La pandemia agrava el colapso judicial con 153.000 casos en la lista de espera

Lo cierto es que los tribunales de la región viven, en general, una casi endémica sobrecarga de trabajo. La pandemia ha agudizado así un mal que viene de lejos y que ya se había acentuado por las miles de reclamaciones por cláusulas bancarias abusivas, que a su vez han dado lugar a miles de litigios. José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, recuerda que esas reclamaciones se “deglutían” entre los distintos juzgados hasta la constitución de los órganos judiciales especializados en la materia, donde se ha producido un cuello de botella que ya había aumentado el número de causas paralizadas en Canarias. No en vano, si un juzgado normal tramita cada año alrededor de 1.200 asuntos, uno dedicado a las cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas llega a tramitar unos 6.000. Un embudo que ahora cuando la pandemia ha paralizado la actividad judicial se convierte en un agravante.

En marzo del año pasado, el mes en que Pedro Sánchez decretó la alarma nacional para contener el avance del coronavirus, los tribunales de la Comunidad Autónoma tenían pendientes un total de 138.736 casos. El 30 de septiembre, que es hasta donde abarca la información suministrada por el CGPJ, ya eran los susodichos 153.491, esto es, 14.755 más. Para hacerse una idea de la magnitud de este incremento basta con apuntar que nunca se había producido un aumento tan grande del número de asuntos en trámite en tan solo seis meses. Y el aumento se dio en todas las jurisdicciones. Las causas paralizadas en la jurisdicción civil se dispararon en 6.383; en la penal lo hicieron en 5.162; en la contencioso-administrativa se incrementaron en 220; y en la jurisdicción de lo social, en 2.990. Ante este panorama, jueces, juristas y abogados contienen el aliento para que la situación no degenere hasta el punto que lo hizo en 2010. Entonces, cuando ya había llegado a los juzgados un sinfín de casos por impagos, desahucios, lanzamientos, quiebras y despidos ocasionados por el crac financiero de 2007, el colapso fue de tal magnitud que llegaron a contabilizarse 175.000 causas paralizadas en el Archipiélago. De momento no se han repetido esos guarismos, pero todo parece que es cuestión de tiempo. Así lo predice la tendencia: los tribunales canarios no acumulaban más de 150.000 litigios en lista de espera desde 2011, hace justamente diez años. Nunca desde entonces un año judicial había finalizado por encima de esa cantidad de asuntos pendientes hasta 2020, y hay que tener en cuenta que los 153.491 contabilizados a 30 de septiembre serán varios miles más cuando el CGPJ disponga de los datos de cierre de ejercicio. Todo ello a la espera de lo que ocurra en un 2021 que en lo judicial “será peor” que el año pasado.

El aluvión de despidos, ERTE, quiebras empresariales e impagos que trae consigo la Covid-19 avanza que lo peor está por llegar. Es algo que ha reconocido incluso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ya en mayo, cuando la pandemia aún ocultaba su verdadera dimensión, avisaba de que la litigiosidad se duplicaría en 2021. Los abogados laboralistas se han manifestado a lo largo y ancho del país para denunciar los retrasos en procedimientos judiciales de asuntos tan “sensibles” como despidos o suspensiones de empleo (ERTE o ERE). Y aunque el Ministerio anunció tres nuevos juzgados en las Islas para aliviar la situación pos-Covid —dos de lo Social y uno de lo Mercantil—, los letrados tienen claro que no son suficientes, apunta Niederleytner.