El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves 4 de febrero uno de los trámites necesarios para que el Archipiélago pueda contar en el futuro con un organismo de defensa de la libre competencia. Así lo comunicó el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, quien comentó que el Estatuto de Autonomía atribuye a Canarias el control del buen funcionamiento del mercado en base a los criterios de una competencia leal.
Pérez señaló que el Gobierno regional lleva tiempo trabajando en la creación de este organismo y en la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno se ha autorizado a la Consejería de Economía a proseguir con los trabajos para la redacción de la norma que permita su creación.
Además, el Consejo de Gobierno ratificó este jueves otros asuntos como los 1,8 millones en subvenciones directas que concedió la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en el último trimestre del año pasado. En total, fueron 79 subvenciones que, según aseguró el Ejecutivo, son de carácter directo por razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas cuyo importe no exceda de 150.000 euros.
Por su parte, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad también concedió de forma directa en el mismo periodo un total de 178.432 euros en subvenciones. Se trata de ocho ayudas para realizar actuaciones relacionadas con los puntos de encuentro familiar, memoria histórica, mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil y recepción de notificaciones y traslado de escritos.
El Consejo también aprobó el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote. Este documento persigue la protección contra inundaciones y plantea, entre otras obligaciones, realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación y mapas de peligrosidad, así como establecer planes de gestión de éstos.
El texto aborda la gestión de riesgos de inundación en la demarcación hidrológica citada y sus previsiones completan el Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote.
Además, se ajusta a las mismas normas de competencia y procedimiento que rigen el señalado plan insular.
Teniendo en cuenta que los planes especiales de gestión del riesgo de inundación merecen la calificación jurídica de planes sectoriales con impacto sobre el territorio, en virtud de Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el citado plan, una vez entre en vigor, tendrá la consideración de plan territorial especial y prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.
Además, acordó el nombramiento de Alicia Álvarez como nueva directora general de Modernización y Calidad de los Servicios.
Álvarez es licenciada en Geografía por la Universidad de La Laguna (1999-2003) y funcionaria de carrera de la Administración de Justicia. La nueva alto cargo releva en el puesto a Pablo Hernández, en la actualidad presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC).
