Al margen de la guerra de cifras, los paros convocados por los sindicatos Sepca, Co.bas e Intersindical Canarias (IC) y Pefralca (Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias) en demanda de fijeza para quienes trabajan para la comunidad autónoma mediante contratos temporales –en casos desde hace más de 20 años– afecta más a unos departamentos que a otros. Es el caso de la Dependencia, servicio en el que más del 90% del personal es temporal y secundó masivamente la huelga tanto el pasado lunes como ayer, primer y segundo días de los seis de paros previstos en el primer trimestre.

Las propias trabajadoras del servicio calculan que cada día que ejercen su derecho a la huelga se desatienden 90 expedientes. Lamentan que eso ocurra, “pero en realidad” están “evitando un problema mucho mayor”, aseguran.

Se refieren con ello a que todas las que pusieron en marcha el servicio en el año 2007 son temporales. Si, como defiende el Gobierno canario, deben afrontar una prueba selectiva y quedan fuera, se producirá una total parálisis en un área de alta sensibilidad y de la que dependen muchas de las ayudas que recibe toda la población que no puede valerse por sí misma para afrontar el día a día.

“Nosotras ya pasamos un concurso-oposición para acceder a nuestros puestos, tuvimos que acreditar nuestros méritos y llevamos catorce años desempeñando una función; nuestra labor es evaluable. ¿Ahora quieren que volvamos a hacer otra prueba con el riesgo de perder nuestros puestos de trabajo?”, se preguntan.

Además, se da la circunstancia de que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud es la única que dirige Podemos en el Ejecutivo regional y la formación morada ya mostró esta semana su apoyo sin fisuras a los más de 4.000 empleados públicos afectados por la temporalidad. Esta es una práctica de contratación en el sector público que a la Unión Europea (UE) le parece abusiva, por lo que ha conminado a España a reducirla.

Eso se propone el Gobierno central en todos los frentes. Los primeros pasos que ha dado en ese sentido el Ejecutivo autonómico han activado todas las alarmas entre el colectivo, con una convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) que amenaza con dejar en el camino a buena parte de ellos. Los trabajadores exhiben la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo del año pasado que considera a los empleados víctimas de esta situación y aclara que la reducción de la tasa de temporalidad no puede pasar por perjudicar a quienes han padecido esta práctica abusiva de las administraciones en carne propia.

Enfrente, la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional se muestra dispuesta “a hablar y entenderse”, pero sin que ello signifique vulnerar la legislación vigente, que poco margen deja a no celebrar oposiciones como paso obligatorio para entrar en el sector público con carácter fijo.

En el segundo día de huelga volvió la guerra de cifras. Los convocantes aseguraron que pararon más del 90% de los empleados temporales; la Administración, que solo lo hicieron “425 de los 7.935 que podían ejercer su derecho, un 5,36%”. Miguel Quintero (Pefralca), uno de los portavoces del comité de huelga explicó que es “potestativo de cada trabajador marcar la pestaña de huelga en el sistema de control horario”. Según eso, pasarán varios días hasta poder saber a ciencia cierta quién no acudió ayer a trabajar.

Los representantes de los trabajadores entregaron un documento en la sede de Presidencia del Gobierno de la capital grancanaria instando, ya no a la directora general de Función Pública, Laura Martín, sino al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, a iniciar una negociación.

“Nos parecería una falta de respeto que no se sentara el consejero como sí hizo junto al de Sanidad para llegar a un acuerdo con los médicos”, refirió Manuel González (Sepca). La directora general, aclaró Miguel Quintero, “no puede apartarse de la línea que marque el Consejo de Gobierno” y aclarar esta situación “requiere de voluntad política, de tomar decisiones que no están a su alcance”.

Varios comedores escolares de las Islas no pudieron abrirse, por lo que los padres tuvieron que recoger antes a los niños, a los que se dio una bolsa de pícnic. La Consejería de Educación cifró en un 21% la incidencia del paro. En cuanto a las trece escuelas infantiles autonómicas, existieron incidencias en seis; en uno de los casos, porque no acudieron los niños.