La crisis turística ha dado lugar al vigésimo primer conflicto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. El primero, también, con Ángel Víctor Torres en la Presidencia del Gobierno de Canarias. El pulso con el Ejecutivo de su correligionario Pedro Sánchez por la autorización de los test de antígenos –con el intento de mitigar la debacle económica que sufren las Islas como telón de fondo– le ha permitido a Torres empatar con su inmediato antecesor, Fernando Clavijo, sin haber llegado aún al ecuador de la legislatura. Los cuatro años del nacionalista al frente del Gabinete regional se saldaron con solo un conflicto de competencias con Madrid. Eso sí, mucho tendría que tensarse la relación entre ambos Gobiernos, el canario y el estatal –los dos con el PSOE a los mandos–, para que Torres fuera capaz de llegar a los siete casos que se generaron durante los dos mandatos de Paulino Rivero.
El Archipiélago es la sexta región con más conflictos de competencias con la Administración central, un total de 21, desde que echara a andar el Estado autonómico consagrado en la Constitución de 1978. Por delante en este particular ranking están Cataluña, con hasta 367 casos; País Vasco, con 183; Galicia, con 77; Andalucía, con 45; y Aragón (24). El singular podio lo copan así las llamadas nacionalidades históricas; lo copan, también, las tres autonomías donde el secesionismo ha tenido y tiene más predicamento. En el otro extremo, las tres regiones con menos contenciosos con el Estado son el Principado de Asturias, con tres, y Murcia y La Rioja, con solo dos. Las tres son comunidades uniprovinciales. En el caso concreto de Cataluña, la deriva secesionista que culminó con el seudorreferéndum de octubre de 2017 está detrás, claro, del alto número de conflictos, ya que obligó al Gobierno central a un sinfín de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC). En cuanto a Canarias, los nuevos encontronazos se han sucedido en los últimos años con cuentagotas hasta que Torres se plantó para intentar salvar el turismo.
Los ocho años de Paulino Rivero al frente del Gobierno canario –de julio de 2007 a julio de 2015– fueron especialmente movidos. Cuando el entonces líder de Coalición Canaria llegó a la Presidencia, el TC ya había tenido que dilucidar hasta en una docena de ocasiones si esta o aquella competencias eran del Estado o de la Comunidad Autónoma. Al salir Rivero del Ejecutivo, los contenciosos entre Madrid y las Islas ya eran 19. Fueron los años del no al petróleo por las prospecciones cerca del litoral canario, cuya autorización es y era una competencia estatal que pretendía el Gobierno de la región –quería la competencia para no autorizarlas, argumentaba–. Tras Rivero llegó Clavijo, y la conflictividad se redujo de forma notable. Tanto que durante su etapa –de mediados de 2015 a mediados de 2019– solamente se abrió un nuevo caso. Fue a finales de 2017, porque el Gobierno canario entendió que en el real decreto sobre el control interno de las entidades locales el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy había obviado la competencia autonómica en desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local. Desde entonces transcurrieron algo más de tres años hasta producirse un nuevo conflicto Estado-Canarias.
El decreto con que el Gobierno de Torres pretendía validar los test de antígenos para que los turistas acreditaran no estar infectados de la Covid-19 a su llegada a las Islas –el Ministerio de Sanidad no los admite como prueba válida– estaba condenado al conflicto de competencias. Y así ha sido. El entonces ministro del ramo, Salvador Illa, no dio su brazo a torcer. La Sanidad Exterior es competencia exclusiva del Estado; así lo avisó el Ejecutivo central, así lo corroboró el Consejo de Estado y así el TC ha dejado en suspenso la normativa canaria en espera de una sentencia que parece cantada. El conflicto, el vigésimo primero y el primero de la etapa de Torres, hace el número 817 en todo el país.
Solo Cataluña tiene más casos pendientes de sentencia
Los conflictos de competencias los pueden presentar tanto el Estado como las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, de los 21 contenciosos contabilizados desde la promulgación de la Constitución del 78, ocho los abrieron los sucesivos Gobiernos centrales y los restantes 13, los Gabinetes regionales. Eso sí, los Ejecutivos territoriales solo pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes y disposiciones estatales que afecten a su autonomía o a materias sobre las que exista normativa regional. Por su parte, el Gobierno estatal disfruta de una prerrogativa con la que no cuentan los Ejecutivos autonómicos, ya que el presidente de la nación puede impugnar leyes territoriales en virtud del artículo 161.2 de la Carta Magna. La aplicación de este artículo supone la suspensión inmediata de la normativa en cuestión, aunque por un plazo que en ningún caso superará los cinco meses. Esto obliga al TC a pronunciarse antes de ese margen. La convivencia entre las Administraciones central y autonómicas genera también otro tipo de conflictos no competenciales. Existen también los recursos, como, por ejemplo, el que Canarias planteó en su día contra el recorte de los fondos del convenio de carreteras entre el Estado y la Comunidad Autónoma. El Gabinete de Mariano Rajoy decidió aminorar los dineros que se habían estipulado con la excusa de la crisis financiera; el Ejecutivo isleño lo llevó ante la Justicia; y esta resolvió a su favor. La no siempre cordial relación entre Gobiernos ha dado lugar a 73 recursos en el caso del Archipiélago, a los que se suman los 21 conflictos de competencias para un total de 94 impugnaciones. Ya ha habido 82 sentencias del TC y diez desistimientos, con lo que quedan dos casos pendientes de resolver. Solo Cataluña, con seis, tiene más contenciosos por solucionar.
