El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado al fin los 16,5 millones de euros para compensar los sobrecostes de la desalación y el agua de riego en Canarias. El Ejecutivo estatal cumple así in extremis la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma, al menos en lo relacionado con estas dos partidas. En concreto serán 8,5 millones para subvencionar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua de mar, de vital importancia en islas como Lanzarote y Fuerteventura, y otros ocho millones de euros para abaratar el agua de regadíos agrícolas.
Los 16,5 millones de euros llegarán a las arcas regionales en forma de transferencias directas que el Gobierno central justifica sobre la base de “razones de interés público, social y económico”. No obstante, hay que recordar que la partida para el agua de riego agrícola está incluida en el REF, de modo que el Ejecutivo de Sánchez venía incumpliendo los dictados del particular fuero autonómico.
El beneficiario de la subvención es, en este caso, el Gobierno de Canarias, que deberá elaborar el programa de las actuaciones concretas que van a ser objeto de financiación y los importes máximos de financiación para cada una de ellas.
“El importe de la subvención se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria de nueva creación para subvencionar las plantas potabilizadoras de agua en Canarias del presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica, que está consignada en la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2019”, explicó La Moncloa. En el caso del agua de riego, la Comunidad Autónoma deberá desarrollar un programa de ayudas bajo la modalidad de concurrencia competitiva que garantice una gestión eficiente del agua con destino al riego agrícola, según lo establecido en la Ley General de Subvenciones de 2003 y cumpliendo con el derecho de la Unión Europea.
Para el cálculo de las ayudas, el Gobierno canario tendrá en cuenta los costes incurridos por los beneficiarios en la obtención del agua para riego agrícola que precise de la utilización de recursos procedentes de la desalación y de la extracción de aguas de pozos o de galerías para riego agrícola en el periodo de referencia del programa de ayudas.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, mostró ayer su satisfacción por la aprobación en el Consejo de Ministros —el penúltimo de 2020— de estas ayudas. Vanoostende valoró que el Gobierno de España “haya cumplido con Canarias” y anunció que en las próximas semanas sacarán la convocatoria de estas ayudas, “fundamentales en una comunidad en la que el regadío supone casi un 70 por ciento de la superficie cultivada”, dijo.
En esta línea, la consejera intercedió por el Estado y recordó que todos los años se producen retrasos en la aprobación de esta medida, “a lo que hay que sumar la demora propia de la situación de crisis sanitaria”, que no ha sido impedimento “para garantizar el pago de las ayudas al sector agrícola en 2021”, subrayó. Vanoostende subrayó asimismo que con estas subvenciones “se garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar el sobrecoste”.
