Prisas en Madrid y calma en Canarias. El caso de Susana Machín, la consejera del Cabildo de La Palma que se vacunó contra la Covid-19 sin el permiso del Servicio Canario de la Salud, se afronta a distintas velocidades en la dirección nacional del PSOE y en la ejecutiva del partido en las Islas. En Ferraz no quieren medias tintas y la exigencia a Machín es la misma que al resto de cargos que se han colado para vacunarse: la dimisión inmediata. La cúpula socialista en el Archipiélago, en cambio, ni le ha pedido a la consejera que abandone el cargo ni piensa acelerar el expediente abierto para “esclarecer lo sucedido”. La idea es salvaguardar el pacto con el PP en el Cabildo palmero, un acuerdo del que Machín es firme defensora.

El rechazo a CC.

El pacto PP-PSOE en la Isla Bonita nunca gustó ni en Génova ni en Ferraz. Un acuerdo antinatura que de hecho es una excepción en la relación entre los dos grandes partidos nacionales. A populares y socialistas palmeros los une el común desprecio a Coalición Canaria, germen del primer gobierno insular que compartieron en 2013. Ni a unos ni a otros les ha sido fácil conseguir que las direcciones de sus partidos en Madrid traguen con el acuerdo. Pero lo lograron. La ejecutiva federal del PSOE expulsó a los firmantes de aquel primer pacto con el PP para readmitirlos dos años después. Es más, uno de los defenestrados fue incluso premiado. Anselmo Pestana presidió el Cabildo palmero entre 2013 y 2019 —hasta 2015 lo hizo gracias a una moción de censura contra la nacionalista Guadalupe González Taño para la que contó con el apoyo de los populares— y ahora es el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad Autónoma. Pestana sí gobernó junto con Coalición Canaria en su segundo mandato —de 2015 a 2019—, pero la victoria de los nacionalistas en las últimas elecciones mostró las preferencias en las filas palmeras de PP y PSOE. Populares y socialistas sumaron sus 13 consejeros —siete del PSOE y seis del PP— para echar a Nieves Lady Barreto de la presidencia del Cabildo, a la que había accedido como cabeza de lista más votada (CC ganó las elecciones y obtuvo ocho representantes en la corporación insular). Esta vez fue Génova la que reaccionó con expulsiones, incluida la de Mariano Hernández, presidente del Cabildo en virtud de la moción de censura contra Lady Barreto. Pestana fue de los primeros en felicitarlo. En octubre de 2019, Hernández y los demás expulsados del PP fueron readmitidos.

El ‘caso Machín’.

Vencidas las resistencias en Madrid al pacto PP-PSOE, la preocupación compartida entre populares y socialistas palmeros es que acabe siendo el caso de Susana Machín el que ponga en riesgo al gobierno insular. Los populares palmeros y canarios están en una situación incómoda después de que Génova fulminara sin contemplaciones al consejero de Salud de Murcia por vacunarse cuando no le tocaba. Es decir, por lo mismo que ha ocurrido con Machín. En el PP han optado así por mantenerse en un discreto segundo plano y confiar en que el PSOE resuelva el caso sin salpicar al Cabildo. La posibilidad de que los populares cambien a los socialistas por CC como compañero de gobierno es en realidad un imposible. O casi. Lo saben todos en el PP y todos los demás partidos en La Palma: Mariano Hernández no quiere saber nada de Coalición. Por eso en las filas populares no van a tensar la cuerda ni castigar a sus socios, y menos cuando la protagonista es Susana Machín, firme partidaria de que el PSOE gobierne en la isla con el PP. Con todo, el verdadero papelón lo tiene la ejecutiva regional socialista. El secretario de Organización es precisamente palmero, Jorge González, quien conoce al dedillo los entresijos de la política isleña. En la dirección del partido en la Comunidad Autónoma son conscientes de que salvar a Machín no les va a ser fácil. Pero no están dispuestos a sacrificarla a las primeras de cambio, mucho menos los socialistas palmeros, ya acostumbrados a torcer el brazo a Ferraz.

Las responsabilidades.

