Poco se parece la España actual a la de 1981, año marcado por el intento de golpe de Estado que escenificó en el Congreso de los Diputados el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el 23 de febrero. La esperanza de vida de los españoles ha aumentado, la media de edad de la población es mayor y ha abandonado el entorno rural para instalarse en las grandes ciudades. Pandemia de Covid-19 aparte, la economía del país ha pasado de tener un tejido empresarial diversificado a una estructura basada, sobre todo, en el sector servicios, especialmente en el turismo. Hace 40 años –cuando en las radios triunfaban temas como Another one bites the dust, de Queen, o No llores por mí Argentina, de Paloma San Basilio– un menú del día en un restaurante costaba 300 pesetas (1,80 euros) y el bono de guagua con diez viajes se podía comprar por solo 150 pesetas (0,90 euros).
Uno de los cambios sociales que ha experimentado España desde que se produjo el fallido golpe de Estado, es el aumento de la esperanza de vida de la población y la baja tasa de natalidad, que ha llevado a que la pirámide demográfica del país esté más envejecida. La edad media de los españoles se ha elevado más de una década, situándose en los 43,4 años frente a los 33,5 años de entonces, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La esperanza de vida en España se sitúa actualmente en los 83,6 años, mientras que a principios de los 80 era de 76 años. Este incremento se debe a la mejora de la calidad de vida y a los avances en la ciencia médica, por lo que la ciudadanía está alcanzando edades que antes eran impensables y ha aumentado significativamente el número de personas octogenarias. Sin embargo, la natalidad se ha visto drásticamente reducida debido a que en 1981 cada mujer tenía una media de 2,01 hijos, mientras que en la actualidad el promedio es de 1,34 hijos por fémina.
El país también ha sufrido un éxodo rural, con el progresivo abandono de las pequeñas poblaciones para instalarse en las grandes ciudades. Si hace cuarenta años el 26% de los españoles vivía en municipios rurales, el porcentaje ha caído en este tiempo hasta el 16%; cifra aún más baja en Canarias, donde es del 10%. Este proceso de urbanización responde a que las ciudades se han convertido en motor de crecimiento por su capacidad para atraer inversiones y trabajadores formados y porque ofrecen servicios que en los municipios pequeños no se pueden instalar por cuestiones de rentabilidad económica.
En 1981, la Encuesta de Población Activa (EPA) revelaba una tasa de desempleo del 15% –13,8% entre los hombres y 17,9% entre las mujeres–. Esta cifra ha fluctuado durante los últimos cuarenta años, pero en 2013 España llegó a contabilizar 6,2 millones de parados, lo que supuso el 26% de la población. El impacto de la pandemia de la Covid-19 en el mercado laboral ha llevado la tasa de desempleo a superar el 16%, más otras 750.000 personas que se encuentran protegidas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Ahora tenemos mucho más paro que entonces porque el modelo productivo ha cambiado”, apunta el catedrático en Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), José María Arribas. Quien señala que esto se debe a que hace cuarenta años “España contaba con mucha industria, pero se desmanteló en los 80 con la reconversión industrial y pasamos a ser una economía de servicios, fundamentalmente turística, lo que supone una debilidad absoluta para el país”.
El sector turístico aporta el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, tasa que se eleva hasta el 35% en el caso de Canarias, donde el turismo ha sido un motor de desarrollo económico. En 1981 llegaron a las Islas algo más de 2,5 millones de turistas y, desde entonces, la cifra no ha dejado de subir hasta marcar el récord de visitantes en 2017, cuando se rozaron los 16 millones de turistas. El economista Antonio Márquez –quien vivió el intento de golpe Estado del 23F como diputado de UCD por Las Palmas– señala que el turismo es una actividad económica “de autofagia”. “El Archipiélago no produce lo suficiente para mantener a los turistas que llegan y tenemos que importarlo de fuera; no hemos sido capaces de mantener un equilibrio entre el crecimiento turístico y la producción de lo que consume el turismo”, detalla Márquez y advierte que, de cara al futuro, las Islas deben “huir del monocultivo del sol” y recurrir a otras actividades económicas para buscar un crecimiento equilibrado.
La entrada de España en la Unión Europea (UE) en 1986, supuso un gran impulso económico para el país que, gracias a fondos europeos, pudo modernizar infraestructuras, construir carreteras, mejorar la conectividad e invertir en investigación y en la protección del medio ambiente. Además del apoyo financiero, la UE ha brindado a España herramientas para el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de los españoles. No obstante, como apunta Arribas, “Europa tiene sus normas y, para formar parte del club, España tiene que atenerse a sus reglas”. La Unión Europea sirve de freno jurídico para decisiones que toman los países miembros que no comulgan con el respeto de los derechos humanos o con los valores europeos como, por ejemplo, la libertad de expresión. “Si un juez decide encarcelar a alguien por quemar una foto del Rey o a un rapero por cantar canciones ofensivas hacia la monarquía, el caso terminará en la justicia europea”, alega el sociólogo.
