Primera jornada de paro de las seis convocadas para exigir la consolidación en sus puestos de los trabajadores temporales e interinos de la Administración autonómica. Puntual afección en comedores escolares, sobre todo en Gran Canaria, y en el servicio de Dependencia, en el que la densidad de trabajadores temporales es más elevada. Los convocantes, los sindicatos Sepca, Intersindical Canaria (IC) y Co.bas, y la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de ley de Canarias (Pefralca), estiman que el conflicto ha llegado a un callejón sin salida, por lo que rechazan volver a sentarse con la directora general de Función Pública, Laura Martín, y exigen la presencia en la mesa del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.
“La puerta de mi despacho está abierta y la mano siempre tendida para negociar”, aseguró Martín tras conocer la negativa de los representantes de los trabajadores a prolongar las conversaciones con ella. De hecho, la directora general tenía la intención de reunirse con ellos el próximo miércoles, día en el que, además, el comité de huelga valorará el primer asalto y establecerá correcciones de cara al viernes, segundo día de huelga.
¿Cómo es de grande la distancia que separa a la directora general y los sindicatos? Dan una idea los datos de seguimiento del paro ofrecidos por unos y otros. El coportavoz del comité de huelga Rafael Rodríguez (IC) aseguró que el 55% de todo el personal se había adherido a la protesta “y casi el 90% de los afectados” por la temporalidad. Por su parte, Pefralca consideró la cita “un éxito absoluto” al cifrar en un 90% del total de 4.000 trabajadores temporales del Gobierno de Canarias” los que acudieron a la llamada.
Desacuerdo absoluto
Por contra, desde la Dirección General de Función Pública se redujo el porcentaje hasta el 3,53% de los “7.596 efectivos” llamados a trabajar en el día de ayer. “El recuento no es nuestro, sino de la empresa externa que se ocupa del control horario”, aclaró Martín. Es decir, el desacuerdo entre las partes es absoluto y ni siquiera el punto de partida es el mismo a la hora del recuento.
El total de trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, la suma de funcionarios y personal laboral que no están en la rama sanitaria ni la docente asciende a 11.700 personas. Entre todos ellos, están quienes tienen una plaza ganada y reconocida y quienes llevan años, más de 20 en algún caso, desempeñando su labor en el sector público sin que se les haya dado fijeza. Son estos últimos, siempre que hayan superado los tres años de contratos temporales, los que exigen que se les respete el empleo.
Se niegan a someterse a una oposición en la que se obvie la experiencia adquirida en el pasado y el valor añadido que han aportado a la Administración. Existen departamentos creados por personal temporal. Por ejemplo, el que gestiona la Dependencia. María Dolores Díaz superó un concurso oposición tras aprobarse la ley que debe dar respuesta a las necesidad de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Ayer se erigió en portavoz de sus compañeras: “Llevamos catorce años como temporales”, señaló sobre ella y quienes la acompañan en la tarea de hacer efectiva la norma.
No entienden, sobre todo, por qué nadie hasta la fecha ha dado solidez a un servicio que requiere de más personal para prestarse en condiciones medianamente óptimas. De aquel comienzo recuerda que estuvieron “dos años sin contrato”, de modo que según entraban sus caso en los tribunales, el Gobierno de Canarias se allanaba a las demandas porque sabía que no tenía opción. Desde entonces son “temporales indefinidas”, denominación que existe por más que tenga apariencia de contradicción de base.
Según Isabel Naranjo, “se tarda entre cuatro o cinco meses para formar a una persona” en el sistema de Dependencia. Pasado el primer año se puede considerar que el trabajador es plenamente operativo. “Si ahora nos vamos todas a la calle, ¿qué ocurrirá?”, alertó sobre un eventual caos Díaz. El de Dependencia es uno de los servicios que en mayor medida se decantó por parar ayer. No obstante, del poco más del centenar de efectivos, “menos del 10% tiene plaza fija”, detalló la misma trabajadora.
De las trece escuelas infantiles, doce abrieron sus puertas; la restante no aportó datos. De ellas, solo cinco pudieron prestar el servicio con normalidad. Mayor incidencia hubo en los comedores escolares, sobre todo en Gran Canaria. De ello se quejó el presidente de la Federación de Ampas de Gran Canaria Galdós, Sergio de la Fe, para quien fue la “falta de previsión de la Consejería de Educación” regional la que provocó que una “parte importante del alumnado de la Isla” se quedara sin el servicio. En el departamento de Manuela de Armas declararon un seguimiento ligeramente por debajo del 30%.
Laura Martín explicó que atender las demandas de los trabajadores temporales solo es posible si se cambia la ley, “pero es normativa básica para todo el Estado”. Es decir, en opinión de la directora general, “están montando una protesta al Gobierno de Canarias”, que poco tiene que hacer al respecto. Sin embargo, los trabajadores concentrados ayer ante las sedes de Presidencia de ambas capitales canarias –por encima del medio millar– están convencidos de que se trata de que exista voluntad política. Podemos, formación socia del PSOE en los ejecutivos central y canario, les apoya en su demanda de una estabilidad que también exige Bruselas.
La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, señaló que una “de las grandes exigencias” de quienes hoy convocan los paros “era la fijeza” de sus puestos de trabajo. Sin embargo, lamentó que al poco de iniciar el camino en ese sentido dijeron que lo querían, “pero no con las reglas que había, sino con otras y esta Administración no puede negociar al margen de la legalidad”. Martín señaló que cuando accedieron a sus puestos en el sector público sabían en qué condiciones lo estaban haciendo y que los puestos no eran fijos. Al final del pasado año aparcó un catálogo integrado por 2.949 puestos a la espera de si Madrid movía ficha en las cuentas estatales para dar forma las exigencias de Bruselas de reducir la tasa de temporalidad y que los sindicatos descartan por escaso. “No hemos visto nada [en el presupuesto] y lo lógico es retomar la negociación”, explicó.
El coportavoz del comité de huelga Manuel González incidió en que los sindicatos convocantes de las movilizaciones, Intersindical Canarias, Co.bas y Sepca –al que él pertenece– representan al 75% de los trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sobre el futuro del conflicto señaló la necesidad de que sea el consejero de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, Julio Pérez, quien se reúna con ellos, del mismo modo que lo hizo “el de Sanidad, Blas Trujillo” cuando el problema se ciño a dicho departamento. Para la solución, explicó que Pérez debe “aceptar unas exigencias muy básicas: nada de oposición, los que están, que muchos llevan más de veinte años se quedan”. Además cargó contra el hecho de que haya sido “un gobierno del PSOE, junto a otros partidos de los que se llaman progresistas”, el que haya abierto la caja de los truenos de esta manera.
