NC se impone a Podemos y PSOE para que los cabildos nombren cargos ‘a dedo’

Las diferencias que había en el seno del cuatripartito se han limado en torno al nombramiento por los cabildos de altos cargos a dedo con criterios políticos. Un año después de que los letrados del Parlamento desestimaran una enmienda impulsada por el PSOE para modificar la Ley de Cabildos en la ley de presupuestos y que contaba con los reparos de NC y Podemos, los cuatro grupos políticos que apoyan al Gobierno en la Cámara han pactado una proposición de ley donde se cambian varios aspectos de la norma. De esta forma el criterio de Nueva Canarias se ha impuesto para que la modificación legal esté bien armada jurídicamente y evitar así impugnaciones del Gobierno central o de otras instancias y para precisar qué nombramientos se consideran altos cargos y cuáles no. El Cabildo de Gran Canaria, que preside NC, ha sido uno de los principales focos de esta polémica y el presidente Antonio Morales ha presionado para que este cambio sea posible ante los recursos presentados a los nombramientos de los cargos de confianza.

La iniciativa pretende que los directores insulares y los coordinadores de las corporaciones insulares se asimilen como altos cargos al mismo nivel que el presidente y los consejeros electos y su designación atienda no solo a méritos y capacidad sino también a la “idoneidad” política del grupo de gobierno de turno. De esta forma, los cabildos consiguen mantener los concursos restringidos para nombrar a estos cargos, que no solo serán por criterios técnicos sino también políticos y que el cese esté al albur de la decisión del grupo de gobierno de la corporación.

La iniciativa legislativa parte de los propios cabildos, que han asumido los grupos que respaldan al Gobierno. Además de NC, el PSOE también es favorable a este cambio ante los problemas que ha habido en los cabildos de Tenerife y Lanzarote por los recursos que se han presentado. Podemos, que se opuso al inicio del debate, ha firmado la proposición porque, según su portavoz Manuel Marrero, “se ha mejorado y clarificado” porque ahora queda claro quiénes son altos cargos y quiénes son responsables técnicos escogidos entre los funcionarios. No obstante, la formación morada espera también el pronunciamiento del Consejo Consultivo, que tendrá que determinar si la modificación chocha o no con la legislación estatal.

Los grupos creen que prevalece el Estatuto sobre la normativa básica del Estado

En este sentido, la propuesta presentada por los cuatro grupos alude al Estatuto de Autonomía, cuya reforma entró en vigor en 2018, que otorga a la Comunidad Autónoma la competencia para regular la organización de los cabildos como instituciones autonómicas. Las corporaciones insulares también tienen parte de su regulación en la ley de bases de régimen local junto a los ayuntamientos en su calidad de corporaciones locales, si bien en la reforma legislativa se recoge que los cabildos tienen un ámbito competencial superior al de las diputaciones provinciales.

Para evitar impugnaciones posteriores la reforma legislativa también distingue el procedimiento para designar a los directores insulares y coordinadores técnicos del resto del personal directivo de la corporación, de tal forma que los primeros estarán sujetos al régimen jurídico de los altos cargos de la Comunidad Autónoma y el resto se ajustarán a lo previsto para el nombramiento del personal directivo en la legislación reguladora de los empleados públicos.

Los directivos públicos rechazan la iniciativa y la consideran un nuevo “paso atrás”

La Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias muestra su rechazo al planteamiento de los grupos políticos que respaldan al Gobierno regional. La presidenta de la asociación, Mónica Ramírez, advierte que se continúan dando “pasos atrás” al “desdoblar” el nombramiento del personal directivo en dos tipos “para evadir el cumplimiento de la normativa básica, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que crea la figura del directivo público profesional”.

Ramírez cuestiona que para los altos cargos que pretenden nombrar los cabildos y los cuatro ayuntamientos más poblados no se aplique los criterios de publicidad y concurrencia. “No se entiende muy bien que necesiten evitar el procedimiento transparente de concurrencia que recoge la normativa básica para hacer designaciones basadas en la confianza política y no profesional, nosotros siempre hemos sido contrarios a este tipo de nombramientos porque es un paso atrás, se supone que para tener una Administración moderna hay que contar con personas cualificadas, por lo que no entendemos que se haga de esta forma”, añade la funcionaria.

La asociación de directivos públicos no cree que sea “válido” que la Comunidad se arrogue competencias cuando hay una normativa básica estatal.