Las cifras marean. Canarias tendrá entre 2021 y 2023 más fondos que nunca procedentes de Europa para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia. Solo este año serán 747 millones de euros que, unidos a los 1.180 millones para inversiones incluidos en el presupuesto autonómico, suponen cerca de 2.000 millones de gasto público en este año. Pero la pregunta es si hay capacidad suficiente en la Comunidad Autónoma para gestionar y ejecutar esta ingente cantidad de recursos y la respuesta es que no, según se admite desde el propio Ejecutivo. La preocupación es ahora reducir la burocracia y los procedimientos administrativos, por un lado, y acometer un plan de choque para contratar personal de forma temporal para gestionar los fondos europeos, por otro. La Comunidad Autónoma necesita con urgencia al menos un centenar de técnicos cualificados porque corre el riesgo de quedarse sin los recursos asignados si no se ejecutan los proyectos vinculados a los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE.

El Ejecutivo busca el encaje jurídico para contratar a personal por un tiempo determinado sin que suponga su permanencia indefinida en la Administración. La base legal sobre la que se trabaja es el artículo 10 de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público en cuyo apartado C se establece que se podrán nombrar a funcionarios interinos para “la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto”. También en la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común se fija las condiciones de colaboración entre administraciones para la firma de convenios, en este caso entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma ya que la contratación de personal tiene que estar avalada por el Estado.

El primer paso en esta línea de necesidad perentoria de personal ya se ha dado con el recién aprobado Plan de Vivienda de Canarias. En el decreto ley publicado en el BOC del pasado 28 de diciembre se faculta a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda al nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de los programas del plan. “Los programas a ejecutar en el marco del Plan de Vivienda de Canarias tendrán la consideración de programas de carácter temporal para el nombramiento de funcionarios interinos, a efectos de lo previsto en el artículo 10.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”, recoge la disposición. Uno de los principales problemas de los que adolece este departamento es la falta de ingenieros y personal cualificado para realizar los proyectos y el seguimiento de las obras, siendo precisamente una de las áreas más inversoras y más beneficiadas por los nuevos fondos europeos.

Desde altas instancias del Ejecutivo regional se admite que la lentitud de los trámites administrativos y la falta de personal son los dos principales problemas a los que se enfrenta para poder ejecutar en tiempo y forma la lluvia de millones que vienen de Europa. Para lo primero el Gobierno central aprobó recientemente un decreto ley que simplifica algunos procedimientos administrativos que permitan agilizar la gestión de los fondos europeos de reconstrucción que vienen a España y que se reparten entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Se realizan modificaciones en la ley de contratos, de subvenciones, memorias ambientales y otras disposiciones. Pero también la Comunidad Autónoma canaria tendrá que hacer sus deberes y aprobar una normativa que simplifique procesos y trámites. Junto a esto hay departamentos como el ya mencionado de Obras Públicas y Vivienda, pero también Transición Ecológica, Derechos Sociales, Intervención, Agencia Tributaria o Turismo donde se requiere de personal ante el colapso existente actualmente para sacar adelante los procedimientos.

En principio la idea es la de realizar una contratación extraordinaria por tres años, el periodo de vigencia de estos fondos europeos de recuperación y resiliencia. El mecanismo sería alcanzar un acuerdo con el Estado para buscar una fórmula que permita esta contratación, ya que este tipo de fondos europeos requiere de la gestión y ejecución de los proyectos por adelantado para que después Bruselas abone la financiación. Todo aquel proyecto o inversión que no se gestione bien y no llegue a tiempo a Bruselas en el periodo estipulado se quedará fuera, algo que no se puede permitir Canarias ante el grave impacto de la crisis económica y social que está dejando el Covid.

El proceso actual de ofertas de empleo público no es operativo para esta situación de urgencia ya que el periodo mínimo desde que se publica una OPE hasta que se adjudican las plazas es de tres años. Ahora lo que se necesita son ingenieros, gestores, administrativos, técnicos y personal que se dedique a gestionar los fondos, hacerles un seguimiento y ejecutarlos en los plazos estipulados. El plan extraordinario de contratación debe especificar que se trata de plantilla vinculada a este mecanismo comunitario por un periodo temporal, con el fin de que no ocurra como en anteriores ocasiones ya que el personal se termina quedando y se incrementa la precariedad en la Administración.

En este sentido, algunos sindicatos representativos de los empleados públicos ya han advertido que se mantendrán vigilantes ante este nuevo escenario para evitar el agravamiento de la interinidad que acumula la Administración autonómica. Después de años en los que no se convocaron ofertas de empleo público ni se cubrieron las plazas de las tasas de reposición, la Administración paga ahora las consecuencias de ineficacia y lentitud en la tramitación de los expedientes.

Nuevas vías para generar listas de empleo

El Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas negocian un mecanismo de financiación que permita a las regiones adelantar los proyectos acogidos a los fondos europeos de recuperación por el Covid. Bruselas paga los mismos una vez ejecutados y certificados en función de las condiciones del mecanismo comunitario. En esta negociación también entran aspectos como los procedimientos administrativos más adecuados para agilizar la tramitación de los proyectos y ejecutar las partidas y las necesidades de recursos humanos que requieren las administraciones autonómicas para gestionar los fondos en el tiempo de vigencia del mecanismo, que es el periodo 2021-2023. Existe incluso la posibilidad de que en este plan de choque para contratar nuevo personal también se puedan acoger técnicos cualificados de otras administraciones públicas, como ayuntamientos y cabildos, de forma temporal en comisiones de servicios u otras modalidades existentes en el ámbito de la Administración pública. Además, en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, que entró en vigor el pasado viernes, se ha introducido un apartado en el capítulo referido al personal interino en el que se faculta a la Dirección General de Función Pública a la generación de listas de empleo para cubrir vacantes. Hasta ahora este tipo de listas sólo se podían tener en Educación y Sanidad pero no en el ámbito de la Administración General; ahora la Consejería de Administraciones Públicas buscará los mecanismos legales y jurídicos para contar con esta opción también en el resto de consejerías a fin de poder contar con personal temporal para cubrir las necesidades que surjan y siempre que no choque con la legislación básica del Estado, que también tendrá que flexibilizarse para adaptarla a las actuales circunstancias de necesidad de personal con el fin de gestionar y ejecutar los más de 26.000 millones de euros que recibirá España en tres años para recuperarse de la crisis del Covid-19. | R.A.D.