Quince de los 55 bienes no religiosos inscritos por la Iglesia en Santa Cruz de Tenerife se encuentran en La Laguna, capital de la fe en la provincia y sede del Obispado. En el municipio se contabilizan hasta 28 propiedades –trece de ellas de uso religioso– que fueron puestas a nombre de la entidad gracias a la ley impulsada por el expresidente José María Aznar (PP) y que le permitió realizar inmatriculaciones (registrar bienes por primera vez) con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste económico.

Los datos se encuentran en un archivo de 5.249 páginas. En ellas figuran 34.961 bienes en todo el Estado, de los que 14.947 tienen un uso ajeno al culto, como pueden ser terrenos, viviendas o garajes. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las cifras se sitúan en 256 inmatriculaciones totales, con 191 bienes religiosos y 65 que no lo son. No obstante, un análisis pormenorizado del listado arroja que los no religiosos pudieran ser algunos menos (55), dado que diez que aparecen como no religiosos son varias casas parroquiales, un calvario en Güímar o la iglesia de San Juan Bautista, en Santa Cruz de Tenerife, entre otros.

En el ranquin de municipios con más inmatriculaciones que no tienen que ver con la fe, Santa Cruz (6) y Arona, Guía de Isora y Mazo, con cuatro cada uno, siguen a La Laguna. En la vieja Aguere figuran en esa categoría fundamentalmente bienes recogidos como “parcela de terreno” y “parcela”. También hay varias viviendas y otras edificaciones.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para clarificar qué bienes fueron inmatriculados en nuestro municipio y de qué manera, así como la legalidad de estos procesos. Recuperar lo público es la clave de un gobierno de cambio que merezca ese nombre”, expresó el líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio. No en vano, ayer urgió al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, a elaborar “un informe por los servicios jurídicos municipales sobre la potestad de nuestro Ayuntamiento para realizar las averiguaciones y las impugnaciones necesarias ante las inmatriculaciones de posibles bienes públicos por parte de la Iglesia católica”, según recoge el documento que le remitió al regidor local.

Ascanio también resaltó el alto número de bienes inmatriculados en el municipio. “Nuestra preocupación sobre todo es que estas inmatriculaciones se hayan desarrollado sobre bienes que en algún momento eran públicos y que fueron posteriormente privatizados por el Obispado”, añadió el concejal. “Estamos convencidos de que habrá plena voluntad a la hora de desarrollar este estudio jurídico, tal y como he podido hablar esta mañana con los compañeros y compañeras del resto del grupo de gobierno”, manifestó este miércoles.

El IBI, en el punto de mira

“El Ayuntamiento de Arona revisará el carácter y la situación de aquellos bienes inmatriculados por la Iglesia para conocer cómo se realizó esta y si alguno de ellos pudiera colisionar o ser compatible con la titularidad municipal”, indicaron desde el Consistorio sureño al ser preguntados por su posición destacada en bienes no religiosos inscritos. “Por otro lado, ya se ha solicitado un informe sobre la posibilidad de que estos bienes paguen el IBI”, añadieron, aunque admitieron la complejidad ante la regulación estatal y la necesidad de una reforma.

Por su parte, desde el Obispado de Tenerife se remitieron a lo planteado por la Confederación Episcopal, cuyo secretario general y portavoz, Luis Argüello, destacó que esta institución siguió la legalidad en las inmatriculaciones. “La Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo; por eso, si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que haya inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el Derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide”, había manifestado Argüello y señalaron ayer también desde la Diócesis.