El Gobierno de Canarias explicó ayer que los cambios en la normativa sobre las ayudas a las entidades del llamado tercer sector –asociaciones, fundaciones, cooperativas sociales u organizaciones de inserción– están detrás de la tardanza en los pagos. El presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, no pudo concretar cuándo se abonarán las ayudas y se limitó a asegurar que se pagarán a lo largo de este año.

La respuesta del jefe del Gobierno regional en la sesión de control parlamentario no satisfizo al diputado y portavoz de la bancada de Coalición Canaria (CC), Pablo Rodríguez, que tiró de hemeroteca para recordar lo que el propio Torres dijo sobre la gestión de estos pagos cuando gobernaban los nacionalistas. En aquel momento, hace algo menos de dos años, el ahora presidente culpó al Gabinete que encabezaba Fernando Clavijo de que varias oenegés se quedaran fuera de las subvenciones. Y ayer el representante de CC no desaprovechó la ocasión para recordárselo. “Ahora son muchos más los colectivos que se quejan de poder quedarse fuera de estos fondos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Piensa usted igual que hace dos años?”, le preguntó Rodríguez a Torres.

Las ayudas al tercer sector se financian con cargo a la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El 0,7% de lo que la Administración ingresa por el IRPF se destina para estas ONG. El Gobierno quiere modificar los criterios de reparto desde este mismo año para que las grandes organizaciones nacionales e internacionales no acaparen la suma a repartir. Sin embargo, el proceso no está terminado, ni mucho menos, y el portavoz del grupo parlamentario de CC le reprochó al presidente que vayan a distribuir el dinero “a dedo”. “Muchos colectivos están en peligro de no poder continuar su actividad porque el Gobierno no establece un sistema de libre concurrencia, sino parece que quisiera dar estas ayudas a dedo”, expuso Rodríguez. Torres le contestó que los problemas se originaron antes de la llegada del actual Gobierno.

El dirigente autonómico pidió “tiempo” al Parlamento para poder solucionar el entuerto, si bien recordó que el Ejecutivo en minoría de CC fue incapaz de abonar las subvenciones en 2018. De hecho, el socialista expuso que los pagos se efectuaron tras tomar posesión su gobierno a mediados de 2019. Torres afirmó que en el área de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, de Podemos, se están buscando fórmulas para acelerar el pago. En todo caso, subrayó, “siempre se hará en el marco de la estricta legalidad”, aunque no adelantó si las ayudas finalmente se abonarán vía subvenciones directas o tras un proceso de competencia en el que cada oenegé aspirante presente sus proyectos, la llamada concurrencia competitiva.

Constitucional

Sea como sea, las explicaciones del presidente, que también aseguró que el montante de las ayudas se ha incrementado en dos millones de euros, no convenció al portavoz de CC. Pablo Rodríguez le preguntó a Torres si tenía en su agenda reunirse con los representantes del tercer sector y lo acusó de “infravalorar” su labor. “Que no puedan continuar con su trabajo sería una grave responsabilidad de su gestión”, advirtió el nacionalista.

La distribución de estos fondos ha estado cuestionada desde que el Tribunal Constitucional trasladara en 2017 la competencia en el reparto a las comunidades autónomas. En la convocatoria de 2018, hasta 134 entidades canarias no recibieron ni un euro; en la de 2019, a pesar de que contó con más dinero, este se agotó y quedaron fuera proyectos de organizaciones isleñas por 12,3 millones.