El inicio del nuevo año no va a marcar un antes y un después en las relaciones entre Canarias y el Estado. Al menos durante la primera mitad de 2021, la agenda isleña en la política nacional va a estar centrada en los mismos asuntos con los que se despidió 2020, es decir, las situaciones derivadas de la pandemia sanitaria y de la crisis migratoria que han ocupado a los gobiernos central y regional durante los últimos meses. No hay nada que, por el momento, pueda hacer pensar en “pasar página” e iniciar una dinámica de cierta normalización en el sentido de empezar a abordar la agenda que se puso sobre la mesa en el arranque de la legislatura autonómica en julio del 2019, y de la estatal a comienzos del año pasado. Pero en el ánimo del Gobierno regional está retomar lo antes posible esos asuntos pendientes previos a la aparición de la Covid-19.

Esta situación lleva a ambas partes a la conclusión de que esa agenda se va a intensificar en los próximos meses y que el futuro de las relaciones a largo plazo estará condicionado por las respuestas inmediatas que dé el Estado a las dos crisis que azota a las Islas. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez considera que una tercera parte de los compromisos de investidura respecto a las Islas están ya cumplidos, a partir de los 45 puntos del acuerdo firmado con NC para el apoyo de esta formación a su permanencia en La Moncloa, y de que casi la mitad lo estarán en el próximo mes de junio, ambos ejecutivos son conscientes de que el contexto político, social y económico exigen nuevos hitos y objetivos muy distintos a los inicialmente establecidos.

En el suma y sigue en que, por tanto, se enmarca la acción política de ambos gobiernos para el nuevo año, la lucha contra la pandemia y sus devastadores efectos económicos en las Islas es el principal objetivo, y ofrecerá sus primeros resultados tras la aplicación de la serie de medidas que, desde una y otra parte y en distintos ámbitos, de han anunciado o puesto en puesto ya en práctica a lo largo de 2020. La primera será sin duda el verdadero efecto que la campaña de vacunación tendrá sobre el control de la enfermedad a medio plazo, aunque esto dependerá obviamente de la evolución de la pandemia en toda Europa para un posible regreso del turismo internacional al destino canario en la temporada de verano. Paralelamente, el Estado deberá concretar los planes de ayuda al sector y de qué forma éstos incidirán en las Islas una vez constatada la inexistencia de un plan específico para el Archipiélago pese a ser el territorio con más caída del PIB, y donde el desempleo más se ha disparado, como han constatado todos los informes económicos de balance de 2020.

En este sentido, una de las cuestiones que ya se están reclamando con más intensidad desde distintos ámbitos en las Islas es la necesidad de prorrogar los ERTE hasta al menos finales de junio, así como acelerar la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para paliar la situación de desprotección de miles de canarios afectados por la pobreza o el paro. En el ámbito económico, la respuesta a la crisis en las Islas también se deberá concretar desde el Estado en el desarrollo de los Presupuestos que acaban de entrar en vigor, y en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, tanto de los que ya están preasignados, como los que estarán condicionados a los proyectos que se presenten desde cada comunidad autónoma.

Respecto a la crisis migratoria, el otro gran asunto de la agenda canaria con el Estado en el inicio del año, el Gobierno central tiene aún por desarrollar la gran parte de sus anuncios y compromisos, y con muchas dificultades de poder materializar los más importantes de ellos: convencer a Europa de una política común al respecto y solidaridad en la carga de migrantes; repatriaciones a los países de origen de las personas que llegan a Canarias; derivaciones ordenadas, transparentes y continuadas a la Península; y negociar, junto al Ejecutivo regional, con las demás comunidades autónomas la tutela de parte de los más de 2.400 menores no acompañados que ahora desbordan la capacidad de acogida en las Islas.

Pero el nuevo año también abre nuevas páginas de relaciones entre Canarias y el Estado que, o bien han estado cerradas por la urgencia de los asuntos antes descritos, o porque su calendario previsto estaba aún por llegar.

Es aquí donde el Gobierno de Canarias pretende iniciar una nueva dinámica para que, en la medida de lo posible, se reabran los asuntos pendientes de gestión y relación ordinarias que se han aplazado o estancado durante casi todo 2020. Y ello conllevaría el rescate de una amplia agenda de cuestiones a negociar entre consejerías y ministerios que se plantearon en el inicio de las legislaturas regional y estatal y que, de facto, el Ejecutivo del pacto de las flores pretende desarrollar, si se consigue superar la crisis sanitaria a partir de mitad de año, en el tramo central de su gobierno y antes de que un nuevo horizonte electoral pueda derivar en crisis internas.

Además de los obligados contactos con los ministerios del Interior, Migraciones o Trabajo para los asuntos relacionados con las emergencias actuales, la primera y más importante cita de este tipo, aunque sin fecha concretada, sería la del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Sebastián Franquis, con su homólogo en el Gobierno central, José Luis Ábalos, con la revisión del convenio de carreteras como uno de los asuntos importantes a abordar, y en concreto la forma en cómo se hará efectivo el pago de la deuda pendiente en esta materia, particularmente los 100 millones previstos en los nuevos Presupuestos estatales.

También hay reuniones pendientes con la mayoría del resto de ministerios, incluidos Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica (con la renovación del convenio de obras hidráulicas y los planes de transición energética sobre la mesa); Agricultura (con los efectos del bréxit como asunto principal); o Política Territorial y Función Pública (desarrollo de la reforma del Estatuto), entre otros. Muchos de estos asuntos están entre aquellos que el informe hecho público en las navidades por el presidente Pedro Sánchez, sobre el cumplimiento de los compromisos de la investidura, asume que están por cumplir, algunos de ellos con previsión de se completen en junio, pero otros pendientes de iniciarse.

Otra cartera para Darias

Entre las novedades que se avecinan en el inicio del nuevo año relacionadas con Canarias o responsables políticos de las Islas en el ámbito estatal destaca el anunciado, aunque aún no confirmado, pase de la actual ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, al ministerio de Sanidad en sustitución de Salvador Illa tras la designación de éste como candidato socialista en las elecciones de Cataluña, previstas para el 14 de febrero. El cambio de destino de la socialista canaria supondría un contratiempo en las aspiraciones de la Comunidad Autónoma de llevar a cabo un proceso de negociación favorable a sus intereses en el traspaso de las doce nuevas competencias contenidas en la reformada carta magna canaria.

Un nuevo titular no originario de las Islas en ese departamento, al que compete coordinar ese proceso, podría ser menos diligente con las aspiraciones canarias. Con todo, cabe recordar que la comunicación entre el actual Ejecutivo regional y la aún ministra de Política Territorial, no ha sido excesivamente buena, y que desde el gabinete de Ángel Víctor Torres se ha visto a la que fuera su consejera de Economía sin ninguna complicidad con las distintas reclamaciones isleñas ante el Gobierno de Sánchez. Le achacan una visión centralista en los contenciosos más o menos abiertos entre Canarias y el Estado. En el ámbito parlamentario, se espera la convocatoria este mismo mes del Debate sobre el Estado de la Nación, el primero desde hace seis años y en el que los partidos canarios en el Congreso, CC y NC, solicitarán a Sánchez, desde muy distintas posiciones políticas, su balance sobre la situación en Canarias, una circunstancia que constatará la ruptura de estrategia que las dos formaciones nacionalistas pactaron en su alianza electoral de 2019.