Ussama Ahudik, de 23 años, se quemó el miércoles a lo bonzo en Dajla, en la costa del Sáhara Occidental, en protesta por haber sido estafado por una organización mafiosa. Pagó alrededor de 2.000 euros –una fortuna en Marruecos, más ahora– , pero la patera que debía traerlo hasta Canarias no partió.

Según explicaron fuentes de la seguridad marroquí a Efe, el joven se inmoló enfrente de una comisaría policial en la ciudad, y aunque no murió, se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital local con quemaduras de tercer grado.

Originario de Ait Baha, muy cerca de la turística Agadir, su idea era acceder en Dajla a una de las frágiles embarcaciones que en los últimos meses salen a decenas de sus playas para alcanzar Europa. Desde allí parten marroquíes, saharuis y quienes procedentes de Mauritania buscan una salida para salvar la pesadilla en la que la pandemia, la mayoría de las veces, o las guerras, ha convertido la supervivencia en África. Y la ruta canaria es el camino más directo, aunque no el más seguro.

Junto a Ahudik otros 24 jóvenes, relata El País, fueron engañados por la organización a la que entregaron esa pequeña fortuna.

El director de Migraciones del ministerio del Interior, Jaled Zeruali, señaló ayer al respecto del suceso que las fuerzas del orden marroquíes han abortado en lo que lleva de año la salida de 32.000 personas desde sus costas, mayoritariamente hacia Canarias (frente a los 74.000 intentos el pasado año).

Aun así, el número de llegadas de migrantes irregulares a Canarias supera desde enero las 21.000 personas –un 900% más que en 2019–. Más de la mitad son de nacionalidad marroquí.

De hecho, la incapacidad de gestionar el aumento de la presión migratoria en las Islas y a impotencia que representaba el cierre de fronteras a causa de la pandemia del Covid, ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a pisar el acelerador en las relaciones diplomáticas con el país vecino. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Rabat el 19 de noviembre y justo ayer iba a hacerlo Sánchez para un encuentro con el rey Mohamed VI que finalmente se suspendió.

Los primeros indicios de que Rabat ha escuchado a Madrid, o que Madrid ha aceptado las condiciones de Rabat, se sustenta en operaciones como la desarticulación ayer de un grupo de traficantes de personas que operaba entre Marruecos y Lanzarote, en el incremento de la vigilancia en las áreas pesqueras de la antigua Villa Cisneros y en la destitución fulminante la pasada semana de varios funcionarios de la dirección general de Migración y Vigilancia de Fronteras, de los que el Ministerio del Interior marroquí sospechaba que hacían la vista gorda en la salida de pateras o estaban compinchados con las mafias.

Curiosamente, la inmolación de Ussama Ahudik coincide con el décimo aniversario ayer de otro suicidio: el del joven tunecino Mohamed Bouazizi que en protesta porque la policía le había confiscado un carro con fruta se inmoló y dio origen a la llamada primavera árabe.

Colaboración

La emigración se ha convertido en la salida de la juventud africana tras meses en los que la pandemia ha reducido cualquier tipo ingresos. Las previsiones apuntan que el PIB de los países del noroeste del continente caera esta año de forma abultada tras años de crecimiento. A Canarias no llegan solo marroquíes, también senegaleses, mauritanos, gambianos o malienses. España quiere restablecer la política de deportaciones como llamada de atención a las mafias. Lo ha hecho, además de con Rabat –las dos últimas semanas ya han salido vuelos con una veintena de pasajeros cada uno– con Mauritania –a donde se puede expulsar a sus oriundos y a quienes hayan pasado por ese país en las rutas migratorias–, Senegal y ayer la número dos del Ministerio de Exteriores hacía lo propio con Gambia.

La secretaria de Estado Cristina Gallach anunció tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Mamadou Tangara, que el Gobierno español pondrá a disposición de ese país un fondo de 400.000 euros para material de lucha contra la emigración irregular, como vehículos para la vigilancia de las costas.

Actualmente Gambia no es uno de los principales países emisores de migrantes –un centenar ha llegado este año a España– , pero su gobierno quiere trabajar en la prevención de este fenómeno al tratarse de una nación de larga tradición emigrante. Alrededor de un 15 % de su PIB lo componen las remesas de dinero que envían sus nacionales desde otros países.

En materia de seguridad, España también colaborará con Gambia con policías nacionales, que formarán con los agentes gambianos equipos conjuntos de investigación, unas unidades que se pondrán en marcha en marzo con fondos europeos y la colaboración también de Alemania.