Las familias vulnerables reciben la ayuda al alquiler por anticipado

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, explicó ayer que “desde el pasado año el Instituto Canario de la Vivienda ha ido concediendo ayudas pero somos conscientes de que el proceso interno es un trabajo muy lento y una medida de esta naturaleza, de carácter extraordinario, requiere soluciones inmediatas”. Por ello, en el marco del decreto ley aprobado a finales de diciembre con medidas urgentes en materia de vivienda y transportes se habilitó el pago anticipado de este tipo de ayudas por razones de emergencia social.

Franquis recordó que la Audiencia de Cuentas ha llamado la atención en sus informes al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) por tener hasta 60 millones de euros acumulados en subvenciones sin justificar de etapas anteriores por ayudas que se daban por adelantado. Por eso se decidió desde 2011 no utilizar más esta fórmula sino conceder las ayudas una vez finalizado todo el trámite, que es largo y engorroso porque hay que realizar 14 comprobaciones de documentación en cada expediente. Pero el deterioro de la situación social provocada por la pandemia ha obligado a modificar por decreto ley la normativa de Vivienda y así poder realizar el abono por anticipado de una parte de la subvención sin esperar a finalizar los trámites.

Una vez aprobado el decreto ley, que será llevado a final de mes para su convalidación por el Parlamento, se ha decidido adelantar a partir del 19 de enero el abono de las ayudas correspondientes a seis meses de alquiler, que oscilan entre los 500 y los 900 euros, a 2.500 solicitantes que a 31 de diciembre estaban desempleados o afectados por un ERTE. El otro 50 % de estas subvenciones se pagará cuando se confirme definitivamente que la situación de los beneficiarios a finales de 2020 se correspondía con la exigida para poder percibirlas. Si esto no fuera así se deberá devolver el dinero recibido, advirtió el consejero de Vivienda. Para esta medida extraordinaria se ha consignado un gasto de 20,6 millones de euros.

Debido a los problemas burocrático y de tramitación que generan las subvenciones, Franquis adelantó que la intención de su departamento es que las ayudas al alquiler de la vivienda para las familias más vulnerables formen parte como un complemento de la renta canaria de ciudadanía, cuya ley prepara la Consejería de Derechos Sociales y que espera aprobar antes de finalizar este año. El titular de Vivienda aseguró que el objetivo es convertir esta ayuda en una prestación económica, lo que ahorraría las dificultades propias de las subvenciones y sería más rápido porque entraría directamente como una prestación ligada a la renta de ciudadanía. Por ello, Franquis espera que la próxima convocatoria de ayudas al alquiler, que saldrá en breve, sea la última con esta modalidad y que las siguientes ya sean a través del nuevo procedimiento. El consejero espera que en el nuevo lanzamiento se beneficien unas 15.000 familias como ya sucedió en la anterior convocatoria.

El decreto ley que aprobó el Ejecutivo a finales de diciembre tiene también entre sus prioridades agilizar la ejecución del Plan de Vivienda 2020-2025, aprobado por el Parlamento el pasado 2 de diciembre por unanimidad. Franquis recalcó que este octavo programa autonómico dirigido a paliar la demanda de casas sociales prevé la construcción de 5.974 viviendas en los próximos cinco años. El plan prevé la existencia de viviendas públicas de régimen especial, cuya construcción corresponderá al Instituto Canario de la Vivienda, y de régimen general, que podrán ejecutar la empresa pública Visocan o la iniciativa privada, que hará entre 450 y 500, siendo todas destinadas al alquiler. En un año se prevé el inicio de las construcciones, mientras tanto se comprarán viviendas vacías terminadas o casi finalizadas.

El consejero precisó que la cuantía máxima del alquiler mensual de las viviendas públicas de régimen especial será de 228 euros, mientras que la de las de régimen general oscilarán entre los 330 y los 441 euros, en función del nivel de ingresos de sus arrendatarios. En este último régimen entran los pisos que construya Visocan o las empresas constructoras privadas. Franquis añadió que el precio del alquiler se ha pactado con las patronales de la construcción de las Islas.

Otras de las cuestiones más relevantes que se plantean en el decreto ley es la participación directa que se le da a los ayuntamientos en la gestión del plan de vivienda, lo que supone una mayor agilidad por parte de las corporaciones municipales a la hora de ceder el suelo necesario para la construcción de casas sociales, sobre todo en aquellos municipios con más demanda, es decir, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Franquis también destacó que la norma autoriza a la Consejería a contratar directamente a personal para agilizar la gestión de las ayudas al alquiler y otros procesos administrativos que requiere el plan de vivienda. El consejero puso como ejemplo a los 18 efectivos que se han contratado para gestionar las ayudas del Covid y ahora se pretende contratar más personal para la nueva convocatoria de ayudas. “Tenemos recursos para hacerlo y el Gobierno no va a escatimar en medios humanos para agilizar la puesta en marcha del plan de vivienda”, aseguró.