A pesar de la escalada de tensión social que vive Canarias, el Estado persiste en mantener la misma política migratoria: dejar encerrados en las Islas a quienes llegan de manera irregular a las costas canarias. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reveló ayer su intención de mantener a más de 7.000 personas en los centros de acogida acondicionados en la actualidad y abrir en las próximas semanas nuevos espacios, que han preparado con distintas entidades, como alternativa a los establecimientos hoteleros del sur de Gran Canaria. El objetivo de Escrivá es ofrecer una forma de acogida “distinta a la inadecuada y claramente excepcional y transitoria que son los hoteles”.

El ministro aseguró que la crisis migratoria “es un problema que hay que manejar entre todos” y apeló a la colaboración entre administraciones para “reconducir” la situación.

Escrivá detalló en una entrevista a Cadena Cope que espera “poder estabilizar el número y distribuirlo entre las islas, en torno a los 7.000, quizá alguno más, repartidos en cinco islas” –desde la Delegación del Gobierno aseguran que el Plan Canarias no se ha visto modificado y que el ministro se refería a los seis centros ya previstos en Gran Canaria (3), Tenerife (2) y Fuerteventura (1)–. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno de España, actualmente hay entre 7.000 y 7.500 migrantes alojados en complejos turísticos cerrados por la crisis, a la espera de ser trasladados a los campamentos humanitarios que están en obras.

El responsable de Migraciones defendió que un porcentaje muy alto de los extranjeros llegados de manera irregular al Archipiélago “son susceptibles de retornar a sus países de origen, porque hay acuerdos de retorno y tienen la obligación de acogerlos de vuelta”. Sin embargo, achacó a la crisis sanitaria de la Covid-19 el hecho de que el ritmo de retorno sea muy lento, lo que ha originado un problema en el Archipiélago. “Es fundamental seguir trabajando con los países de origen para agilizar el periodo de retorno”, subrayó Escrivá. Quien añadió que la pandemia “ha generado un problema social muy fuerte en unas economías con tanta irregularidad como la de los países africanos”, que está generando “una presión mas alta por venir a España”. A esto se suma, según el ministro, que “con las fronteras cerradas, se percibe que la probabilidad de no ser retornado aumenta”, algo que sirve de “incentivo”.

Tras escuchar las declaraciones de Escrivá, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales manifestó que “están llevando a la sociedad y a las instituciones canarias una situación límite y nos van a obligar a tomar decisiones que van más allá del diálogo”, si bien Morales no quiso especificar a qué acciones piensa llevar a cabo si el Gobierno de España no toma medidas para aliviar la situación que vive Gran Canaria ante la presión migratoria . “Insisten en el concepto de isla cárcel, en convertirnos en un muro para que los migrantes no puedan llegar al continente europeo”, lamentó el presidente del Cabildo insular. Además, criticó que Escrivá no plantee la necesidad de “garantiza que estas personas no estén deambulando por las Islas”, porque “están sin recursos, improvisando tiendas de campañas en los barrancos, sin comida y sin ropa”. Como solución apuntó a que se “proceda de manera real a las derivaciones. No cabe otra opción para no convertirnos en un campamento de retención”

“Escrivá confirma que, para el Gobierno de Pedro Sánchez, Canarias es una cárcel flotante, un muro de contención para la inmigración irregular en España”, sostuvo rotunda la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro. Quien defiende que el Ejecutivo central solo “pone parches y no soluciones” al problema de la migración irregular que “Canarias soporta en solitario”.

Para la presidenta regional del PP, el flujo migratorio continúa porque “nadie lo ataja” en origen y no se refuerzan los controles de fronteras. “Miente cuando dice que las fronteras de los países de origen están cerradas por la pandemia, eso es rotundamente falso”, sostuvo Navarro. Asimismo, quiso aclarar que la crispación social que se percibe en las Islas no tiene que ver con el racismo. “Los canarios no somos xenófobos”, concluyó la dirigente popular.

Coalición Canaria-PNC reprochó ayer al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que “siga sin dar la cara” meses después del repunte migratorio que no solo ha colapsado a las administraciones canarias sino a las ONG”. La formación nacionalista sostuvo que “Canarias debe imponerse y exigir al Gobierno de España que aborde la situación migratoria como un asunto de Estado prioritario”.

Para los nacionalistas, el Gobierno canario debe reclamar que “España lidere un frente para evitar que se perpetúe el modelo fallido de islas-prisión”.

En esta línea, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, explicó que el Archipiélago no se puede convertir en una cárcel para migrantes y reclamó que se pongan en marcha las repatriaciones y las derivaciones a la Península, para lo que solicitó la solidaridad de las comunidades autónomas. “Para frenar el flujo migratorio”, apuntó Espino, “es imprescindible la cooperación internacional, no solo para la vigilancia de las fronteras, sino para apoyar el desarrollo económico de los países de origen”.