Frente a la contundencia de Ferraz al exigir la inmediata dimisión de todo cargo público que se vacune cuando no le corresponde, el PSOE canario ha optado por abrir un expediente informativo para ver qué ha pasado. “Calma”, pedían ayer desde la cúpula del partido en las Islas. A diferencia de la ejecutiva nacional, que no ha esperado a conocer los detalles y las explicaciones de los ocho alcaldes y tres concejales que están en la misma situación que Machín para pedirles su dimisión, la dirección regional del PSOE ha preferido ceñirse a los estatutos de la organización. El propio Ángel Víctor Torres, secretario general del PSC, fue tajante al subrayar que todo el que se salte el turno de vacunación “debe irse”, pero también agregó que “todavía falta información” en el caso de Machín. El argumento en favor de la consejera es que fue el director Médico del Hospital de Dolores, dependiente del Cabildo palmero, el que la incluyó entre quienes debían vacunarse a pesar de que su nombre no estaba en la lista del Servicio Canario de la Salud. Juan Miguel Sanjuán Perdigón se responsabilizó ayer, en un recorrido por radios y periódicos, de lo sucedido, con lo que la culpa de Machín quedaría reducida al desconocimiento. De hecho es esta la justificación que va a argüir en el expediente informativo. Sin embargo, el desconocimiento es también la excusa que han puesto otros cargos socialistas vacunados antes de tiempo. Incluso hay quienes defienden que lo hicieron para dar ejemplo, como el alcalde valenciano Fran López. En cualquier caso, la exigencia para todos es la misma: que dimitan.

Ferraz insiste.

En la ejecutiva nacional, en la madrileña calle de Ferraz, no se mueven ni un ápice, y la última palabra es suya. “No hay excepciones” cuando se exige la dimisión. Tampoco, por tanto, en el caso de Machín: “Se le va a pedir la dimisión inmediata, como a todos, y se va a ser inflexible”. No en vano, la rápida reacción de Génova en el caso del consejero de Salud de Murcia obligó al PSOE a mostrarse tan contundente como los populares. Los socialistas no quieren que siga creciendo la desafección de los ciudadanos al Gobierno central por culpa de quienes se aprovechan del cargo para vacunarse cuando no les toca. Y en Ferraz sí están dispuestos a sacrificar incluso a quienes no fueran conscientes de la gravedad de lo que hacían o a quienes, como Machín, se vacunaron por prescripción de terceros. Menos cuando la decisión la tomó alguien como Sanjuán Perdigón, que en última instancia es un subordinado del Cabildo y, por ende, de la misma Machín.

¿Y un pacto PSOE-CC?

La otra vía que se abre, aunque sea ligeramente, con la polémica por la vacunación de Susana Machín es la de un pacto PSOE-CC. Sobre todo porque a los nacionalistas les basta con los apoyos de tres consejeros socialistas para llegar a la mayoría absoluta, que en el Cabildo palmero exige un mínimo de once votos. Perder a Machín supondría la cuarta baja en el grupo del PSOE en la corporación insular tras las de Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura en el Gobierno de Canarias; José Basilio Pérez, director del Instituto de Calidad Agroalimentaria; y el susodicho Anselmo Pestana. Es decir, han salido nombres que suscribieron en su día el pacto de gobierno con el PP y entrado otros que no están vinculados a ese acuerdo. Pero si hay reticencias en los populares palmeros ante la sola posibilidad de gobernar con CC, no menos las hay entre los socialistas. Con una particularidad: uno de los motivos por los que no se renovó el pacto PSOE-CC que hizo presidente insular a Pestana con Perestelo de vice fue el rechazo de las bases socialistas a repetir la experiencia.

El miedo a quedar retratados

¿Si los socialistas canarios consiguieran salvar a Susana Machín, qué haría el PP? ¿Consentiría mantenerla en el gobierno del Cabildo de La Palma tras los llamamientos a la ejemplaridad de su líder nacional, Pablo Casado? ¿Y si el PP canario se viera forzado a pedir la dimisión de Machín por presiones de Génova? ¿Qué haría entonces el PSOE? ¿Se abriría la posibilidad de volver al pacto con CC? Todas estas preguntas ilustran la preocupación en las filas palmeras de socialistas y populares, que no están tan inquietos por la fidelidad de su socio como por la situación a la que pueden arrastrarlos sus direcciones nacionales, es decir, Génova y Ferraz. Unos y otros son conscientes de que pueden quedar retratados y con poco margen para defender el pacto ante sus ejecutivas nacionales si el caso Machín se enquista.