Diálogo de sordos en la primera reunión negociadora entre el Ejecutivo regional y el comité de huelga de los empleados públicos interinos y temporales de la Comunidad Autónoma. Las dos partes mantuvieron inalterables sus posiciones ya que Función Pública se ciñe a la legalidad vigente para defender la convocatoria de ofertas de empleo público y dar fijeza a este personal, mientras que los representantes sindicales creen que hay otro tipo de soluciones atendiendo a la normativa europea y si hay “voluntad política” para realizar modificaciones legales. El Ejecutivo considera que sólo a través de un cambio en la legislación básica estatal se podría solventar este problema sin necesidad de procesos selectivos.

El único avance conseguido ayer es que no se rompió la negociación y en dos o tres semanas se volverán a sentar las dos partes. Pero las movilizaciones seguirán hasta entonces, de hecho para la tarde de hoy hay previstas manifestaciones en las dos capitales canarias que desembocarán en la sede del Parlamento en el caso de Santa Cruz de Tenerife y ante la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.

Los representantes del Ejecutivo, encabezados por el consejero Julio Pérez, enviarán al comité de huelga el informe jurídico encargado por la Consejería para contestar a las reivindicaciones de los sindicatos convocantes de la protesta. Sin embargo, a tenor de lo manifestado por la directora general de Función Pública, Laura Martín, y los representantes sindicales las posturas no se han movido porque, según explica Martín, los juristas de la Comunidad Autónoma confirman que la única vía legal para estabilizar y consolidar las plazas de los interinos es a través de ofertas públicas de empleo. “No es posible una conversión automática de las plazas de interinas a fijas con la legalidad vigente”, advierte la directora general.

Por ello, Laura Martín explica que la alternativa es que una reforma legal propiciada por el Gobierno central, una especie de “ley de punto final”, sirva de alternativa para solucionar un problema que no solo afecta a Canarias sino también a otras comunidades autónomas y a la Administración del Estado. El Gobierno regional estaría de acuerdo con una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que no solo ponga coto a la temporalidad de los empleados públicos de aquí en adelante, sino que solvente la estabilidad de los miles de trabajadores que acumulan antigüedad en las administraciones públicas desde hace varias décadas.

El anterior equipo del Ministerio de Política Territorial y Medio Ambiente, encabezados por los canarios Carolina Darias y Francisco Hernández Spínola, habían convocado para mediados de este mes a las comunidades autónomas para abordar este tema pero con el cambio político en el Ministerio está por ver si se mantiene esta convocatoria.

En relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2020, el informe jurídico refleja que no consagra que los empleados públicos temporales puedan pasar a la fijeza de forma automática, pese a los argumentos en contra del comité de huelga.

El portavoz del comité de huelga, Miguel Quintero, criticó que con la postura que mantiene el Gobierno “no se puede llegar a ningún acuerdo” porque es inamovible pese a las directivas europeas y las sentencias del TJUE, que reflejan la necesidad de que los Estados actúen con los empleados públicos como con los privados a la hora de consolidar sus puestos de trabajo y cuestiona el elevado porcentaje de temporalidad que existe en las administraciones públicas españolas. “Europa dice de forma clara que las ofertas públicas de empleo no son la solución para resolver este problema y la normativa comunitaria está por encima de la legislación estatal”, asegura Quintero, para el cual los procesos selectivos pactados en 2017 entre el Gobierno central y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF no son de obligado cumplimientos “porque suponen un segundo abuso ya que, además de estar 15 y 20 años sin tener un puesto estable, ahora se nos somete a un proceso selectivo que nos puede dejar sin trabajo cuando ya hemos demostrado muchos años de servicios en la Administración”, advierte.

Tras la reunión de ayer Quintero ve “un punto de no retorno” porque el Gobierno no plantea alternativas a las oposiciones. Por ello el comité de huelga contestará al informe jurídico del Ejecutivo con otro informe jurídico propio para rebatir los argumentos oficiales. El comité de huelga mantiene intacto por el momento las movilizaciones programadas y, a pesar de todo, habrá una nueva reunión en dos o tres semanas, si bien el representante del comité no ve en la posición del Ejecutivo indicios de que vaya a cambiar.