El Parlamento de Canarias convalidó ayer por unanimidad el decreto ley del Gobierno de Canarias que modifica la normativa de atención a la infancia para que los menores migrantes -2.656 bajo tutela de la Comunidad Autónoma- puedan ser atendidos en albergues juveniles, residencias de estudiantes, establecimientos turísticos alojativos u otros establecimientos residenciales de uso colectivo similar, y además sin limitación de número -estaba fijado en 20- salvo que se superen las condiciones de aforo. La portavoz del Grupo Mixto (Cs), Vidina Espino, apuntó en el pleno del Parlamento que Pedro Sánchez quiere convertir a Canarias en “una cárcel” de Europa a semejanza de lo que ocurre en Lesbos (Grecia) por lo que ha pedido al Gobierno regional que “se plante ante sus jefes y diga así no”.
Jesús Ramos (ASG) comentó que hay un “incremento constante” en la llegada de menores migrantes, lo que ha generado una “sobrecarga” en la red de atención, por encima incluso de la crisis los cayucos de 2006. Expuso que la modificación legal permite incluir nuevos espacios de atención, como albergues, residencias juveniles o establecimientos turísticos, algo necesario para mejorar las condiciones de acogida.
María del Río, de Sí Podemos, reconoció que la “alta incidencia” en la llegada de menores migrantes ha “mermado” la capacidad de acogida de las islas, y cree que esta modificación atiende a la defensa de sus intereses y derechos. Asimismo, solicitó una “distribución solidaria” de migrantes por toda España, especialmente con los menores, subrayando que Canarias solo tiene una “capacidad óptima” de acogida de unos 400. Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), indicó que este decreto trata de dar una “respuesta adecuada” a la acogida de los menores migrantes porque “no se va a dejar a nadie abandonado”, si bien reconoció que el Archipiélago está “desbordado”. Astrid Pérez, del Grupo Popular, afirmó que hay un “verdadero caos” en la gestión de los menores no acompañados, reconociendo que no hay tiempo para organizar una estructura fija y estable. No obstante, y aunque ofreció el apoyo de su grupo, señaló que alojarlos en los hoteles “no es lo más adecuado”. “Este decreto es un parche”, indicó, por lo que pidió al Gobierno de Canarias que planifique un plan de protección a medio plazo. Por el Grupo Nacionalista, Cristina Valido, comentó que hay una “emergencia evidente” y criticó los macrocentros, por lo que no convalida el decreto “con gusto” porque prefieren centros más pequeños.
De otro lado, el Gobierno de España considera que no hay ninguna “normativa nacional ni internacional” que le obligue a crear una oficina de información a las familias de los inmigrantes desaparecidos en la ruta canaria, como le han pedido varias ONG y el propio Secretariado de Migraciones de la Iglesia. El diputado en el Congreso de EH Bildu Jon Iñarritu visitó en diciembre el centro de atención temporal a extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, y trasladó esa inquietud al Gobierno en forma de pregunta escrita. La respuesta fue :“No existe normativa nacional, ni internacional que fije la obligación de disponer de un punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España”.
El diputado del grupo Nacionalista Canario, Oswaldo Betancor, afirmó ayer en el pleno del Parlamento que se están vulnerando los derechos humanos de los migrantes por la ineficaz gestión del Estado. “La redistribución de estas personas es vital”, dijo. | E.D.
