Una de las claves de la actual polémica sobre el destino de decenas de posibles menores que no quieren entrar en el campamento de acogida de Las Raíces con centenares de adultos está en que dichos adolescentes no comunicaron a la Policía Nacional que tenían menos de 18 años cuando descendieron de sus respectivos cayucos, según las fuentes consultadas de la Fiscalía. Eso supuestamente explica que agentes de la Brigada de Extranjería los derivaran a recursos para adultos. Y sus protestas se han hecho con posterioridad, una vez que ya estaban en los hoteles. Por el contrario, integrantes de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife manifestaron el pasado miércoles que los chicos sí dijeron que eran menores, pero que los policías no tuvieron en cuenta tal advertencia.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife espera en estos momentos para conocer la edad de más de 300 migrantes que alegan ser menores. En el 2020 se iniciaron 710 expedientes de este tipo y de estos todavía quedan más de 200 por resolver, en función de lo que determine la prueba ósea a cada varón que dice que tiene menos de 18 años. Y a dichos informes hay que añadir más de un centenar de personas en dicha situación que llegaron en cayucos o pateras a la provincia occidental en lo que va del 2021.

Hasta enero del presente año, el trámite para conocer la edad lo asumía la Fiscalía de Menores, pero, desde hace más de un mes, las gestiones han sido asumidas por la Sección de Extranjería del Ministerio Público. Según las personas consultadas, a los cuatro menores que evitaron entrar en el campamento de acogida de Las Raíces el miércoles no se les ha reconocido la minoría de edad, sino que se les ha iniciado el trámite para saber si son menores o no. Y, mientras tanto, se les ha derivado a un centro de acogida.

Ante las denuncias planteadas por la Asamblea de Apoyo a Migrantes, la Fiscalía ha solicitado una relación de posibles menores que están en espacios para mayores, con sus nombres, circunstancias y el lugar en el que se hallan. El retraso para conocer la edad de dichos jóvenes por la prueba ósea es de más de tres meses, según las mismas fuentes.

Los factores que influyen en la dilación del procedimiento son el importante número de migrantes sobre los que hay que conocer su edad, las medidas preventivas que se deben tomar ante la pandemia en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria y la limitación de medios en diferentes recursos públicos. Hace poco se conocieron los resultados del test efectuado a quienes dijeron ser menores y llegaron en un cayuco el pasado 17 de noviembre. En ese caso concreto, de los quince que afirmaron que no habían cumplido los 18 años, solo se confirmó la minoría de edad para uno.

Algunos migrantes explican que son menores, pero no aportan documento alguno. En otros casos, entregan papeles como pasaportes, cartas de identidad o partidas de nacimiento a la Fiscalía, que, a su vez, la remite a la Policía Científica de la Policía Nacional, que se encarga de determinar la autenticidad o no de la documentación. La validez de la misma está relacionada con que sea, por ejemplo, un documento original, mientras que pierde credibilidad que sean fotocopias o fotos de fotocopias, por ejemplo. El resultado de la prueba ósea en el Instituto de Medicina Legal y el informe de la validez de los papeles presentados se remite a la Fiscalía, que determina si el interesado es menor, por lo que irá a un centro de acogida, o bien si se trata de un adulto y se le inicia un proceso de devolución por su situación irregular en el país. Fuentes de la Fiscalía manifiestan que, en su labor, “lo primero es garantizar los derechos de los menores”.

La abogada especializada en migrantes Loueila Mint El Mami reconoce que, en los casos de menores no acompañados, pueden darse varios supuestos. El primero es el de aquellos que no dicen que son menores “por estar mal asesorados o por miedo a quedarse aquí y no seguir su ruta hacia la Península u otros países para reunirse con familiares”. Otra posibilidad, según la letrada, se produce con aquellos que presentan documentos a los que “la Fiscalía” puede dar credibilidad o no, en función de las características de los papeles. Según su criterio, la simpre presentación de los mismos debería ser suficiente para considerarlos menores. En opinión de Mint, también se da el caso de los adolescentes que carecen de pasaporte o cartas de identidad, por ejemplo, porque nunca los tuvieron en sus lugares de origen.

Esta abogada señala que se pueden dar circunstancias diversas entre adolescentes llegados a las Islas. “Hay un grupo pendiente de que se le haga la prueba ósea”, apunta. “También existe otro colectivo al que se le ha hecho la prueba y esta ha determinado que son mayores, aunque en realidad no lo son”, indica. Desde ese momento dejan de tener la protección del Gobierno canario, por lo que entran en centros gestionados por Cruz Roja o Accem, o bien quedan en la calle. Para Mint, la prueba ósea tiene un margen de error de un año o año y medio. Recuerda que es competencia de las ong hacer llegar la documentación de esos chicos que dicen ser menores al Ministerio Público.