Durante la Transición política de España no se impulsó una depuración de las fuerzas del régimen franquista, por lo que en la actualidad todavía perduran algunas estructuras de esa época. Arribas recuerda que “al día siguiente, la policía, el Ejército y los jueces siguieron siendo los mismos; y el Tribunal de Orden Público (TOP) –cuya función era la represión de conductas que bajo el régimen dictatorial eran consideradas como delitos políticos– pasó a llamarse Audiencia Nacional, pero conservaba los mismos jueces”. Y cuando el país pensaba que se había superado esa etapa oscura de la historia, ha surgido una formación política que considera al Gobierno democrático actual peor que la dictadura de Franco. “Se ha destapado una España solapada, a pesar de que creíamos que los protagonistas del régimen franquista habían desaparecido”, señala Arribas y recuerda que, el día que se trasladaron los restos del dictador desde El Escorial hasta el cementerio de Mingo Rubio, se pudo a ver entre sus defensores a personajes como Antonio Tejero, con el brazo en alto en claro saludo honorífico al dictador. Mientras que en otros países víctimas del fascismo como Alemania, el código penal prohíbe explícitamente la producción, distribución y exhibición de símbolos relacionados con el III Reich o que nieguen el Holocausto, castigados con penas de cárcel.
“El resurgir institucional de la extrema derecha tiene que ver con la precariedad de las condiciones de vida de la ciudadanía”, explica la profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna, Marta Jiménez. Quien considera que el discurso que se ha implantado de que la solución a los problemas sociales pasa por el individualismo y la competitividad, dando de lado a la cultura de la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la redistribución de la riqueza, “genera sensación de inseguridad en la ciudadanía y se convierte en el caldo de cultivo del fascismo”.
También ha cambiado considerablemente el papel de la mujer en España y es un fenómeno social imparable a escala internacional. En las últimas cuatro décadas, las mujeres han accedido plenamente al sistema educativo, aunque no tanto al mercado de trabajo. “Esto sienta las bases de una sociedad en la que las mujeres continúan desempeñando un papel de dependencia económica”, subraya Jiménez y destaca que todavía queda mucho camino en términos de corresponsabilidad en el seno familiar, para lo que “es imprescindible que las instituciones apoyen a las familias en los trabajos de cuidado”. La Ley de Dependencia es un avance importante, pero “su desarrollo en Canarias deja mucho que desear porque no hay plazas suficientes en los centros sociosanitarios ni en las escuelas públicas de Educación Infantil”, señala la socióloga. Quien aboga por mirar hacia la economía del cuidado y de sostenibilidad de la vida como vía para la generación de empleo y para el desarrollo del país.
Una conquista fundamental para las mujeres en los últimos años ha sido el reconocimiento de la existencia de la violencia de género. “En los 80 era el propio movimiento feminista el que tenía que ofrecer atención y protección a las mujeres porque las instituciones no reconocían este problema”, recuerda Jiménez, aunque lamenta que todavía quedan muchas dimensiones de la violencia de género sin atención y sin prevención.
La educación es uno de los indicadores sociales más importantes para evaluar el desarrollo de una región. Desde que se produjo el intento fallido de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981, España ha conseguido mejorar la tasa de alfabetización. Hace 40 años, el porcentaje de personas que no sabía leer ni escribir en el país era del 7%, mientras que en la actualidad ha descendido hasta el 1,5%. En Canarias, el índice de analfabetismo en el 81 era superior a la media nacional y alcanzaba el 8,3%; según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac) la cifra actualmente roza el 2%. En este tiempo se ha incrementado el número de plazas en el sistema educativo, la educación básica es obligatoria y gratuita hasta los 16 años y la propuesta de extenderla hasta la mayoría de edad surge de forma recurrente en el ámbito educativo. Si bien, la reducción de las ratios y el fracaso escolar son problemas todavía por resolver para mejorar la enseñanza en España. “Ahora tenemos unos estándares de educación muy correctos, aunque el sistema educativo no es bueno; los jóvenes investigadores que van a trabajar a otros países están a un nivel muy alto”, explica el sociólogo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), José María Arribas. En este sentido, Marta Jiménez, socióloga de la Universidad de La Laguna (ULL), alerta de que “en la última década, muchos jóvenes han tenido que emigrar y eso no es un síntoma de progreso sino de debilidad de la estructura económica”, ya que el Estado invierte en la preparación y especialización de personas a las que no les puede ofrecer un puesto de trabajo que se ajuste a su formación y ese talento termina por marcharse al extranjero o al paro. Para Jiménez, las redes sociales y las nuevas tecnologías, que han invadido el día a día de los españoles, son un instrumento perfecto para “evitar la censura”, pero hay un problema de base en su uso porque “no se forma a los jóvenes para que tengan un pensamiento crítico sobre la información que les llega a través de estas herramientas”.|
