La mayor crisis económica de la historia reciente ha dejado uno de los años más prolíficos para el diálogo social en España. Parafraseando la novela de Gabriel García Márquez, los tiempos del Covid han sido, hasta ahora, tiempos de consensos entre patronales y sindicatos. El 2020 se caracterizó por un elevado apoyo por parte de esos agentes sociales a las decisiones económicas del Ejecutivo. Un año en el que el diálogo social, con la ministra Yolanda Díaz como celestina, consiguió sacar adelante cuatro renovaciones de los ERTE, una nueva ley de teletrabajo y una subida del salario mínimo.
Tan productivo durante la emergencia ha sido el idilio como tormentosas se vislumbran las mesas a partir de 2021. Año en el que el buen entendimiento del Gobierno, la patronal y los sindicatos se pondrá a prueba ante los retos que suponen derogar parte de la reforma laboral, reestructurar las pensiones y cerrar capítulos como la ley rider y el salario mínimo.
La gran valedora (y veladora) de ese frente común de los agentes sociales es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Haciendo de la necesidad virtud, la dirigente de Unidas Podemos ha conseguido sacar adelante muchos de sus postulados en el seno del Gobierno de coalición en el que está en minoría. Presentándolos no como propios, sino como fruto del acuerdo con patronal y sindicatos. Lo que le ha supuesto, entre otros, ser la cuarta ministra mejor valorada del Ejecutivo, según reveló el último barómetro del CIS.
Y en la bancada de los agentes sociales ha hallado a interlocutores dispuestos a hablar. Del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, habituales de las mesas del diálogo destacan su carácter “afable” y “moderación”. Moderación que comparten, desde sus respectivos intereses y estilos, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. Ajenos al ruido político que ha retumbado en el Congreso en más de un día clave durante la pandemia, los agentes sociales han alcanzado acuerdos desde el desacuerdo.
Cuatro renovaciones de los ERTE le ha puesto encima de la mesa la ministra Díaz a Pedro Sánchez, además de una ley del teletrabajo y la anterior subida del salario mínimo. El único borrón del 2020 fueron los reglamentos para las leyes de igualdad, de los que se acabó descolgando a última hora la patronal. Díaz ha priorizado las batallas urgentes y las que tenía posibilidades de ganar y a postergado aquellas en las que podía embarrar. No obstante, a su equipo le quedan por abrir melones complicados. Aquellos que van más allá de apagar el fuego y reformulan los cimientos del edificio laboral.
¿Fin del romance? Ya antes de irrumpir la pandemia, Díaz marcó terreno con la negociación exprés de la subida del salario mínimo a 950 euros, cerrado a los diez días de constituirse el Consejo de Ministros. Pero esta misma asignatura le ha quedado pendiente al diálogo social para este año, con una patronal enrocada en la congelación hasta 2022 y un Gobierno dividido. Al igual que la nueva ley rider, que lleva en conversaciones más de un mes, con otro enroque por parte de la patronal.
La titular de Trabajo está priorizando al máximo que las partes continúen sentadas en la mesa de negociaciones, aunque ello sea a costa de alargar las mismas o de posponer la reapertura de algunas cuestiones espinosas. “No me gusta poner plazos al diálogo social”, repite con frecuencia la propia Díaz. No obstante, hay temas que piden paso. “Tarde o temprano llegará ese momento en el que no todos podamos estar de acuerdo”, señala un dirigente sindical consultado. La reforma laboral y la de las pensiones se presentan como dos grandes rubicones que Trabajo quizá tenga que cruzar de la mano de no todos los agentes.
En materia de contrarreforma laboral, el compromiso recogido por el Gobierno en su Plan Anual Legislativo era volver a hablar de este tema antes de acabar 2020. No obstante, las mesas están todavía por reabrir y no será hasta el mes de febrero cuando previsiblemente se reanuden esas conversaciones. La subcontratación y sus límites se presentan como el asunto más espinoso, pues ya antes de la pandemia de coronavirus los empresarios manifestaban sus claras reticencias a aceptar los planteamientos de Trabajo.
En el otro lado de la balanza, los sindicatos comienzan a impacientarse, pues esperaban poder celebrar en el Primero de Mayo de 2020 la derogación de los primeros puntos de la reforma laboral del PP. Sin todavía señales concretas, comienzan a sonar tambores entre las centrales para elevar la presión sobre el Ejecutivo de PSOE y Podemos, al que gustan recordar que no debe confundir diálogo social con poder de veto para una de las partes.
Reforma de las pensiones
Si algo ha dejado claro la reciente negociación para revisar el SMI es que no solo en el seno del diálogo social precisan encontrar equilibrios las partes. Mientras la patronal ha hallado apoyos en el sector más conservador del PSOE para no subirlo, los sindicatos han cerrado filas junto a Trabajo para tratar de garantizar su alza.
Un esquema similar puede sucederse en la negociación de la reforma del sistema de pensiones, donde el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, pretende elevar la base de cotización de 25 a 35 años. Algo que rechaza contundentemente Díaz. “[Desde Unidas Podemos] no vamos a acompañar ningún recorte”, manifiesta. Ahí los sindicatos ya han avanzado que la acompañarán, mientras que la patronal no ha desvelado sus planes.
