La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está escrutando las listas de vacunación enviadas por los distintos centros sociosanitarios para ver si en ellas hay más infiltrados a los que aún no les corresponde vacunarse contra la Covid-19. En el Departamento que dirige Blas Trujillo están prestando especial atención a los nombres de políticos y cargos públicos incluidos en los listados para detectar si se han saltado el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad. Es decir, para descubrir a quienes se hayan aprovechado de su situación –a sabiendas o no– para vacunarse antes de tiempo, hurtándoles así las dosis a las personas que más las necesitan, como ancianos o personas enfermas.
La consejería se ha visto obligada a poner en práctica esta investigación tras los casos de políticos que ya han salido a la luz, como el de la consejera del Cabildo de La Palma Susana Machín o los de los tres concejales de Garachico, en Tenerife, y Puntallana y Puntagorda, también en La Palma. Aunque el caso más flagrante ha sido el de Machín, cuyo nombre ni siquiera aparecía en la lista que el Centro Sociosanitario Nuestra Señora de los Dolores envió a Sanidad, la consejería también está revisando los casos del concejal José Elvis de León Rodríguez, representante de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Garachico; y de las socialistas María Eugenia Rodríguez Rodríguez y María Mercedes Candelario, ediles de los dos mencionados municipios palmeros. De hecho, Sanidad ha aplazado la administración de la segunda dosis de la vacuna –necesaria para que la persona alcance la inmunidad– tanto a Machín como a De León, a pesar de que este último, como también las dos concejales del PSOE, sí figuraba en las listas remitidas al Servicio Canario de la Salud. Si no se ha aplazado el segundo pinchazo a las ediles de Puntallana y Puntagorda, es solo porque la consejería tomó la decisión este miércoles, cuando ambas ya habían recibido la segunda dosis.
En cualquier caso, el hecho de que Sanidad esté comprobando si se cumplió lo dictado por el Ministerio con estos tres concejales –que, cabe insistir, sí estaban en las listas que recibió el SCS– es resultado de las dudas que se han generado en la consejería. La necesidad de no perder tiempo para empezar a vacunar –y sobre todo el principio de lealtad institucional– llevaron al Departamento de Trujillo a no fiscalizar los listados al detalle. Sin embargo, la controversia generada en los últimos días, sobre todo por el caso de Machín –Ferraz ya le ha pedido que dimita pero no así el PSOE canario, que ha optado por abrirle un expediente–, ha forzado la investigación.
El obispo, vacunado
Por otra parte, ayer se vacunó el obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, que sí estaba en el listado del SCS y que, además, vive en la Residencia Sacerdotal con los curas de mayor edad.
Coalición exige el número de ‘colados’
El diputado del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento regional José Alberto Díaz-Estébanez aseguró ayer que la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad ante las irregularidades en la aplicación del protocolo de vacunación “refleja un descontrol absoluto, especialmente en La Palma, y falta de transparencia en unos momentos muy complejos en los que la sociedad demanda garantías de eficiencia”. En este sentido, el representante de Coalición Canaria reclamó al Departamento de Blas Trujillo “que informe del número de personas que han recibido la vacuna sin corresponderles; si bien solo han trascendido cuatro casos, podrían ser muchas más personas entre personal de administración y cargos públicos”, insistió Díaz-Estébanez, que exigió información “precisa y veraz”.
