Del consenso al efectismo

Se cumplen cuatro décadas desde que el teniente general Antonio Tejero subió al estrado del Congreso de los Diputados a escenificar un intento de golpe de Estado, pistola en mano y al grito de “¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Se sienten, coño!”. Pese a que aquel 23 de febrero de 1981 no fructificó la misión golpista, el desconcertante episodio que se vivió en la Cámara Baja marcó un punto de inflexión para los representantes políticos y el conjunto de la sociedad. Unos y otros entendieron que, con la democracia española todavía en ciernes y los ecos de la dictadura franquista aún latentes, la dialéctica y el consenso, incluso entre ideologías antagónicas, se antojaban imprescindibles para reforzar la convivencia y avanzar hacia un futuro ideado más o menos parecido a este presente. Para ello, entonces prevaleció la responsabilidad, el respeto y la moderación, en un contexto convulso en el que el entendimiento era el único impulso posible para poner en marcha el engranaje de la libertad. Aunque a las diferentes fuerzas políticas les supusiera rubricar concesiones difícilmente digeribles y justificables ante sus respectivos electorados programa en mano; y que sus sucesores, cuarenta años después, han tornado en inadmisibles en un debate basado en el efectismo, el influjo de los sondeos y la polarización en las redes sociales.

Mucho ha cambiado pues en la politica española desde aquel febrero.

La gama cromática e ideológica del arco parlamentario español se ha ampliado considerablemente en este tiempo, con el surgimiento de nuevas siglas que han supuesto el fin del bipartidismo y reflejan una sociedad más diversa y plural. Además, si en 1981 las discusiones políticas se concentraban únicamente en las tribunas o los medios de comunicación existentes –prensa escrita, radio y televisión pública– y la interacción con la población estaba limitada a los mítines y las convocatorias electorales cada cuatro años, ahora, representantes políticos y ciudadanos, recurren a las herramientas tecnológicas e Internet para incentivar, democratizar, normalizar o demonizar el debate político. Así, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y foros de discusión directa entre y con los líderes de los diferentes partidos, en los que no siempre se cuidan las formas y la controversia se actualiza casi al minuto.

En la primera legislatura (1979-1982), la realidad política en España era muy diferente. Dos partidos dominaban el Congreso: Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez, quien ocupaba la presidencia del Gobierno, y el PSOE de Felipe González, en la oposición. El Parlamento se completaba con el Partido Comunista de España (PCE), encabezado por Santiago Carrillo; Coalición Democrática (CD), dirigida por Manuel Fraga; un grupo de formaciones nacionalistas catalanas, vascas, andaluzas y aragonesas; y las Islas contaban con el escaño de Fernando Sagaseta, que capitaneaba la Unión del Pueblo Canario (UPC).

En enero de 1981 Suárez presentó su dimisión motivado por la descomposición interna de su partido, la dura oposición del PSOE –que ya vislumbraba su éxito en los siguientes comicios– y la pérdida de confianza del Rey Juan Carlos I, su principal valedor. En este contexto, el 23F el Congreso de los Diputados votaba la propuesta de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez en el Gobierno.

La democracia española daba entonces sus primeros pasos. Era una democracia incipiente, débil, con muchas dudas y muchas tensiones. La situación del país se complicaba por momentos. A la fragilidad del Estado de derecho y la presión de los atentados de ETA y el Grapo, se sumó una crisis social impulsada por una inflación desbocada y un paro galopante. Durante los primeros años el ruido de sables siempre estuvo presente entre las filas castrenses. Algunos militares, acostumbrados al intervencionismo en la política nacional, estaban dispuestos a derribar la democracia. Los rumores, las conspiraciones y las tentativas de golpe de Estado como la operación Galaxia –que terminó con el arresto de Tejero–, culminaron con la intentona golpista del 23F.

