El grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha registrado este miércoles una proposición de ley para pedir el Estado que atienda las demandas que requiere el sector del plátano en las islas para proteger una actividad de la que viven más de 15.000 familias.

El portavoz de este grupo parlamentario, Casimiro Curbelo, recuerda en la iniciativa que este sector representa una masa salarial de más de 180 millones de euros y aporta a la economía canaria unos 485 millones de euros anuales.

La PNL solicita que la futura ley de la Cadena Alimentaria, que se encuentra aún en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados hasta el próximo 3 de marzo, recoja medidas esenciales para asegurar la sostenibilidad de esta actividad.

Entre otras cuestiones, las demandas del sector pasan por exceptuar a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias, lo que supone que quede exento de la fijación del precio mínimo de venta, entre otras medidas.

"Hablamos de un mercado fluctuante, por lo que debemos tener una mayor flexibilidad a la hora de fijar el precio en relación al momento en que va a venderse al por menor", ha explicado Curbelo en un comunicado.

Además ha destacado que se trata de un producto cuyo exclusivo mercado es el peninsular, mientras que para la banana se comercializa en todo el mundo, "por lo que no podemos limitar sus precios por su reducido mercado".

Curbelo señala en la nota que no es la primera vez que su grupo parlamentario aborda este asunto, y recuerda que el portavoz adjunto de ASG, Jesús Ramos, defendió el apoyo al sector en la pasada comisión de Agricultura en la Cámara regional y el senador de ASG, Fabián Chinea, también pidió un mayor esfuerzo y unión de todos los partidos para apoyar al sector en las islas.

La PNL también insta al cumplimiento con la normativa de la UE, con el objetivo de que se garantice un tratamiento particular como producción agrícola de una región ultraperiférica al Plátano de Canarias.

Curbelo opina en la nota que esto es de gran importancia, ya que la ley estatal debe recoger estas singularidades canarias derivadas de la lejanía, reducida superficie, aislamiento, orografía e incluso el clima, así como de nuestra dependencia económica y la necesidad de dinamizar la producción agrícola de las zonas rurales afectadas por el envejecimiento y por la despoblación.