El Gobierno canario da luz verde para que los ayuntamientos puedan ampliar y reformar las escuelas infantiles con financiación propia o en colaboración con otras administraciones, crear nuevas y asumir su titularidad o cederla a otras instituciones. Los municipios han asumido con el paso de los años la responsabilidad de la educación infantil de 0 a 3 años como una competencia que no le corresponde con escuelas –antiguas guarderías– y personal para cubrir una demanda que está mayoritariamente gestionada por la iniciativa privada hasta en un 70%. Ahora la Comunidad Autónoma asume su parte de responsabilidad para potenciar la gestión pública de este tipo de educación.
Canarias sufre actualmente un grave déficit en educación infantil. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la tasa neta de escolaridad de 0 a 2 años en las Islas es sólo del 22,6%, frente al 39,6% de la media nacional (un 35% frente a un 61,4% en los 2 años) y con una edad media de acceso de 2,5 años, frente a los 1,9 años de la media estatal. Todo ello agravado por la escasa implantación de la escuela pública, 10 puntos porcentuales inferior que en el conjunto de España.
La crisis económica del 2008 y ahora la provocada por el Covid-19 ha acrecentado las dificultades de muchas familias canarias que no tienen acceso a la educación infantil. Según los últimos datos disponibles, la mitad de los municipios de Canarias tiene dificultadas para ofertar plazas para esta etapa educativa y en 30 de ellos no se oferta ni una sola plaza ni en centros públicos ni privados, o lo que es lo mismo: en 30 de los 88 municipios de Canarias no hay escuelas infantiles, ni públicas, ni privadas.
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, indicó ayer que con este decreto se da cobertura para que los ayuntamientos puedan realizar obras en los espacios de las escuelas infantiles sin los problemas que hasta ahora ponían los servicios jurídicos o la Intervención de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se trata del primer paso para que las escuelas infantiles sean asumidas por distintas administraciones, entre ellas la Comunidad Autónoma, si hay ayuntamientos que no pueden asumir el coste de su mantenimiento. De hecho, se habilita a los consistorios para mantener y gestionar las escuelas de su titularidad, ya sea mediante gestión directa o mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos del sector público.
Asimismo, en la medida de las posibilidades de cada municipio y en el marco de su autonomía, se eliminan los obstáculos para la implantación de nuevas unidades o la ampliación o mejora de las existentes, si fuera preciso, para dar respuesta a la situación social derivada de la crisis del Covid-19.
La fórmula de gestión y de cooperación entre la Comunidad Autónoma está por definir , por lo que este decreto es una transición hasta que se fije el modelo de gestión de la educación infantil de 0 a 3 años.
La Comunidad Autónoma es actualmente titular de 13 escuelas infantiles: ocho en Tenerife, cuatro en Gran Canaria y una en La Palma, a todas luces insuficiente ante la amplia demanda existente, a las que hay que añadir las municipales, que soportan esta competencia impropia.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la adecuación de la inversión necesaria para la modificación del concierto educativo de las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Educación Especial para los cursos de 2020/2021 a 2022/2023, por un importe cercano a los 59 millones de euros.
Esta inversión en concreto se destina a los gastos de funcionamiento de las unidades concertadas en los centros privados de las Islas, conforme al acuerdo adoptado por la Comisión del Concierto Educativo, el pasado 14 de mayo, y supone un incremento de 48.924,28 euros. La aportación de la Consejería para los gastos de funcionamiento de las unidades concertadas en Educación Infantil ascenderá a 11,4 millones, mientras que para Educación Primaria será de 24 millones. Asimismo, 12,3 millones de euros cubrirán los gastos de Educación Especial, tanto básica como de tránsito a la vida adulta.