Pero la neonata democracia española resistió todas las agresiones involucionistas. Los 80 fueron una década agitada, pero el esfuerzo gubernamental y la ilusión de la ciudadanía por vivir en libertad ayudaron a consolidar el Estado de derecho.

La alternancia bipartidista se fue afianzando como modelo hasta que la crisis económica que vivió España a partir de 2008 generó un caldo de cultivo social en el que surgieron nuevos proyectos políticos de orden estatal. En las elecciones generales de 2015 irrumpieron en el Congreso dos nuevas formaciones –Podemos y Ciudadanos–, que provocaron el retroceso de las dos ideologías que habían dominado el Parlamento durante la mayor parte de la democracia –PSOE y PP–. En 2019, España vivió el resurgir institucional de la extrema derecha con la aparición de Vox.

Distintas voces añoran la manera de hacer política durante la Transición, en la que el diálogo, la colaboración y la generosidad fueron las herramientas clave para definir una hoja de ruta común. Ahora, las formaciones están atrincheradas a izquierda y a derecha. “Para seguir construyendo este país en libertad, en derechos y en democracia, debemos aprender de quienes salieron de la dictadura, que fueron capaces de renunciar a postulados partidistas en favor de un bien común”, explica Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE en las Islas. No en vano, a lo largo de los años, la política se ha ido normalizando y ya no levanta las pasiones que levantaba entonces. “En los años 80 había compromiso político y entusiasmo a raudales. Se congregaban miles de personas en los mítines políticos y las manifestaciones eran multitudinarias”, recuerda el vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.

Tras el fallido golpe de Estado se aprobaron varios estatutos de autonomía, entre ellos, el de Canarias, reformado en 2018. En estos años se ha acentuado la descentralización y las comunidades han ganado competencias y protagonismo político en detrimento de la potestad estatal. “Los estatutos de autonomía han permitido que los ciudadanos avancemos en derechos, en calidad de vida y en oportunidades y, además, han hecho que la administración sea más transparente y cercana al ciudadano”, apunta Fernando Clavijo, senador y secretario general de Coalición Canaria. Para el doctor y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, “la descentralización ha generado en un laberinto competencial que habría que clarificar, porque la línea que divide las competencias es muy difusa y genera conflictos e inseguridad jurídica”.

Este es uno de los retos de futuro, así como la revisión del sistema electoral que tiene como asignatura pendiente salvar la desigualdad en el valor del voto y, quizás, plantear listas abiertas. En este sentido, la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo regional y secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, plantea la necesidad de que la democracia “se adapte a los nuevos tiempos para hacerla más participativa y que la ciudadanía pueda actuar más activamente en política”.

En 1986 España entró en la Unión Europea (UE), un acontecimiento que supuso un fuerte impulso económico para el país. Desde entonces Canarias ha tenido un tratamiento diferenciado al ser reconocida como Región Ultraperiférica de Europa (RUP), lo que ha garantizado la atención a las singularidades del Archipiélago en el contexto de la UE. “Hemos vivido las cuatro décadas de mayor crecimiento económico y desarrollo social de la historia, parece que siempre hemos vivido así, pero el cambio en la calidad de vida en España ha sido enorme”, apunta Australia Navarro, presidenta del Partido Popular en las Islas.

“Si de algo sirvió el 23F es que fue una especie de vacuna contra la fragilidad de la democracia, un sistema que debemos cuidar y defender para evitar que se vuelva a poner en peligro”, subraya la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino. Cumplidos cuarenta años de aquel episodio, los ecos del 23F siguen muy presentes en la memoria colectiva de España como una fecha que pudo cambiar el devenir de la historia. La democracia española, aunque con los achaques propios de la madurez, está estabilizada, arraigada y consolidada. Si bien, las nuevas generaciones de políticos se enfrentan al reto de adaptar el sistema a la sociedad actual, sin olvidar el valor político y la amplitud de miras que tuvieron quienes lucharon para recuperar la libertad.