Los juzgados de la Comunidad Autónoma mantienen inmovilizados 166 millones de euros. Es la suma de los depósitos para fianzas, para garantizar el pago de las costas, para responder de un embargo o para asegurar que las víctimas de una estafa, por ejemplo, cobrarán la correspondiente indemnización. La mayor parte de esos fondos permanece retenida y fuera del circuito económico en espera de sentencia o de cualquier otra resolución judicial que la desbloquee. En ocasiones incluso pasan años antes de que el dinero congelado en un determinado procedimiento se ponga de nuevo en circulación. El problema, por tanto, es que el casi endémico colapso que sufren los juzgados y tribunales españoles, de forma particular en Canarias, ralentiza el regreso de esas varias decenas de millones de euros —miles de millones en todo el país— a la economía real. De hecho, la cuantía ociosa en las Islas no ha dejado de crecer en los últimos años conforme juristas y abogados alertaban, cada vez con más énfasis, sobre la saturación de trabajo en los órganos judiciales de la región. Sea como sea, lo cierto es que el montante bloqueado en el Archipiélago se mantuvo en máximos en el recién finalizado 2020 y amenaza dispararse aún más a lo largo de este año por el más que previsible aluvión de nuevos casos por despidos, suspensiones de empleo —ERTE y ERE—, embargos y hasta subastas.
El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes —ahora presidente en funciones—, ha lamentado en más de una ocasión la falta de medios para una Justicia más ágil y veloz y ha reconocido que es precisamente la lentitud del sistema una de las causas de la parálisis de esa ingente cantidad de dinero. Sin embargo, las advertencias de Lesmes se han echado en saco roto, y así lo evidencian los datos suministrados por el mismo CGPJ.
La crisis financiera que se inició con el crac de finales de 2007 dio lugar a un notable incremento de la actividad judicial. Y en paralelo se incrementaron los fondos ociosos en la cuenta de depósitos y consignaciones. No en vano, a esa cuenta va a parar el dinero de las fianzas para no entrar en prisión, pero también las indemnizaciones, las multas que imponen los jueces o las sumas embargadas. Todas esas cantidades se congelan hasta que haya una sentencia o resolución firme, es decir, hasta que el caso en cuestión termina todo el recorrido judicial o una de las partes desiste de la causa. Solo entonces, y en virtud de lo que la Justicia resuelva en última instancia, el dinero se le reintegrará a su dueño o se empleará en el pago efectivo de indemnizaciones, multas o costas procesales. Así pues, aquel sensible incremento de casos durante la crisis financiera saturó los juzgados isleños, ralentizó al mínimo el ritmo de resolución de litigios y, en consecuencia, engordó un 14,5% la cuenta de depósitos y consignaciones en la Comunidad Autónoma. Los menos de 126,1 millones de euros que había en la particular caja fuerte de la Justicia en las Islas a finales de 2010 —año a partir del cual el CGPJ publica datos al respecto— ya eran cerca de 144,4 millones en 2017. Y la tendencia continuó en 2018, cuando el saldo se mantuvo a lo largo del año en una media de 167 millones, cifra equivalente a la actual cuantía. En esos guarismos permaneció también en 2019, y a comienzos del año pasado, cuando el coronavirus aún parecía un problema circunscrito a la remota China, incluso se redujo a 161,2 millones. No obstante, a fecha de 30 de septiembre, que es hasta donde abarca la información suministrada por el órgano de gobierno de los jueces, volvió a incrementarse hasta los susodichos 166 millones de euros, de nuevo en máximos.
En todo el país son la friolera de 4.353 millones los que están inmovilizados en espera de sentencia o resolución judicial firme. Para hacerse una idea de la magnitud de esta cantidad basta con apuntar que equivaldría a un 9,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias; a un 18% del PIB del Principado de Asturias; o a la mitad del de La Rioja. Hay que puntualizar, eso sí, que esos 4.353 millones de euros al cierre de septiembre de 2020 suponen una leve reducción —de un 0,57%— respecto del segundo trimestre. En cambio, los 166 millones de Canarias significan una subida del 3%.
El Estado gana
Aunque los ciudadanos y las empresas, en definitiva la economía real, pierden con esas grandes sumas de dinero bloqueadas por la lentitud de la Justicia, sí hay alguien que sale ganando: el Estado. ¿Por qué? Porque los intereses que devengan esos multimillonarios depósitos se los queda el Tesoro Público. Y no es moco de pavo: unos 18 millones cada trimestre, de los que alrededor de 700.000 euros corresponden al Archipiélago, 233.000 euros mensuales.
Una encomienda por la que los bancos se ‘pelean’
En la actualidad es el Santander el banco que tiene encomendada por el Estado la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. La entidad que preside Ana Botín renovó el contrato, que se adjudica por concurso público, en enero de 2019. Un contrato muy jugoso por cuanto son miles de millones de euros los que el banco ganador pasa a gestionar —más de 4.000 millones en la actualidad, 166 millones de euros solo en Canarias—, de ahí que las entidades se peleen por hacerse con él. El Ministerio de Justicia es consciente de ello y, de hecho, la mayor o menor cantidad que cada banco esté dispuesto a pagar al Estado en forma de intereses es uno de los criterios que se valoran en el proceso de adjudicación. De algún modo, por tanto, dos son los actores que obtienen cierto beneficio del colapso judicial, de la consecuente ralentización del ritmo de resolución de litigios y, en definitiva, de que la cuenta de depósitos y consignaciones engorde cada vez más: el Estado, con el cobro de mayores intereses, y el banco de turno, con cada vez más dinero bajo su gestión. El Tesoro Público percibe al cabo del año por los intereses devengados por esta cuenta alrededor de 70 millones de euros, una cuantía en nada despreciable.
