Cataluña asume la tutela de 40 menores inmigrantes del Archipiélago

Canarias alcanza un acuerdo para su traslado “en las próximas semanas” | El Ejecutivo espera la ayuda de más territorios

E. D.

Santa Cruz de Tenerife

Cataluña asumirá durante las próximas semanas la tutela de 40 menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias. La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, anunció ayer este acuerdo alcanzado con la Generalitat de Catalunya para el traslado de los menores.

Santana explicó que se trata de un convenio que se cierra en el marco de los encuentros que se han mantenido entre el Ministerio de Derechos Sociales con el conjunto de las comunidades autónomas para lograr un reparto solidario de los menores inmigrantes no acompañados que contemplase la cesión de la guarda y tutela a los distintos territorios.

Este acuerdo se suma al que se cerró hace dos semanas con Castilla y León, que se comprometió a asumir la tutela de 25 menores. De momento, Canarias ha logrado el compromiso de estas dos comunidades autónomas, que suman un total de 65 plazas. El Ejecutivo canarios espera que en las próximas semanas se sigan sumando otros territorios ya que a finales de diciembre todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía y Madrid, ofrecieron su ayuda al Gobierno de Canarias para acoger a parte de los menores inmigrantes no acompañados que han llegado a las islas en patera.

Canarias tutela actualmente a 2.652 menores. La Consejería de Derechos Sociales ha puesto en marcha un conjunto de 27 recursos de emergencia para la atención de esos chicos y chicas: 16 en Gran Canaria, 8 en Tenerife y 2 en Fuerteventura.

Por otro lado, la consejera mantuvo un encuentro de trabajo con la eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo - GUE/NGL, Sira Rego, para analizar la situación de la migración en Canarias.

Entre otras cuestiones, se abordó la situación de los menores extranjeros no acompañados y de la necesidad de que la Unión Europea destine fondos específicos para su atención, tal y como se establecieron en el periodo 2010-2014 y que no se han vuelto a renovar. Una solicitud que la Comunidad Autónoma ya ha realizado por distintas vías y que la eurodiputada se comprometió a llevar al Parlamento Europeo.

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