Canarias destina más de 32 millones a las familias vulnerables

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, firmaron esta mañana el Plan Concertado de Servicios Sociales, que para este año dispondrá de 32.083.000 euros. Esta cantidad supone un incremento del 55% respecto al mismo proyecto del pasado año y que se traduce en 10.210.000 euros más en la partida presupuestaria.

Brito, alcaldesa de Candelaria por el PSOE, expresó una valoración muy positiva de los recursos económicos asignados a esta planificación, que beneficia a los 88 municipios del Archipiélago para que puedan prestar diferentes servicios e iniciativas a personas con escasos ingresos, mayores dependientes o en riesgo de exclusión social. La portavoz de la Fecam señaló que este dinero procede, de forma íntegra, del Ejecutivo autónomo. "Agradecemos y valoramos el esfuerzo de la Consejería", que "es importante para ofrecer atención a las necesidades básicas" de muchos ciudadanos, en aspectos como la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o la atención a domicilio, por ejemplo; además de para abordar nuevos programas.

La presidenta de la Fecam: "estamos contentos y satisfechos de que se pueda materializar este plan"

En opinión de la presidenta de la Fecam, "estamos contentos y satisfechos de que se pueda materializar este plan" en este "momento crítico". Recordó que, con independencia de la atención sanitaria en la pandemia, "la recuperación económica es un deber y hay que responder a las personas en riesgo de exclusión social." Brito señaló que a los ciudadanos en dificultades no se les presta una ayuda puntual por parte de los ayuntamientos, sino que se hace "un acompañamiento constante" en el aspecto social o laboral.

Noemí Santana (Podemos) agradeció a Mari Brito y la Fecam el trabajo conjunto desarrollado para lograr el actual Plan Concertado de Servicios Sociales. La consejera destacó que, por segundo año consecutivo, la aprobación de este proyecto se haya adelantado cinco meses a lo que era habitual antes de la entrada del actual Gobierno, lo que permitirá a los consistorios municipales poder trabajar en materia de ayudas sociales con más eficacia y diligencia.

Recordó que "los ayuntamientos son la puerta de entrada" de las familias o las personas con necesidades de atención básicas. Por ese motivo, Santana deseó que dichas corporaciones no solo cuenten este año con el Plan Concertado, sino también con los Fondos de Lucha contra la Pobreza del Gobierno del Estado y recursos de la Unión Europea.

Para Santana, muchos usuarios denuncian la larga espera que tienen que soportar hasta que reciben una ayuda o servicio. Y, de forma paralela, la consejera de Derechos Sociales explicó que hasta hace poco las administraciones tenían "dificultades para hacer contrataciones de personal" para las áreas de atención social, ya que, de forma obligatoria, tienen que ajustarse al marco jurídico establecido. Espera que la reciente reforma de este apartado legislativo facilite la agilización en la contratación de trabajadores en dicho ámbito.

Para desarrollar el reparto de las ayudas económicas a cada municipio dentro del Plan, el Gobierno canario se basa en los datos que cada ayuntamiento ofrece sobre diferentes aspectos, como la población, el número de personas en riesgo de exclusión social o, por ejemplo, la cifra de mayores dependientes.