El Gobierno canario alerta de que la atención a menores migrantes se desborda

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Sí Podemos), ha advertido este miércoles de que la situación de los menores migrantes en acogida en Canarias se desborda, al pasar de poco más de 500 en agosto de 2019 a más de 2.700 a raíz de la crisis migratoria que padece el archipiélago.

"Necesitamos un reparto solidario y que llegue cuanto antes. No es cuestión de competencias, es cuestión de soluciones", resume en un artículo de opinións en el señala que las islas van a "necesitar ayuda" porque no se puede afrontar esta situación en solitario, por más que la tutela sea competencia exclusiva de su Ejecutivo.

"Como ocurre con los incendios, en función de la gravedad se va pasando de fase y de competencias", indica, al tiempo que expone que tanto la Unión Europea como el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas deben entender que Canarias es la "frontera sur" y también un "territorio limitado".

Convenios con los cabildos

La consejera señala que la gestión de los menores se realiza a través de convenios con los cabildos y el súbito aumento en la llegada de pateras ha obligado a habilitar recursos de emergencia y con el presupuesto ordinario con el que contaba su departamento.

"Gestionar este importante e inesperado incremento de menores durante el último año, unido a la crisis social provocada por la pandemia, no ha sido fácil", indica, subrayando que la crisis migratoria actual "empieza a estar al nivel" de la de 2006, y agravada por la crisis sanitaria y turística.

"Imagínense lo que significa gestionar 2.700 niñas, niños y adolescentes con los mismos recursos, humanos y materiales, que se tenían para poco más de 500. Y asusta pensar en el aumento que esta cifra puede sufrir durante este año", detalla.

No obstante, resalta el trabajo del personal de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, encabezado por la directora general, Iratxe Serrano, pues ningún niño se ha quedado sin recibir una atención digna.

"Hemos respondido a lo que nos obliga la ley y a lo que nos obliga nuestra ética. Y que quede claro: cualquier partido, de cualquier color político que hubiera estado al frente en este momento, tendría que haber hecho lo mismo. Insisto, nos obliga la ley, y quien pretenda sacar rédito político de esta situación, se equivoca", comenta.

La consejera apunta que al problema de los menores se suma el de los adultos, con más de 23.000 personas llegadas por vía marítima el año pasado "y no se les permite" seguir su viaje ni a Europa ni a la Península donde tienen familiares o conocidos.