La cadena hotelera RIU ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ya no es competente para decidir sobre el futuro de la concesión para la ocupación del dominio marítimo-terrestre en la zona de Corralejo, donde se alza el hotel Oliva Beach, propiedad de la compañía balear y pendiente de unas obras de reforma desde hace tres años. El departamento jurídico de la multinacional que comanda Carmen Riu ha explicado a Madrid que las competencias en esta materia corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias desde la aprobación, en noviembre del año 2018, del nuevo Estatuto de Autonomía.

Esa es una parte de las alegaciones presentadas a la resolución firmada el pasado mes de septiembre por el secretario general técnico del mencionado ministerio. En ella, advertía a la empresa hotelera de que se iba a proceder a revisar de oficio la concesión, en 2003, “de los usos y aprovechamientos” que permiten la presencia del Oliva Beach junto a las dunas de Corralejo. El Gobierno central entiende que puede existir una “posible causa de nulidad de pleno derecho”.

La estrategia de los abogados de la empresa va más allá del debate sobre la cuestión de fondo. Simplemente no reconocen la potestad del ministerio para dilucidar en orno a ella. “La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre (...)” corresponde a Canarias, según detalla el artículo 157.b del Estatuto de Autonomía.

¿Pero qué ocurre cuando, como en el presente, las competencias no se han transferido? Exactamente lo mismo, como relata la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así pues, RIU señala la “incompetencia manifiesta” del ministerio para tramitar este expediente sobre el Oliva Beach.