El Gobierno de Canarias quiere modificar a partir de 2021 el sistema de reparto a las ONG de los fondos procedentes de la recaudación del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El objetivo es que este dinero se distribuya de una mejor manera entre las entidades que prestan servicios sociales en el Archipiélago, ya que algunas de ellas, agrupadas en la Coordinadora de Acción Social de Canarias, denuncian que con el actual sistema la mayor parte de estos fondos van a parar a organizaciones con presencia nacional e internacional, mientras que muchas asociaciones canarias se han quedado sin financiación para sacar adelante sus proyectos.

El director general de Derechos Sociales, Francisco Javier Bermúdez, explica que a pesar de que para la convocatoria de 2019 ya se introdujeron cambios en las bases para “limitar el número de proyectos y sus cuantías” para favorecer que los fondos se repartiesen entre más entidades “no ha sido suficiente”, ya que las grandes entidades continúan recibiendo la mayor parte de las subvenciones. Por eso, de cara a la convocatoria del próximo año, la Consejería de Derechos Sociales se plantea “limitar todavía más los proyectos que puede presentar cada entidad”, así como buscar otras vías de financiación para servicios esenciales que prestan las grandes ONG en el Archipiélago, para que las pequeñas y medianas entidades no tengan que competir con ellas para captar estos fondos.

El reparto de los fondos obtenidos a través del IRPF, la conocida como X Solidaria, ha estado cuestionado desde que en 2017 una sentencia del Tribunal Constitucional trasladó la competencia de distribuir estos fondos a las comunidades autónomas. Si en la convocatoria de 2018, 134 entidades canarias se quedaron sin fondos para sus proyectos, la de 2019, a pesar de que contó con más dinero, agotó sus recursos y dejó fuera a iniciativas de organizaciones afincadas en las Islas que sumaban 12,3 millones.

Una situación que, según denuncian desde la Coordinadora de Acción Social de Canarias, evidencia el “injusto” sistema de reparto actual, que deja a muchas pequeñas entidades del Archipiélago sin la financiación necesaria para seguir desarrollando sus proyectos a través de los que atienden a colectivos de población muy vulnerable de Canarias.

Una crítica que se recrudece después de que se haya conocido que las subvenciones del año 2020, algo más de 9,3 millones de euros, se asignarán de manera directa a las entidades que ya las recibieron el año pasado, dejando de nuevo sin fondos a muchas ONG del Archipiélago.

Medida extraordinaria

Bermúdez apunta que se trata de una especie de “prórroga” y que aunque no se trata de “la mejor solución”, afirma que es la “única alternativa” que existe para que los fondos llegasen a tiempo a las organizaciones, ya que asegura que la falta de personal y la dificultad de esta amplia convocatoria retrasaría demasiado su resolución. “Se hará así de manera extraordinaria, pero en 2021 volverán a ser de concurrencia competitiva”.

Para paliar la situación de las ONG canarias que vuelven a quedarse sin financiación procedente del reparto del IRPF este año, el Gobierno de Canarias propone adelantar la convocatoria de subvenciones de la propia Consejería regional “para que aquellas entidades que no tienen financiación vía IRPF obtengan fondos a través de ella”. Además, la intención es que tenga un carácter bianual “por lo que las organizaciones obtendrán financiación para dos años y se dará estabilidad a los servicios que prestan”.

Un procedimiento que Bermúdez asegura dará tiempo a la Consejería para armar la convocatoria del reparto de IRPF de 2021 en tiempo y forma y mantiene que se reforzará el personal para tramitarla gracias a un acuerdo con una empresa pública.

Lo cierto es que el equipo de la Consejería regional, que tomó el mando del área en 2019, ha dejado pasar un año y medio sin apenas modificar un sistema de reparto de unos fondos que se cuestionaba desde 2018. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ya señaló en julio de 2019 la necesidad de replantearse el procedimiento e indicó que abrir las ayudas a entidades más pequeñas, como había hecho su antecesora Cristina Valido, había hecho que las grandes entidades perdieran ayudas para proyectos importantes. Por eso, aunque valoró que “hay que dar la oportunidad a instituciones más pequeñas, es algo que debemos de replantear para próximas convocatorias” y abogó por “sentarnos con el sector para escucharles y buscar una fórmula que contente a todos”.

Proyectos sociales sin fondos para sobrevivir

La Coordinadora de Acción Social de Canarias, que representa a una treintena de entidades del Archipiélago, demandó ayer un cambio en las bases de la convocatoria para el reparto de los fondos obtenidos a través del 0,7% del

. Verónica Polegre recalcó que la desigualdad en el reparto de estos fondos “es claramente visible” y pone como ejemplo la distribución de la convocatoria de 2019, cuando a pesar de tener más fondos que la anterior, volvió a repetirse el mismo patrón. “El 65% de la financiación quedó en manos de cinco o seis grandes entidades”, explicó.

Un sistema que deja sin fondos a muchos proyectos de pequeñas y medianas ONG canarias y que incluso se han visto obligadas a paralizar la prestación de algunos servicios por no poder hacer frente a los pagos. Para Elena Felipe el reparto del dinero procedente del IRPF “funcionaban mejor antes” y lamentó que las entidades canarias “teníamos más posibilidades cuando era de carácter nacional que ahora que es autonómico”. Asimismo, señaló la gravedad que tiene que estas entidades dejen de prestar estos servicios, ya que aseguró que atienden a población especialmente vulnerable de todas las islas.