Ayudas directas y aplazamientos fiscales. El Gobierno de Canarias anunció ayer un plan extraordinario de carácter económico para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19. El Ejecutivo regional destinará a esta batería de medidas un total de 400,8 millones de euros, a los que tendrán acceso más de 20.000 empresas del Archipiélago. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, detalló que cualquier ciudadano podrán retrasar seis meses las deudas fiscales, lo que supondrá que las arcas del Tesoro Público dejen de ingresar en tiempo 41,8 millones. Además, cabrá la posibilidad de aplazar el primer trimestre del cobro del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), con lo que se suman otros 194 millones de euros a las ayudas. Para hacer frente a este montante económico de 235,8 millones de euros, el Gobierno autonómico suscribirá una póliza de crédito. Por otro lado, Torres precisó que el Ejecutivo también concederá ayudas directas a los sectores más afectados por el embate de los cierres decretados para frenar el avance del coronavirus –restauración, comercios, centros deportivos, sector turístico–, por un total de 165 millones de euros, que llegarán de los fondos europeos de recuperación.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, afirmó que con este plan, el Ejecutivo pretende dar un paso adelante en su respuesta a “un momento crítico”. Estas medidas extraordinarias, que se pondrán en marcha “lo antes posible”, son una continuidad de las planteadas el año pasado. “En medio de la crisis tomamos la decisión de aplazar impuestos para dar liquidez a las empresas y, a través de los departamentos competentes, se repartieron ayudas por valor de 95,3 millones de euros”, recordó Rodríguez. Quien lamentó que el Gobierno de España no contemplara la posibilidad de asignar ayudas directas a las empresas en su plan de rescate. El Ejecutivo canario esperó a diciembre para conocer las medidas planteadas desde Madrid y estudiar la manera de complementar las ayudas estatales, además de las de las corporaciones locales. Este plan es fruto de “tres o cuatro semanas de diálogo con los sectores afectados, en las que también se trabajó para buscar mecanismos de financiación”, sostuvo Rodríguez.
Situación excepcional
La moratoria fiscal, tanto de impuestos ordinarios como de deudas, comprometerá la liquidez del Gobierno, según afirmó el consejero de Hacienda. “Trasladamos liquidez al sector empresarial a costa de la liquidez del propio Ejecutivo, pero lo supliremos con pólizas de crédito para que la tesorería no sufra”, señaló el responsable de las arcas canarias. El gasto mensual del Ejecutivo regional, detalló Rodríguez, ronda los 900 millones de euros, con los que se hace frente al pago de las nóminas de sus más de 66.000 trabajadores públicos y de las transferencias que realiza a los ayuntamientos y cabildos para su financiación. Por esto, el Ejecutivo recurre a un crédito con el que sanear esa inversión. Sobre este aspecto, Torres insistió en que los ayuntamientos del Archipiélago no tendrán problemas para recibir la parte que les corresponde en este trimestre del aplazamiento del IGIC.
El monto de las ayudas directas, que asciende a 165 millones de euros, “está muy por encima” del importe destinado a este fin por el resto de las comunidades autónomas, según declaró Rodríguez. “Es un esfuerzo que creemos necesario, a pesar de que nuestra tarea es atender la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, la política agraria o la política en materia de transportes”, puntualizó el consejero de Hacienda.
Para sufragar estas ayudas, el Gobierno de Canarias pretende echar mano de fondos europeos. En concreto, Rodríguez se mostró confiado sobre poder conseguir “reprogramar los fondos React-UE”. Un plan que defendió esta semana ante la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los responsables de las haciendas territoriales. “No lo tenemos totalmente conquistado, pero diría que tenemos muy altas posibilidades”, sentenció el vicepresidente canario. Quien adelantó que, antes del 31 de enero, presentarán una propuesta a la Secretaría General de Asuntos Europeos para que la tramite ante la Comisión y poder justificar los 165 millones como ayudas directas por la crisis. Como todavía quedan algunos detalles por negociar, Rodríguez reveló que tienen una hoja de ruta alternativa por si no logra su meta. Ese plan B pasa por el endeudamiento de la comunidad autónoma. “Si no lográramos endosar estas ayudas a los fondos europeos, el Gobierno mantiene su compromiso y recurriría a recursos propios vía deuda si fuera necesario”, planteó el consejero de Hacienda.
