Canarias lanzará un paquete de medidas para ayudar a los sectores empresariales más castigados por la pandemia de la Covid-19. El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, adelantó ayer que entre las propuestas que barajan están las reducciones fiscales, el aplazamiento de pago de tributos, subvenciones o transferencias directas. Pérez rehusó ofrecer los detalles del plan porque su presentación correrá a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Aunque la exposición pormenorizada de las medidas tendrá lugar hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez defendió que “primero hay que estudiar los sectores, el importe, la financiación y el procedimiento, porque todas las consejerías, especialmente las que tienen más peso económico, están haciendo propuestas”.

El portavoz del Gobierno reveló que Román Rodríguez aseguró a los consejeros durante la reunión que Canarias “necesita un sistema de ayudas fácil de aplicar, objetivo, gestionable con sencillez y financiable con prontitud”. En este sentido, Pérez detalló que “de nada valdría implantar unas ayudas que tarden cuatro meses en recibirse o que haya que presentar tantos papeles que sean impracticables”. Una de las metas que marcó el portavoz fue llegar a tiempo para retrasar el pago del primer trimestre de 2021.

El Ejecutivo, señaló Pérez, quiere poner en marcha el plan “muy pronto”, además de “ser rápidos y eficaces”. Como vías de financiación para poder activar la batería de ayudas, el Gobierno de Canarias se plantea recurrir a los fondos europeos o, incluso, al endeudamiento.

Entre las principales preocupaciones que mostró Pérez se encuentra que el respaldo llegue realmente a las ”personas más necesitadas”, porque el impacto económico de la pandemia no ha sido igual para todas las empresas, ni para todos los sectores. Las medidas, aseguró, no se centrarán solo en las grandes corporaciones, sino que también estarán destinadas a los pequeños empresarios. Pérez señaló que algunos sectores empresariales les habían solicitado expresamente la aplicación de reducciones fiscales. Una demanda a la que “es posible” que den respuesta.

El portavoz del Gobierno de Canarias destacó que el Ejecutivo ya tiene experiencia previa en la concesión y gestión de ayudas a lo largo de 2020. Además, destacó, como ejemplo del respaldo del Estado, los 1.500 millones destinados a la economía de las Islas para soportar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). También precisó que han respaldado a sectores como el transporte o el transporte marítimo, que la Consejería de Economía ha convocado subvenciones y que han dado apoyado a los comedores escolares, entre otras ayudas, que han sumado unos de 95 millones de euros.

Por su parte, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, mantuvieron esta semana un encuentro con las organizaciones representativas de los sectores más afectados por las restricciones sanitarias aplicadas para plantar cara a la tercera ola de la pandemia. En la reunión, las organizaciones les dieron traslado de su situación y la consejera informó a los representantes empresariales de la nueva línea de ayudas directas de la Consejería dirigida a autónomos y pymes de los sectores más afectados por las restricciones, en el marco del plan de rescate. Estas ayudas, que se suman a las medidas dadas a conocer esta semana por el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, se destinarán a compensar los gastos de funcionamiento (suministros corrientes, arrendamientos, créditos hipotecarios, primas de seguros, gastos de auditoría, etcétera) derivados del cierre o reducción drástica de la actividad por la pandemia.

17.000 empresas

Las ayudas están dirigidas a empresas de los sectores de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías; actividades de juegos de azar y apuestas; instalaciones y centros deportivos y ocio nocturno, si bien se contempla la posibilidad de que se puedan incorporar otros sectores en función de la evolución de la situación económica, de las medidas sanitarias y de la disponibilidad presupuestaria.

En el encuentro, convocado a petición de las organizaciones sectoriales, Máñez destacó “la situación límite” en que se encuentran muchas empresas, tras un año 2020 en que el producto interior bruto (PIB) registró una caída interanual del 19,8% en el tercer trimestre y que ha estado marcado “por una crisis sin precedentes en nuestra tierra”. Ahora, la tercera ola de la pandemia “ha venido a dificultar más su situación”, apuntó. La consejera señaló que, según las estimaciones de la Dirección General de Promoción Económica, más de 17.000 empresas canarias pertenecientes a estos sectores podrían beneficiarse de las ayudas, al tiempo que explicó que se establecerá una horquilla amplia en su cuantía para poder llegar “al mayor número posible de pymes, autónomos y autónomas”.

51,2 millones en gasto farmacéutico

La Consejería de Sanidad dio cuenta ayer al Consejo de Gobierno del gasto en recetas de farmacia del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de diciembre pasado, que ascendió a 51.209.873,81 euros y que incluye, además de la factura en medicamentos, el gasto en productos dietoterápicos y el importe resultante de la eliminación del copago a los usuarios sanitarios residentes en Canarias con rentas inferiores a 18.000 euros. Por áreas insulares de salud, el gasto en medicamentos se distribuyó de la siguiente forma: Gran Canaria, con 22.119.553,57 euros; le sigue Tenerife, con 22.097.416,04; Lanzarote, con 2.440.731,91; La Palma, con 2.193.241,54; Fuerteventura, con 1.555.188,88; La Gomera, con 550.198,03, y El Hierro, con 253.543,84. Los centros sanitarios del SCS emitieron en diciembre 4.273.146 recetas, el 4,83% más que el mismo mes del año anterior. El gasto medio por receta se situó en 11,69 euros y aumentó el 1,3% respecto a diciembre de 2019. El acumulado de recetas en el año 2020 se sitúa en 49.685.171 unidades, un aumento del 4,86% respecto al año anterior. El gasto medio por receta acumulado aumentó el 0,33% y se colocó en 11,62 euros.