El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que redoble la presión sobre las autoridades europeas para que accedan a mantener en suspenso las reglas fiscales en 2022. El jefe del Ejecutivo regional explicó ayer en el pleno del Parlamento que aparcar un año más la disciplina fiscal es fundamental para no comprometer la recuperación económica.
El Gabinete canario se alinea así con las comunidades autónomas –la mayoría– que ya han manifestado la necesidad de dejar en el congelador la regla de gasto y los objetivos de estabilidad y de deuda pública. La ministra de Hacienda anunció en septiembre la suspensión de las normas de disciplina fiscal para 2020 y 2021 de acuerdo con Bruselas. Se trataba de dar un respiro a los gobiernos de todo ámbito –estatal, regionales, insulares y locales– y garantizar así que tuvieran los fondos necesarios para paliar las consecuencias, tanto sociosanitarias como económicas, de la pandemia. Sin embargo, el golpe del coronavirus ha sido más duro de lo previsto, y ayuntamientos, cabildos, diputaciones y comunidades autónomas velan sus armas por si hay que pelear en Europa para librarse del corsé de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera al menos un año más.
En esta línea, Torres aprovechó la visita de Montero a las Islas la semana pasada –la ministra viajó a Gran Canaria para la toma de posesión del nuevo presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC)– para insistirle en la importancia de mantener abierto el paréntesis fiscal como poco hasta el cierre del próximo ejercicio.
La petición es que Canarias tenga libertad para endeudarse e incurrir en déficit –gastar más de lo que se ingresa– también en 2022, que “será el año de la verdadera recuperación económica”, aseguró Torres. Esto conllevaría, además, la suspensión de la regla de gasto, la tercera de las grandes normas fiscales junto con los objetivos de deuda y déficit. Este precepto limita el gasto de las autonomías –y de ayuntamientos y cabildos– hasta un máximo o un techo –de ahí que en ocasiones se hable también de techo de gasto– equivalente al crecimiento previsto del PIB a medio plazo. Y de ahí no se puede pasar con independencia de que las arcas públicas estén saneadas, como es el caso de Canarias, o tengan telarañas, como en Cataluña o la Comunidad Valenciana, por ejemplo.
No obstante, la última palabra no la tiene Madrid, sino Bruselas. Son las autoridades comunitarias las que en última instancia deben abrir la mano para que los Estados miembros puedan soltarse el cinturón. Y lo cierto es que el 31 de diciembre, si no media una prórroga, los países de la Unión Europea deberán volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo que España tendrá que reiniciar la ley de sostenibilidad y, en definitiva, se recuperarán los límites de deuda, déficit y gasto. El Ejecutivo isleño se vería así con menos margen para paliar la grave crisis socioeconómica que atraviesa el Archipiélago. Con menos margen para dar ayudas, para planes de rescate o para aplazamientos tributarios.
Todo lo anterior explica por qué Torres hizo ayer en la Cámara un llamamiento a la unidad política e institucional –desde el Gobierno central al más pequeño de los ayuntamientos– para presionar en Bruselas. “Hay que sumar esfuerzos”, apuntó el socialista, para convencer a Europa. En el Ejecutivo son conscientes de que volver antes de tiempo a la senda de la disciplina fiscal –que las autoridades comunitarias impusieron tras el crac financiero para contener los desmanes con la deuda y el déficit de determinados países, sobre todo los del sur, como España, Italia y Grecia– complicaría mucho la elaboración de los presupuestos públicos para 2022.
De hecho, Torres admitió que ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno regional habrían tenido muchos problemas para sacar adelante las cuentas para 2021 si Europa no hubiera abierto la mano. Los mismos problemas que habrá el próximo año si no se mantienen las reglas fiscales en el congelador: “Tendríamos dificultades para mantener el estado de bienestar, las subvenciones públicas y los gastos corrientes”.
Al margen de la respuesta a la pregunta del portavoz parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, sobre las reglas fiscales, Torres anunció que las ayudas directas a pymes y autónomos están al caer. El jefe del Gabinete autonómico afirmó que la aprobación del decreto ley para regular las subvenciones es “inminente”. Un decreto “modélico”, dijo, que servirá de referencia a las demás comunidades. En cualquier caso, Torres le concedió a la diputada del grupo mixto Vidina Espino que las ayudas son “insuficientes” ante la magnitud de la crisis, si bien puntualizó que su gobierno ha hecho el “máximo esfuerzo económico”, algo que es “indudable”.
Los 165 millones de euros de ayudas directas se dividen en 80 millones que se repartirán en función de las pérdidas que haya sufrido la empresa y 85 que sufragarán el recibo del IBI de los negocios del sector turístico.
