La atención jurídica a los inmigrantes que están llegado a las Islas en cayucos y pateras ha tensado la relación entre la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias y los colegios de abogados. Los letrados denuncian que el Ejecutivo autonómico pretende que presten servicios profesionales extraordinarios sin la debida contraprestación, una asistencia jurídica que, además, no se da al resto de usuarios del turno de oficio.
La consejería que dirige Julio Pérez ha informado a los colegios de abogados de Canarias de su decisión de modificar “unilateralmente” los criterios de abono de las actuaciones profesionales a los abogados de oficio que asisten a los migrantes. Así lo avanzó el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en un comunicado público. El departamento del Gobierno regional comunicó a los letrados que no abonará los servicios que estos profesionales vienen prestando a estas personas, “modificando así el statu quo de lo que se venía haciendo conforme a lo acordado en anteriores reuniones, en las que ante la llegada masiva de migrantes se acordó que cada abogado de oficio asistiera a entre seis y siete de estas personas en las guardias de extranjería, lo que supone una cantidad de alrededor de 50 euros a abonar por cada asistido”.
Doble vía
El cambio que realiza ahora la consejería es que sin abonar ninguna otra cantidad, aseguran desde el Colegio de Abogados, el profesional deba llevar todo tipo de asesoramiento posterior a los migrantes, “incluyendo asistencias y recursos, tanto administrativos como contencioso-administrativos”. A su juicio, esto supone establecer una asistencia jurídica distinta de la que se presta a otras personas y conlleva una “clara vulneración” del derecho de asistencia jurídica gratuita, “así como una vulneración de los derechos que estas personas tienen de disponer de un servicio en las mismas condiciones que cualquier otra persona, con independencia de su raza, religión, sexo o procedencia”, ahonda el colegio.
