Save the Children decidió actuar en Canarias a finales de 2020 ante la situación “muy sobrepasada” por la llegada de menores migrantes. Las Islas acogen a 2.700 niños de pateras y cayucos y están desbordadas porque legalmente les corresponde su tutela. Andrés Conde, director de la ONG, se reunió con el Gobierno canario para analizar esta realidad y aumentar su colaboración. Pide la corresponsabilidad “urgente” de las autonomías en la gestión de los menores.

¿Qué se ha encontrado en Canarias Save the Children?

Estamos viendo y ya lo sabíamos porque trabajamos con el Gobierno de Canarias que es uno de los más garantistas en términos de protección de la infancia, o sea sus estrategias y sus políticas son valoradas por Save the Children en lo que tiene que ver con la gestión de la infancia, pero también vemos una realidad muy sobrepasada por cifras muy grandes de llegadas que ponen contra las cuerdas la capacidad del sistema de protección, que requiere ayuda urgente más allá de las Islas.

¿Es cuestión de dinero para que las comunidades autónomas sean más solidarias en acoger a menores?

En parte sí, porque cuando hablamos de 2.700 niños y adolescentes eso requiere servicios de atención que cuestan dinero. Por tanto, es fundamental que exista una transferencia de recursos importante tanto del Estado español como de la propia Unión Europea, y luego una corresponsabilidad de las comunidades autónomas. A nosotros no nos gusta hablar de solidaridad porque da la sensación de que se deja en la voluntad del otro el responder a la situación o no. La corresponsabilidad indica que el problema es compartido y, por tanto, la solución tiene que ser compartida. Entonces, sí tiene un componente económico mantener a esos niños y adolescentes. Estamos en un momento económico muy complicado y las comunidades autónomas no cuentan con el presupuesto para atender a los menores, para incorporarlos a su sistema de protección, por lo que si se les garantiza que el coste está cubierto, se les da el incentivo para poder hacerlo, hablamos entonces de que hay una parte de inversión y una parte muy fuerte de voluntad.

En Canarias unos 1.000 menores cumplirán 18 años en nada y estarán en las calles sin recursos

Usted lo ha dicho: voluntad. Y da la sensación de que a muchos municipios o comunidades no les gusta tener a jóvenes extranjeros al lado porque los identifican como conflictivos.

Efectivamente, creo que hay un estigma en torno a estos menores que contradice los datos en lo que se refiere a su peligrosidad o a la inseguridad que puedan generar, pero puede haber una cierta percepción social de riesgo y las comunidades autónomas intentan alejarse y eso es algo que, insisto, los datos lo contradicen completamente, porque no son unos datos de criminalidad de actos delictivos superiores a los que tendría cualquier adolescente nacional.

¿Cuál sería el número ideal de derivaciones?

El Gobierno canario está pidiendo unas 700 personas trasladadas y nosotros pensamos que incluso deben ser más. Lo que hay que medir bien es la capacidad del sistema de protección actual y todo lo demás ser transferido a comunidades autónomas que tienen plazas libres.

¿No le parece vergonzoso que solo se hayan ofrecido 100 plazas entre las distintas comunidades?

Sí lo es e indica la falta de una corresponsabilidad y de una visión compartida del problema porque son los territorios fronterizos a los que se les delega la responsabilidad de gestión de un fenómeno muy complejo. No podemos pedir corresponsabilidad a la Unión Europea si no la tenemos a nivel estatal. Tiene que existir corresponsabilidad estatal y corresponsabilidad Europea porque Canarias no es la frontera sur de España es la frontera sur de Europa.

Las Islas no pueden asumir solas a 2.700 chicos y necesitan la corresponsabilidad de otras autonomías

Están haciendo una campaña de recogida de firmas. ¿Cuántas quieren recoger y qué van a hacer con ellas?

Nosotros queremos conseguir el máximo de número de firmas, sobre todo para algo que nos parece esencial que es un protocolo de llegadas marítimas que tenga en cuenta las necesidades específicas de la infancia. Con eso queremos decir que en el momento de las llegadas marítimas haya actores especializados allí mismo que puedan mirar los perfiles de especial vulnerabilidad, como las víctimas de trata, por ejemplo, personas que puedan ser solicitantes de asilo porque vienen huyendo de su país o en la determinación de la edad. Con la determinación de la edad se solucionaría mucho, como el problema de adultos que son enviados a centro de menores y menores que son enviados a centros de adultos, porque eso genera problemas y hay que resolverlo en el momento de la llegada.

No hay, digamos, un cribado profesional a la llegada.

No en Canarias. Sí hacemos este trabajo en otras comunidades autónomas en las llegadas pero aquí no nos autorizan a hacer ese trabajo.

¿Quién no los autoriza?

El Ministerio del Interior, es su responsabilidad .

¿Y por qué no les autoriza y en otras comunidades sí?

Porque no lo ve oportuno o necesario en este momento en que en esas llegadas marítimas haya otros actores. El número de 2.700 menores lo exige, pero quizás para ellos es una complicación introducir nuevos actores en una situación que es compleja, es decir, ONG que se encarguen de eso en el momento de la llegada marítima donde se hace la referencia policial, pero en otros lugares se está haciendo desde el momento que llegan al muelle o en el primer día hay gente especializada para ver exactamente dónde los derivan y cuál es su situación por temas de trata, de asilo o de determinación de la edad. Segundo, para nosotros es importante que haya esta estrategia coordinada de corresponsabilidad que implica traslados a la Península, y una tercera cosa son los recursos para extutelados.

Interior no nos permite trabajar con los niños en el momento de su llegada del mar

Se refiere a los menores que cumplen los 18 años y los dejan de tutelar. ¿Qué pasa con ellos?

Sí, un buen número de los que han llegado, en torno a 1.000 personas, van a ser adultas de aquí a nada y van a salir del sistema de protección y la experiencia dice que cuando eso ocurre muchos de ellos caen en redes de trata de prostitución, o en situaciones de calle, de exclusión social, y por eso es muy importante que existan recursos e itinerarios para la inclusión de esos extutelados que ahora mismo están en centros de menores. Atender eso desde ya es esencial.

¿Se han encontrado trata de personas?

Eso también se sabe a la llegada en los muelles. La trata funciona de una manera extraordinariamente precisa y esas niñas rápidamente desaparecen, aunque aquí llegan muy pocas niñas.

Pero puede pasar con niños...

Sí, podría ser, por eso es importante en la propia llegada identificar a través de entrevistas en su propia lengua potenciales casos de trata, determinación de la edad, de protección internacional...

¿Qué van a hacer con esas firmas?

Llevarlas al Gobierno de España, llevarlas a los ministerios implicados. Nosotros hemos hecho una campaña para presionar a otras comunidades autónomas, hemos escrito cartas y nos hemos reunido con todos los responsables de las comunidades autónomas para pedirles ayuda para Canarias, y también a nivel europeo estamos pidiendo a las instituciones europeas que miren a Canarias como un problema europeo.

¿Qué puede pasar si sigue sin producirse esa corresponsabilidad entre las autonomías y, como es de prever, siguen llegando migrantes?

Yo confío en que haya una solución estatal porque crecería una situación de tensión en el inmigrante y en la población de acogida y eso no debe ocurrir. Lo importante es que de verdad exista ese apoyo y que no se deje a Canarias sola porque eso no puede ser, y sería devastador.