Colaboración municipal
Para mitigar la mala situación económica que atraviesa el sector turístico de las Islas, el Gobierno de Canarias se ha reunido con varios portavoces de la patronal, con el objetivo de diseñar “una ayuda que sea clara, objetiva, para todos y significativa”. Los empresarios del motor económico de la comunidad autónoma han solicitado al Ejecutivo apoyo para hacer frente a sus gastos fijos, entre los que se encuentran los impuestos y las tasas municipales. Como ejemplo, Rodríguez citó el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que es “un parámetro fácil de objetivar y compensar, ya que solo requiere que presenten el recibo del importe abonado”. Si finalmente optan por retribuir este tributo, el Ejecutivo se plantea la posibilidad de gestionarlo a través de los ayuntamientos, aunque ese aspecto todavía está en el aire a falta de una negociación con los consistorios. “Hemos hablado con algunos alcaldes, con los que mantenemos una relación más estrecha y nos han dicho que no tendrían dificultades para hacer ese trabajo al Gobierno”, adelantó el vicepresidente. En este sentido, Torres aclaró que es un mecanismo en el que están trabajando pero que, si se implanta, el Ejecutivo garantizaría el ingreso a los ayuntamientos. “Hacemos un doble esfuerzo”, matizó.
Con respecto a los plazos de activación de las ayudas, Rodríguez afirmó que “los procedimientos administrativos son los que son, con garantías de transparencia y control”. Aún así, tanto Torres como él garantizaron que los trámites serán todo lo ágiles que les permite el derecho y señalaron que lo importante era el compromiso. “Si el Gobierno se compromete, se cumple a raja tabla”, sentenció el consejero de Hacienda. Quien adelantó que el próximo jueves llevarán a Consejo de Gobierno el decreto ley sobre las medidas fiscales, que se aplicarán para toda la ciudadanía a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Torres señaló que las subvenciones tienen que someter al marco legislativo. Si bien, se comprometió a que “se utilizarán las herramientas que sean precisas y que hemos visto que pueden agilizar los procesos”.
Este plan extraordinario, destacó Rodríguez, no excluye que cada una de las consejerías puedan generar complementos a esta batería de ayudas con sus propios presupuestos. “Los 8.500 millones de euros de las cuentas del Gobierno de Canarias siguen intactos”, aseveró Rodríguez y puntualizó que el plan es extraordinario y al margen de los presupuesto anuales, motivo por el cual han tenido que buscar fuentes financieras adicionales.
El presidente del Gobierno instó a ver “cómo camina este ejercicio” y se mostró esperanzado ante la posibilidad de que la situación prospere positivamente. “Esperamos que la evolución sea a mejor; irá a mejor gracias a la vacunación”, apuntó Torres y señaló que Canarias va a la cabeza en cuanto al porcentaje de dosis administradas en España. En este sentido, Rodríguez reconoció que la verdadera obsesión del Ejecutivo es “recuperar el empleo y el bienestar social” y recordó que “la mejor y más clara respuesta a la crisis económica es la contención de la pandemia, para lo que tenemos dos herramientas: respetar las medidas sanitarias y la vacunación”.
“No está a la altura”
El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, aseguró ayer que el Gobierno regional “hasta ahora, no ha aprobado ni un solo plan, ni una sola medida, para ayudar al bar, al restaurante o al gimnasio que ha tenido que cerrar”. Rodríguez sostuvo, “con total tristeza”, que “el aplazamiento de determinados impuestos no les va a servir de nada a muchas empresas”. El exconsejero de Obras Públicas defendió que la moratoria no garantiza liquidez inmediata a las empresas y se preguntó qué IGIC iban a aplazar los negocios que están cerrados. Por esto, Rodríguez afirmó que el plan anunciado responde a “una lógica presión social” y que “el Gobierno de Canarias no está a la altura de las circunstancias”.
