como reveló hace unos meses el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Una línea de crédito permite a la arcas canarias engordar para afrontar estos pagos a pymes y autónomos, y la caja se cuadrará cuando llegue el dinero desde Bruselas.
Sectores beneficiarios
“Todos los sectores afectados por la pandemia”, señaló el presidente de Canarias, “podrán beneficiarse” de las ayudas. Y enumeró: “Industria, comercio, turismo, deporte, ocio, cultura, eventos...”, sin dar por cerrada ahí la lista. Optarán a los fondos en un proceso de “concurrencia no competitiva”, es decir, no se trata de presentar a la Administración la mejor oferta, sino que cada solicitud se estudiará de manera individual.
“Los datos son auditables, objetivos”, recalcó Ángel Víctor Torres. Tanto por el 30% de pérdida de ingresos a demostrar como por los costes que son susceptibles de merecer la colaboración del sector público: alquileres, cánones de uso de la propiedad intelectual, primas de seguros no sociales, luz agua y comunicaciones.
La intención es comenzar a hacer llegar el dinero a las pymes y autónomos incluso durante el periodo de 20 días hábiles en que estará abierta la recepción de solicitudes. En la gestión colaborarán las cámaras de comercio canarias, que percibirán por esa labor un millón de euros del total de 85.
De los 84 millones restantes, 18 irán a parar a autónomos que no tienen asalariados a su cargo y será el Servicio Canario de Empleo el que se haga cargo de la gestión. Los 66 millones restantes se los repartirán los trabajadores por cuenta propia que sí crean empleo y las pymes, y la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno canario será la que se encargue de tramitar. “Optar a estas no impide a las empresas acogerse a otras ayudas”, incidió el presidente autonómico. Eso sí deberán mantener la actividad durante seis meses a contar desde hoy.
Las estimaciones realizadas cifran en 1.063 euros la ayuda más pequeña y en los reseñados 25.000 la más elevada. La determinación exacta se realizará en base a tres parámetros. El primero de ellos será el cálculo de los gastos fijos en base a una referencia ya establecida mediante la recopilación de datos realizada durante las pasadas semanas.
Con los otros dos se valoran posibles incrementos de la cuantía en función del número de personas empleadas a tiempo completo y de la caída de la facturación. Cuantos más empleados (hasta diez) y más grande sea la pérdida de ingresos, más dinero recibirán los demandantes, que deben presentar una declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su caso, mutualidad profesional.
Torres señaló que estas ayudas se unen a los 236 millones de euros que suman el aplazamiento de deudas fiscales y del pago del primer trimestre del IGIC, decretados ya hace semanas. Para alcanzar los 400,8 millones de euros que comprometió en enero restan los 80 millones que supondrá el pago del IBI de los alojamientos turísticos y del que se hará cargo la comunidad autónoma.
Torres restó importancia al hecho de que no se haya incluido esta última medida en el decreto aprobado ayer. “Es algo que se paga en verano o a final de año, estamos trabajando para darle forma, pero no corre tanta prisa”, explicó y garantizó que los municipios contarán con esos ingresos.
