La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, advirtió de que con unas pérdidas de 10,000 millones de euros en el tejido económico de Canarias debido a la crisis sanitaria es “imposible” rescatar a todas las empresas que se han visto afectadas por la paralización de la actividad. Aún así, valoró el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias para agilizar la tramitación del plan de rescate anunciado recientemente por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, que incluye 400,8 millones de euros, entre aplazamientos fiscales y ayudas directas a las empresas. Unas ayudas que son “extraordinarias” y al margen del presupuesto de 2021, aunque reconoció que solo servirán para “mitigar” los efectos de la crisis.

Máñez aseguró este lunes 1 de febrero en una Comisión Parlamentaria que “no hubo un paquete similar de ayuda en la anterior crisis” y añadió que desde lo público “se está haciendo un esfuerzo que no tiene precedentes”, ya que si no se hubiera actuado, “el impacto sería mucho mayor”. En este sentido, detalló que en la anterior crisis financiera la caída máxima del Producto Interior Bruto se situó en el 4% en 2009, cuando en esta ocasión solo el año pasado descendió el 20%.

Este plan económico extraordinario pretende llegar a unas 20.000 empresas de los sectores más afectados por las restricciones, como son la hostelería, el turismo, el comercio o los gimnasios, y Máñez apuntó que no se descarta que se introduzcan nuevos sectores en los próximos meses, pero reconoció que no es posible “rescatar al conjunto de la economía”, ya que la que se vive en estos momentos “es la mayor contracción económica que ha vivido Europa en tiempos de paz”.

La consejera afeó a los grupos de la oposición que pusieran en duda la disponibilidad de los fondos para hacer llegar 165 millones en ayudas directas a pymes y autónomos afectados por la crisis, ya que recalcó que esta financiación está “garantizada”, bien a través de los fondos europeos o a través del endeudamiento.

Además de las ayudas directas, el Ejecutivo regional aplazará a los empresarios el pago 236 millones de euros en tributos, un dinero “que vamos a dejar de recibir en las arcas públicas durante el primer trimestre”, pero que a su juicio facilitará que las empresas tengan liquidez. Un aplazamiento al que también podrán acogerse aquellas empresas que se encuentren en periodo ejecutivo, es decir, aquellas que no han pagado los tributos cuando les correspondía.

Las bases contemplarán tres tramos de ayudas en función de la pérdida de facturación que hayan registrado las empresas respecto al ejercicio anterior. De esta manera, se articularán tres niveles, aquellas que hayan perdido entre un 30 y un 50%, las que se se encuentren entre un 50 y un 70% y por último aquellas cuyos ingresos se hayan desplomado más del 70%.

Máñez comentó que la tramitación será por vía de urgencia para reducir a la mitad los plazos, con concurrencia competitiva simplificada, declaración responsable, abono anticipado del 100% y sin justificación posterior, y contará con el acompañamiento de las cámaras de comercio. Las empresas podrán recibir a través de estas ayudas a fondo perdido entre 3,000 y 15,0000 euros.

Con todo, insistió en el apoyo del sector público para amortiguar la crisis, con más de 95 millones el año pasado en ayudas por parte del Gobierno regional o los 1.500 millones que han costado los ERTE solo en el Archipiélago.

Máñez insistió en que no quiere caer en el "triunfalismo" pero sí que puso sobre la mesa que la tasa de paro, actualmente por encima del 25%, está ocho puntos por debajo del peor momento de la pasada crisis financiera por lo que "algo se estará haciendo bien".