El Gobierno de Canarias tardará aún diez días en aprobar el decreto que regula el reparto de las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis provocada por el coronavirus. El Ejecutivo ya ha liberado los 165 millones necesarios para sufragar estas subvenciones a las pequeás y medianas empresas (pymes) y autónomos que han sufrido pérdidas debido a las restricciones aplicadas para luchar contra la pandemia. Así lo anunció este jueves 18 de febrero el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, quien no supo precisar cuándo podrán llegar estos fondos a los beneficiarios, pero apuntó que se está tratando de agilizar al máximo el proceso y que para ello se contará con la ayuda de alguna institución externa. El objetivo es evitar que se produzcan las complicaciones que retrasaron durante meses el pago de las ayudas directas a los autónomos.

El Ejecutivo regional anunció el pasado 19 de enero un plan de rescate para la hostelería, así como para pymes y autónomos que se hayan visto afectados por las limitaciones a su actividad impuestas por la Covid-19, como los de los sectores del turismo, el comercio o los centros deportivos. El plan llegó después de que los empresarios demandaran durante semanas la necesidad de obtener ayudas directas para poder salvar sus negocios.

Casi un mes después de este anuncio, el Consejo de Gobierno aprobó este jueves la liberación de esos 165 millones de euros. Según explicó Pérez, 80 millones procenden de remanentes de tesorería, mientras que el resto los aporta la Consejería de Hacienda en dos partidas.

Aunque Pérez no aclaró los criterios de reparto sí explicó que se tratará de que el procedimiento sea ágil, para que los fondos lleguen a los afectados lo más pronto posible, aunque determinó que siempre se deberá cumplir con la “exigente” normativa española y europea y con los criterios de la Intervención de Hacienda. Pérez aseguró que se intentará que “las subvenciones se gestionen en un único procedimiento para que se reciban lo antes posible”, especificó.

El portavoz incidió en que los criterios de reparto serán “objetivos” y “justos” y que estarán vinculados al impacto que han tenido las decisiones restrictivas para frenar el avance del virus. “No se trata de dispensar dinero, sino de llegar a quienes más han sufrido las restricciones”, aseguró. De esta manera, apuntó que previsiblemente se determinará un nivel de pérdidas objetivas para poder acceder a estas ayudas, que los beneficiarios deberán acreditar debidamente. Pérez no descartó que uno de los criterios de este reparto pueda ser el número de centros de trabajo de las empresas beneficiarias, tal y como ha indicado la consejera de Economía, Elena Máñez.