La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley exigió al Parlamento de Canarias voluntad política para resolver un problema que afecta a 26.000 interinos de la administración pública regional, que pese a llevar incluso dos décadas trabajando para el Gobierno de Canarias todavía no han consolidado su puesto de trabajo y continúan siendo temporales. El portavoz del colectivo, Miguel Quintero, compareció ayer en la Cámara canaria para reclamar a los diputados que se apruebe una “norma excepcional” que permita acabar con esta situación “en esta misma Cámara, en este mismo momento”, sin tener que esperar a una solución legislativa estatal, tal y como pretende el Ejecutivo regional.

Quintero aseguró que existen informes jurídicos realizados por expertos en derecho constitucional y administrativo que “avalan la competencia del Gobierno de Canarias para dictar normas excepcionales con el actual ordenamiento jurídico” y afeó a los grupos que estas alternativas “no se hayan estudiado en profundidad”, ya que si se tienen en cuenta “la solución puede ser bastante más sencilla”.

Los empleados públicos en situación de interinidad rechazan que las plazas que han ocupado, en ocasiones durante veinte años, se integrasen en la Oferta Pública de Empleo (OPE) que el Gobierno canario había anunciado que sacaría antes de final de año para dar fijeza a unos 1.500 trabajadores. El Ejecutivo de Torres informó la pasada semana de que suspendía esta convocatoria de oposiciones, ante el rechazo que suscitó entre los sindicatos con mayor presencia en la mesa, y manifestó que esperará a lo que se decida en la Ley de Presupuestos del Estado de 2021 y los posibles cambios que puedan realizarse en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que pueden afectar a los procesos selectivos.

Quintero rechazó que cualquier solución deba pasar por un cambio legislativo estatal y manifestó que la decisión que se tome debe ser “justa” y tiene que alinearse con la directriz europea, ya que según la opinión de esta plataforma, el Gobierno está incumpliendo con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el pasado mes de marzo, que invalida las OPE como sistema a través del que dar estabilidad al personal interino. Esta misma sentencia, según expresó Quintero, propone además “indemnizaciones” para los afectados por este “abuso de temporalidad”, además de sanciones para las administraciones públicas que hayan persistido en este mecanismo, algo que puede suponer un desembolso económico de más de 50 millones de euros para la Institución autonómica.

El colectivo apunta que las OPE de libre concurrencia los expone a un despido libre y gratuito

De esta manera, Quintero abogó porque cualquier solución que se aborde debe pasar por reconocer “la supremacía del derecho comunitario”, que establece la obligación de las administraciones de “reparar” el daño a los perjudicados. En este sentido, añadió que las ofertas públicas de empleo de libre concurrencia, como las que quiso poner en marcha el Gobierno de Canarias, “no garantizan la reparación del abuso sobre la víctima, sino que se arriesga a su despido libre y gratuito”. Por eso, “pedimos públicamente la paralización de todos los procesos selectivos que se están desarrollando que no respetan esta doctrina”.

Quintero consideró que los índices de temporalidad de la plantilla de la administración pública en Canarias son “inasumibles para una administración garantista y eficiente”. Señaló que en el caso de la administración autonómica, la media de interinidad de los trabajadores es del 46%, lo que se traduce en que “casi uno de cada dos empleados no tiene su plaza consolidada”, pero destacó que la situación en los ayuntamientos es mucho peor, ya que en algunos municipios hasta el 90% de su personal está en situación de interinidad.

La antigüedad media de los 26.000 trabajadores temporales de la administración regional es de 20 años y su edad ronda los 50. El 60% de ellos son mujeres, de las que la mayoría son sustentadoras únicas de su unidad familiar. Unas cifras que para Quintero demuestran que este no es un problema solo legislativo sino también económico y social, al afectar a miles de familias.

Aunque recordó que la sentencia del TJUE no determina cómo deben ser compensados los afectados, existen dos opciones: el reconocimiento de la fijeza en un proceso excepcional “a coste cero” o una “indemnización disuasoria que requeriría un gasto público absurdo”.

Quintero insistió en que es necesario que la solución que se acuerde cumpla con esta directiva, ya que de lo contrario, avisó de que se judicializarán muchos procesos que acabarán en Europa “que ya nos ha dado la razón con anterioridad”.

Por eso, reiteró que las ofertas públicas para consolidar el empleo “no pueden ser de libre concurrencia sino restringidas”, porque las primersa “no resuelven el abuso de temporalidad ni compensan a las víctimas”. De hecho, sostuvo que todos los que desempeñan funciones en la administración han pasado procesos selectivos o han sido validados por la administración empleadora, por lo que cualquier oferta de empleo público abierta y no restringida “nos sitúa en una posición de desigualdad”, y por lo tanto, bajo su punto de vista, no cumplen con el requisito de igualdad que deben primar para acceder a cualquier puesto en la administración.

Quintero recalcó que la precariedad a la que se enfrenta este colectivo es responsabilidad de la administración y que, por lo tanto, su solución también debe ser abordada desde las instituciones, ya que la elevada interinidad es “un mal endémico” no solo de Canarias sino de todo el país.

Los diputados de los grupos parlamentarios que participaron en la comparecencia, propuesta por el grupo nacionalista, semostraron de acuerdo en que la elevada temporalidad en la administración es inaceptable y han expresado su voluntad política de tratar de hallar soluciones, pero también han coincidido en que la solución jurídica es compleja y que pasa por cambios en la legislación estatal.