Canarias busca por todos los medios respuestas efectivas a la crisis económica, social y migratoria que vive desde hace meses. Ayer lo planteó de una manera solemne y con matices de llamada de alarma el presidente regional, Ángel Víctor Torres, durante su comparecencia en la ponencia sobre Insularidad creada en el Senado, donde esbozó una situación insostenible para la sociedad isleña y donde reclamó de una vez por todas una mayor implicación del conjunto del Estado y de la propia UE. Aunque no pasó por alto e incidió de manera especial en las consecuencias económicas y sociales fruto de la pandemia sanitaria y su efecto sobre la principal industria regional, el turismo, Torres quiso contextualizar toda estas referencias a la crisis migratoria vivida desde el último año, con la llegada de casi 25.000 migrantes procedentes de África, porque, aseguró, eso condiciona toda la realidad de las Islas en estos momentos y en el futuro inmediato.
Por ello, el presidente lanzó una reclamación para que desde el Congreso y desde el Senado se articule un Pacto de Estado sobre la crisis migratoria en Canarias que debe implicar una mayor actuación del Gobierno central, pero también una clara voluntad de “solidaridad y responsabilidad” por parte del resto de las comunidades autónomas, a las que lanzó claras acusaciones de estar en la mayoría de los casos ajenas a la situación que viven las Islas y sin responder a la demanda para que acojan a parte de los 2.600 menores no acompañados que ahora tutela Canarias.
“Cuando un emigrante pisa suelo canario, está pisando suelo español y suelo europeo, por ello este fenómeno tiene que ser respondido por todos y por todos los Estados miembros de la UE”.
Ese pacto que demanda Torres debe asentarse sobre varios ejes básicos: inversión en los países de origen y tránsito de los migrantes, relaciones diplomáticas “que deben dar sus frutos”, acogimientos dignos para los que llegan a Canarias, derivación y tránsito reglado a la Península para evitar que las Islas se conviertan en un cárcel para los inmigrantes, y deportaciones en la medida de lo posible.
En concreto, recordó que sólo seis de las 17 comunidades autónomas “nos han dicho sí a acoger a menores no acompañados” y ello supondría una acogida solidaria de 120 menores. “Cumplirán 18 años y dejarán de estar tutelados y que por tanto esa realidad tiene que ser obligatoria y justamente compartida por el resto de las comunidades”. Recordó que es el Gobierno central “quien tienen que coordinarlo”, pero que “tiene que tener el visto bueno” del conjunto de las Autonomías. “Quedan diez por dar una respuesta solidaria y corresponsable”, se quejó.
Torres explicó a los senadores de la ponencia donde compareció que este mismo planteamiento lo defenderá dentro de unos días en su prevista intervención ante la UE para defender ese pacto sobre inmigración también en el ámbito europeo. “La UE, ante el nuevo Pacto de Asilo y Migración tiene que entender que no puede quedar la responsabilidad en los territorios limítrofes, en las zonas frontera, en Canarias o en España en su conjunto. Nos estamos jugando el presente y el futuro”, aseguró antes de lanzar una nueva advertencia sobre la respuesta que se dará en las Islas si no obtienen las respuestas demandadas, tanto al Estado como a la propia UE: “No lo vamos a aceptar, nos apondremos a que todo quede en una comunidad autónoma dentro de lo que es un conjunto de Estados que se llama UE, y un conjunto de Autonomías que se llama Estado, al que pertenece Canarias”.
Reparto justo de fondos
Torres hizo hincapié también ante la ponencia sobre Insularidad del Senado en la necesidad de que Canarias reciba atención especial en respuesta a la mayor repercusión social y económica de la pandemia sanitaria y su efecto sobre el turismo. Resaltó la paradoja de que Canarias haya sido la comunidad con mayor control de la pandemia y menor incidencia sanitaria, pero de peor efecto sobre su tejido productivo y economía. Recordó que el PIB canario depende en un 35% del turismo y que se ha sufrido un cero turístico sin precedentes desde marzo de 2020, y alertó de las consecuencias económicas más agudas del virus en las Islas por la mayor afección y restricciones en los países emisores. Por ese motivo, demandó que las ayudas desde la UE y España deben ser proporcionales a esos peores efectos, reflejados en datos como una caída del PIB del 20% (cuando la de España ha sido del 11%) o en el 25% de paro.
Recordó que el 10 % de los españoles en ERTE son de Canarias, más de 80.000 trabajadores isleños afectados. “Si hay una comunidad que exige, demanda y necesita de la ampliación y prórroga de los ERTE hasta que se recupere la economía es sin duda Canarias”, resaltó.
Además, exigió que se activen mecanismos para reflotar el turismo con fondos comunitarios, estatales y autonómicos. “Con los fondos de recuperación, con los planes estratégicos como el turismo, tiene que haber un reparto justo y acorde al daño social y económico que Canarias tiene”, insistió.
Clavijo: “Una oportunidad perdida”
El senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, lamentó ayer el contenido de la intervención del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la ponencia sobre Insularidad en el Senado al considerar que desaprovechó una clara ocasión “para exponer la situación del Archipiélago y reivindicar el compromiso del Gobierno de España con Canarias”. Clavijo criticó que Torres centrara su intervención en la crisis migratoria y en reclamar un pacto de Estado al respecto al considerar que ese no es el objeto de estudio de la ponencia, y considerando que “ha perdido una oportunidad para reivindicar el hecho insular” y todas aquellas políticas estatales que deben desplegarse para atenderlo. Entre ellas destacó “el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal, la necesaria puesta en marcha de un plan de rescate del sector turístico en las Islas que contemple la bajada de las tasas aéreas, la exigencia de que se invierta en Canarias la media del resto de España o los criterios de distribución de los fondos europeos atendiendo al impacto que la crisis sanitaria está teniendo en el archipiélago”.
Clavijo recordó que ya hay una ponencia de Migraciones, “de la que debería solicitar formar parte, sin duda, el Gobierno de Canarias y que constituye el marco idóneo para trasladar no solo la delicada situación que soporta las Islas desde el pasado mes de agosto sino exigir la aplicación de una política migratoria que dé respuestas y no la espalda, como hasta ahora, a este drama humanitario”. Señaló que “las conclusiones de esta ponencia, si bien no son vinculantes, van a tener consecuencias directas en las políticas que desplegará el Gobierno de España en los próximos años y mientras Canarias centró la mayor parte de su intervención en la inmigración, la presidenta de Baleares centró su exposición en el Régimen Especial Balear, las compensaciones insulares, los presupuestos, el Fondo de Rescate, la bajada de las tasas aéreas, asuntos que también afectan de forma directa a Canarias”.
Por su parte, el senador del PP, Asier Antona , destacó que la intervención de su grupo intentó “incidir en que tenemos un instrumento muy potente que es el REF, anclado en el Estatuto y por tanto de obligado cumplimiento, y hemos pedido que se desarrolle y se desplieguen todos sus artículos para que en esta situación de crisis sanitaria, económica y social, se convierta en fortaleza”.
